En una ciudad donde la pobreza y el desempleo siguen siendo realidades cotidianas, donde las oportunidades de crecimiento económico son limitadas y donde la gestión local deja mucho que desear en términos de calidad y eficiencia, el alcalde de San Pedro de Macorís ha decidido hacer gala de su autoridad cerrando negocios por la falta de pago de un arbitrio municipal sobre letreros. En un país donde la informalidad domina gran parte del comercio y donde los pequeños empresarios luchan por mantenerse a flote, la medida además de desproporcionada, demuestra una total falta de sensibilidad ante la realidad económica de la ciudad.
No se trata de negar la obligación que tienen los comerciantes de pagar los arbitrios municipales, pero hay que poner en contexto la situación. San Pedro de Macorís no es una ciudad que goce de una economía robusta. Al contrario, enfrenta problemas estructurales que van desde el desempleo hasta una carencia crónica de oportunidades para emprendedores y trabajadores. En un escenario así, en lugar de fomentar medidas de apoyo que permitan la formalización progresiva de los negocios y la generación de empleo, la respuesta de la alcaldía es sancionar y clausurar. Esta visión punitiva de la administración local no sólo desalienta la inversión y la generación de empleo, sino que también debilita aún más el tejido económico de la ciudad.
El problema no es la legalidad de la medida, sino su pertinencia y la manera en que se está aplicando. Un arbitrio sobre letreros difícilmente puede ser considerado una obligación prioritaria en un contexto donde los negocios tienen dificultades incluso para pagar la electricidad, el alquiler o los sueldos de sus empleados. Cerrar establecimientos por un concepto que, en la gran escala del desarrollo municipal, representa una ínfima parte de los ingresos locales, demuestra una desconexión alarmante de las autoridades con la realidad de la gente. No es la gran empresa la que está sufriendo estas sanciones, sino los pequeños negocios que con esfuerzo sostienen a familias enteras.
Más preocupante aún es que esta política de cierres se esté aplicando en un contexto donde el ayuntamiento no está cumpliendo de manera eficiente con sus propias responsabilidades. Si el cobro de arbitrios es un tema de orden y legalidad, también lo son la limpieza de la ciudad, el mantenimiento de sus calles, la seguridad en los mercados y el ordenamiento urbano en general. Pero en estos aspectos la alcaldía parece ser mucho más laxa. Los ciudadanos enfrentan a diario la ineficiencia municipal en la recogida de basura, el deterioro de las infraestructuras y la falta de un plan de desarrollo que realmente incentive el comercio y la inversión.
Además, la falta de coherencia en la aplicación de las normas municipales es otro factor preocupante. Mientras se actúa con dureza contra comerciantes pequeños por el impago de un arbitrio menor, otros sectores operan sin mayores consecuencias a pesar de incumplir regulaciones mucho más serias. La ciudadanía no es ciega y percibe cuando las medidas de una administración son selectivas y responden más a intereses particulares que al bienestar común. No se puede hablar de justicia cuando se castiga a quienes menos tienen y se permite a otros operar con total impunidad.
Un gobierno municipal eficiente no debería ver a los comerciantes como enemigos, sino como aliados en el desarrollo de la ciudad. La política municipal debe estar orientada a facilitar el crecimiento económico y no a obstaculizarlo con medidas draconianas que sólo empujan a más negocios hacia la informalidad o, peor aún, al cierre definitivo. San Pedro de Macorís necesita una administración que entienda las dificultades que enfrentan sus ciudadanos y que diseñe estrategias para incentivar el pago de arbitrios sin recurrir al cierre masivo de negocios. Hay mecanismos mucho más efectivos para garantizar la recaudación sin afectar el sustento de cientos de familias.
Es hora de que la alcaldía reevalúe su enfoque y entienda que gobernar no es sólo aplicar la ley de manera rígida, sino hacerlo con criterio, sensibilidad y visión de futuro. La gente no necesita un gobierno que les imponga más trabas, sino uno que les ayude a crecer. Si la administración local realmente quiere mejorar la recaudación, debería comenzar por mejorar la calidad de los servicios que ofrece y demostrar a los ciudadanos que sus impuestos se traducen en bienestar real. Únicamente así podrá construir una relación de confianza con los contribuyentes y evitar medidas que, lejos de resolver problemas, simplemente agravan la crisis económica local. Porque cerrar negocios en una ciudad con tantas necesidades no es una muestra de autoridad, sino de desconexión con la realidad y falta de liderazgo.
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