El crecimiento de nuestras ciudades ha sido mucho más rápido que la capacidad de muchos ayuntamientos para supervisarlo.
Construcciones que avanzan sin respetar retiros, edificaciones que cambian su uso original, ampliaciones improvisadas, ocupaciones de espacios públicos, modificaciones de fachadas, proyectos que generan impactos importantes en sectores residenciales y obras cuya permisología muchas veces resulta poco conocida por quienes viven alrededor. Todo eso termina produciendo conflictos. Y cuando los conflictos aparecen, casi siempre surge la misma pregunta: ¿quién permitió esto?
Por eso considero que uno de los grandes desafíos de los gobiernos locales dominicanos es fortalecer seriamente sus áreas de fiscalización y control urbano. Ya no basta con recibir planos, emitir permisos y realizar alguna inspección ocasional.
La ciudad moderna necesita sistemas de seguimiento permanentes, tecnológicos, transparentes y capaces de detectar irregularidades antes de que se conviertan en problemas prácticamente irreversibles.
Los ayuntamientos deben sistematizar sus procesos de inspección, crear expedientes digitales, georreferenciar obras, establecer alertas sobre permisos otorgados, controlar fechas, usos autorizados, modificaciones posteriores y verificar que aquello que fue aprobado sea realmente lo que termina construyéndose. Fiscalizar tampoco puede significar únicamente sancionar. Una buena fiscalización previene, orienta, corrige y genera confianza. También debemos ampliar el carácter público de las decisiones urbanísticas.
Cuando una construcción, cambio de uso o proyecto puede afectar significativamente a una comunidad, los ciudadanos deberían tener mayor facilidad para conocer qué se pretende hacer, cuáles permisos han sido solicitados, qué características tendrá la obra y cuáles impactos han sido evaluados.
No significa que cada vecino pueda decidir arbitrariamente qué puede construirse en una propiedad privada.Significa reconocer que el desarrollo urbano produce consecuencias colectivas.
Una torre altera movilidad, estacionamientos, densidad y servicios. Un negocio cambia la dinámica de una calle residencial. Una construcción puede afectar iluminación, ventilación, paisaje urbano o tranquilidad de quienes ya viven en el entorno. Por eso la información debe ser más pública y accesible.
Los ayuntamientos podrían disponer de plataformas digitales donde cualquier ciudadano pueda consultar permisos relevantes, proyectos en evaluación, decisiones adoptadas y criterios técnicos utilizados.
En determinadas intervenciones de alto impacto, incluso deberían establecerse mecanismos de consulta u observación ciudadana antes de adoptar decisiones definitivas. Escuchar a la comunidad no debilita la autoridad municipal. La fortalece.
Permite conocer información que muchas veces no aparece en un expediente técnico y ayuda a que las decisiones sean más justas, lógicas, legales y equilibradas. Necesitamos pasar de una fiscalización reactiva a una fiscalización inteligente. Eso implica mejores inspectores, formación continua, tecnología, procedimientos claros, trazabilidad de decisiones y mecanismos reales de transparencia.
Las ciudades están creciendo demasiado rápido como para administrarlas con controles del pasado. El orden urbano no se consigue solamente aprobando normas. Se consigue vigilando su cumplimiento, haciendo públicas las decisiones y permitiendo que la ciudadanía conozca, observe y participe responsablemente en aquello que transforma su entorno. Fortalecer la fiscalización municipal no es crear más burocracia.
Es defender la ciudad antes de que el desorden termine convirtiéndose en su forma permanente de crecimiento.
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