El accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington debe investigarse hasta determinar exactamente qué pasó, quién tuvo responsabilidad y cuáles fueron las circunstancias que terminaron convirtiendo una de las principales vías de Santo Domingo en escenario de una tragedia. Pero mientras llegan esas respuestas hay una pregunta que la ciudad tiene derecho a formular desde ahora: ¿Qué hacía un vehículo pesado circulando por el Malecón?
No se trata de adelantar conclusiones sobre el accidente ni de atribuir responsabilidades que todavía deben establecer las autoridades. Se trata de algo mucho más elemental; y es recordar que el tránsito de vehículos pesados por esta vía ha sido objeto de restricciones durante años y que, en enero de 2025, el INTRANT y la Alcaldía del Distrito Nacional anunciaron nuevamente la prohibición de circulación de vehículos de carga de dos ejes o más desde el Puerto de Santo Domingo hasta el distribuidor de la avenida Luperón.
La razón expresada entonces por las propias autoridades fue particularmente clara; fue para evitar accidentes y proteger vidas. Por eso lo sucedido obliga a mirar más allá del accidente.
Hay que determinar si el vehículo involucrado tenía autorización para circular por esa vía, cuál era su ruta, qué tipo de carga transportaba, bajo qué condiciones se desplazaba y cuáles mecanismos de fiscalización estaban funcionando en ese momento. Porque las prohibiciones que existen únicamente en resoluciones, comunicados de prensa y letreros colocados en las calles sirven de muy poco.
No podemos acostumbrarnos a reaccionar después de cada tragedia con operativos extraordinarios, declaraciones públicas y nuevas advertencias para luego, cuando disminuye la atención mediática, regresar lentamente al mismo desorden.
En 2022 ya se denunciaba públicamente que camioneros y conductores de patanas incumplían las restricciones existentes para circular por la George Washington. En agosto de 2024 nuevamente se reportó la presencia frecuente de vehículos pesados en el Malecón pese a las disposiciones vigentes. Se anunció entonces una ruta alternativa para los vehículos dirigidos hacia el Puerto de Santo Domingo y posteriormente agentes de la DIGESETT fueron colocados en distintos puntos para impedir el acceso de camiones no autorizados.
Entonces debemos preguntarnos qué ocurrió después. Somos relativamente buenos produciendo normas y extraordinariamente inconsistentes haciéndolas permanentes.
Ordenamos cuando ocurre una crisis. Fiscalizamos cuando existe presión. Sancionamos durante algunas semanas. Después disminuye el control y progresivamente reaparece aquello que supuestamente habíamos corregido. Así no se administra una ciudad.
El Malecón tampoco es una carretera industrial. Es uno de los espacios urbanos, turísticos y recreativos más importantes de Santo Domingo. Por allí circulan diariamente vehículos familiares, motocicletas, turistas, deportistas y ciudadanos que utilizan sus espacios públicos.
Compatibilizar esa realidad con determinadas operaciones de carga requiere regulación, rutas alternativas, horarios, permisos excepcionales cuando correspondan y, fundamentalmente, fiscalización.
Lo ocurrido debe servir para algo más que contar víctimas, retirar vehículos y restablecer el tránsito. Pero también necesitamos saber qué estaba haciendo allí ese vehículo, si podía estar allí y quién tenía la responsabilidad de verificarlo.
Porque cuando una norma fue creada precisamente para evitar una tragedia y la tragedia finalmente ocurre, investigar el accidente constituye apenas una parte del problema. La otra, quizás mucho más importante para la ciudad, es determinar si falló también la autoridad.
Y esa respuesta Santo Domingo la merece.
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