La democracia interna de los partidos políticos no se fortalece con aplausos, sino con votos. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la aclamación puede convertirse en el mal menor cuando la alternativa es abrir las puertas a una guerra interna capaz de dejar profundas heridas.
Eso es exactamente lo que ocurrió el pasado domingo en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde la renovación de su principal dirección fue decidida por aclamación y no mediante el voto de delegados ni por una consulta amplia a la militancia. No es el método más democrático, pero probablemente sea el mecanismo que sus principales líderes consideran menos riesgoso.
La historia política dominicana demuestra que los partidos, especialmente cuando llegan al poder, desarrollan una peligrosa tendencia a evitar las competencias internas para escoger sus autoridades. Pareciera haberse convertido en una doctrina no escrita: quien gobierna el país procura impedir que las disputas por el control partidario terminen afectando la estabilidad del Gobierno.
El PRM no escapa a esa realidad. Su propia historia, heredera de múltiples fracturas del viejo perredeísmo, lleva una huella genética marcada por las divisiones. Es un partido que conoce bien las consecuencias de las confrontaciones internas y sabe que, cuando estas se desbordan, aparecen esas “células cancerosas” que terminan conduciendo a la autodestrucción de las organizaciones políticas.
El presidente Luis Abinader, principal figura del oficialismo y líder de una de las corrientes mayoritarias, asumió la presidencia del partido cuando se acerca el final de su segundo mandato constitucional. Al mismo tiempo, la otra gran corriente, encabezada por el expresidente Hipólito Mejía, conserva el control de la poderosa Secretaría General, manteniendo un equilibrio político entre las dos principales fuerzas internas.
No es casualidad. El propio Hipólito Mejía ya había enviado señales cuando promovió la idea de que su nieto sustituyera a su hija Carolina Mejía en la dirección partidaria, mientras esta concentra sus esfuerzos en una eventual candidatura presidencial para 2028. Esa propuesta reveló que la negociación ya caminaba sobre rieles y que el consenso terminaría imponiéndose sobre la competencia.
Pero una pregunta sigue en el aire: ¿hasta qué punto una dirección escogida por consenso posee la legitimidad que otorga el voto? La respuesta resulta incómoda. La legitimidad más sólida siempre proviene de las urnas. Cuando la militancia participa, los dirigentes reciben un mandato político claro y la organización fortalece su cultura democrática. Cuando la decisión descansa exclusivamente en acuerdos entre las élites, la estabilidad puede ganarse, pero la democracia interna pierde vigor.
No se trata de desconocer las ventajas coyunturales de la aclamación. En un partido que administra el Estado, evitar una confrontación abierta puede impedir fracturas innecesarias y preservar la gobernabilidad. Pero también es cierto que posponer indefinidamente la competencia democrática termina debilitando las instituciones partidarias.
La aclamación puede apagar un incendio, pero no elimina las causas que lo provocan. Es una solución temporal, nunca definitiva. Si el PRM aspira a consolidarse como un partido moderno y democrático, tarde o temprano deberá confiar en sus propios militantes para decidir quiénes lo dirigen.
Porque los consensos preservan la paz; los votos construyen legitimidad. Y cuando los partidos renuncian a la democracia interna, el olor que queda en el ambiente no es precisamente el de la renovación.
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