El voto penitenciario será realidad en las próximas elecciones de 2016. La forma y las condiciones serán evaluadas por la Procuraduría General de la República y la Junta Central Electoral (JCE), junto a una consulta a los partidos políticos del sistema.
Ya las autoridades han depurado a poco más de 12,000 reclusos, casi el 50% de la población carcelaria, un proceso en el que se les identifica alrededor de su nombre, familiares ascendentes y descendientes, huellas digitales y datos faciales.
La disposición garantiza el derecho al sufragio a los reclusos que no tienen una sentencia definitiva. La depuración concluyó en La Victoria, el centro penitenciario con más reclusos y hacinamiento, y por igual en otras 17 de las 36 cárceles del país.
“El voto penitenciario no es tema de consulta, es tema de garantía del ejercicio de derecho. Lo que se consultará es la forma de implementación”, explicó Roberto Rosario, presidente de la JCE.
Roberto Rosario, presidente de la JCE, y Francisco Domínguez Brito, firmaron el acuerdo que garantiza el derecho al sufragio de los internos. Los primeros puntos del acuerdo son iguales de trascendentes, y son los que permiten el voto penitenciario a quienes no tienen una sentencia definitiva.
Las instituciones cruzarán sus bases de datos: la Procuraduría podrá identificar por equipos y tecnologías de la JCE a cualquier persona que se le acuse de algún delito, con lo que eliminará la práctica tradicional de los acusados a negarse, o mentir, sobre sus generales. 85 equipos de lectura biométrica serán prestados al ministerio público para tales fines: 50 para el Nuevo Modelo Penitenciario y otros 35 para las Procuradurías Fiscales.
El acuerdo se completa con el acceso de la JCE a todas las sentencias definitivas del Poder Judicial y así podrá proceder ante la conculcación de derechos civiles y políticos de un ciudadano.
“Por primera vez se podrá individualizar de forma correcta a un implicado. Hay una tradición en el sistema de que el imputado normalmente dice que no tiene cédula, cambia de nombre.
Puedes tener a una persona condenada por asesinato que esté en libertad por alguna fianza, o prófugo, y esa persona es apresada en el algún punto y dice que se llama de otra manera”, explicó el Procurador.
Rosario valoró el acuerdo porque, a partir de la firma, la JCE podrá emitir documentos de identidad sin calidad para el sufragio en las siguientes elecciones nacionales, e incluso impedir que personas puedan casarse por tener conculcados sus derechos civiles y políticos.
El voto penitenciario no se implementó en el proceso electoral pasado ante la imposibilidad de identificar a los presos en función de las sentencias del Poder Judicial y por la negativa de los partidos, según indicó ayer Rosario, quien precisó que las discusiones incluirían los lugares donde se pueden hacer las votaciones.
Comentarios