Parte de las familias afectadas por la caída de la columna de metro que aplastó a siete viviendas en Gualey, acompañadas por dirigentes comunitarios,el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y Ciudad Alternativa hicieron una vigilia en la estación de metro Eduardo Brito para denunciar la gestión inhumana que viene llevando la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
“Históricamente, todas las intervenciones de la OPRET han estado marcadas por la falta de planificación y de coordinación con las organizaciones comunitarias de comunidades afectadas. Este modo de operar abre las puertas al pillaje. La falta de protocolos técnicos a la hora de intervenir, como un censo hecho a tiempo o el cierre de la zona ha permitido que de ayer a hoy se hayan construido 8 viviendas ilegales por parte de oportunistas que ven en la desgracia una oportunidad de ganar dinero con posibles desalojos. Y esto es en último término responsabilidad de la OPRET,” señaló Patricia Gómez de Ciudad Alternativa.
Mientras la OPRET plantea que maneja un presupuesto demasiado bajo para responder a las necesidades de las comunidades afectadas, el Observatorio de Derecho a la Ciudad recordó que, según datos oficiales, en 2013, mientras que La OPRET tenía disponibles más de 1,500 millones de pesos tan solo habían 1,250 millones destinados a proyectos habitacionales en todo el país disponibles para el Instituto Nacional de la Vivienda.
De su lado, Antonio Fermín Páez, Coordinador de COPADEBA condenó que la negligencia histórica de la OPRET ayer puso en peligro la vida de más de los 100 hogares ubicados debajo del puente Rosario Sánchez, que de no ser reubicados seguirán expuestos a otros peligros como este, además de enfermedades provocados la contaminación ambiental producida en la construcción del metro.
“Es inaudito que deba esperarse a que una posible catástrofe como esta suceda para atender el clamor de los residentes de la cuenca baja del rio Ozama de ser reubicados ya que no saben si amanecerán con vida, pues en cualquier momento les puede caer encima, parte del deteriorado puente Francisco del Rosario Sánchez o de la 2da línea del metro de Santo Domingo,” afirmó el dirigente comunitario.
Patricia Gómez de Ciudad Alternativa consideró imprescindible que tal reubicación sea fruto de una concertación de entidades públicas, organizaciones sociales, y las comunidades afectadas, de forma que estas familias sean reubicados a viviendas adecuadas, con acceso a servicios básicos necesarios para sobrevivir como la energía eléctrica y el agua potable, y a próximo a centros de educación y lugares de trabajo, entre otras cosas.
Gómez destacó además que esta iniciativa debe ser parte del desarrollo de políticas públicas para una intervención integral, y sostenible en la zona. Hizo una llamada a que OPRET siguiera el modelo de gestión planteada por la recién formada Concertación para el desarrollo sostenible de las Cuencas Ozama e Isabela, que tiene como primordial la inclusión de las comunidades y el respeto a la vida digna.
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