El debate sobre la salud democrática de la Nación suele tropezar siempre con la misma piedra, es decir, la proliferación desmedida de organizaciones políticas. El sistema electoral, dominado históricamente por dos grandes fuerzas y un tercer polo con aspiraciones de terciar en el poder —un escenario de mayoría sin segunda vuelta desde aquel lejano 30 de junio de 1996—, contrasta de forma abrumadora con una constelación de partidos minoritarios y emergentes que languidecen en la irrelevancia numérica, pero persisten como estructuras de alta rentabilidad negociadora.
Las cifras recientes de plataformas de análisis como Electa ponen blanco sobre negro una realidad inocultable. Con agrupaciones que marcan porcentajes tan marginales como el 1.2% del PRD —que encabeza este renglón—, o el 0.7% del Partido Esperanza Democrática, hasta descender al 0.2% de la Fuerza Nacional Progresista, surge una pregunta ineludible: ¿necesita el país un sistema de partidos con tantas organizaciones?
La respuesta lógica y cívica apunta a un rotundo no. Lejos de enriquecer el debate ideológico o representar genuinas corrientes de pensamiento ciudadano, gran parte de estas siglas operan bajo una lógica de supervivencia pragmática. Su razón de ser en cada ciclo electoral se reduce a cerrar filas con el candidato con mayores probabilidades de triunfo o a gestionar cuotas de poder y recursos públicos. Es un mercado de alianzas donde el propósito programático cede el paso al cálculo táctico, como bien evidencian los movimientos del PRD de cara al 2028 o los intentos fallidos de otras organizaciones por absorber fenómenos mediáticos y de arrastre popular ajenos a la política tradicional.
Este fraccionamiento artificial no solo distorsiona la oferta electoral, sino que impone una carga innecesaria al erario y diluye la rendición de cuentas. Cuando estructuras que apenas rozan el margen de error estadístico logran conservar indefinidamente su personería jurídica mediante acuerdos de aposento, el sistema se convierte en un refugio de intereses particulares en lugar de un canalizador de la voluntad popular.
Es momento de que la clase política y la sociedad abran una discusión madura sobre los umbrales de subsistencia partidaria, el financiamiento público y las exigencias reales para mantener el reconocimiento legal. Una democracia sólida no se mide por la cantidad de boletas impresas ni por la saturación de sellos gomígrafos en la boleta electoral, sino por la solidez, coherencia y representatividad de sus opciones de poder. Reducir la dispersión no es debilitar la democracia; es limpiarla de artificios para devolverle la dignidad al ejercicio de la política.
