Durante décadas convivimos con el plástico como si fuera parte natural del paisaje. Fundas en cada compra, sorbetes en cada bebida, cubiertos desechables que se usan por minutos y permanecen siglos, y foam que termina, casi siempre, en el mismo destino, en las calles, cañadas, ríos y mares. Lo normalizamos. Y precisamente ahí estuvo el mayor error.
Hoy, con la aplicación de las prohibiciones progresivas a las fundas plásticas, pajillas, sorbetes, cubiertos y poliestireno expandido (foam), el país cruza una línea clara. No es un gesto simbólico ni una concesión ambiental para la galería. Es una decisión estructural que impacta directamente la salud pública, el orden urbano y la sostenibilidad de nuestras ciudades.
Conviene decirlo sin rodeos; este proceso no es improvisado ni abrupto. Ha sido anunciado, discutido y calendarizado. Los plazos existieron. Las advertencias fueron públicas. La transición fue pensada para permitir adaptación. Por tanto, insistir hoy en prórrogas, excepciones generalizadas o negociaciones tardías no es razonable; es una forma de resistencia al cambio que ya no se sostiene.
La eliminación de las fundas plásticas gratuitas, por ejemplo, no busca castigar al consumidor ni afectar al pequeño comercio. Busca modificar hábitos profundamente arraigados. Llevar una funda reutilizable no es una carga, es una señal de madurez ciudadana. Sustituir sorbetes y cubiertos plásticos por opciones sostenibles no es una amenaza al negocio, es una inversión en coherencia ambiental y reputación social. Sacar el foam del circuito comercial no es un capricho regulatorio, es una urgencia sanitaria y ambiental largamente postergada.
Aquí es donde entra el rol del ciudadano. Porque ninguna ley funciona si la sociedad no la asume. Esto no va solo de fiscalización; va de conciencia colectiva. Seguir exigiendo plásticos de un solo uso «porque siempre fue así» no es ejercer un derecho, es perpetuar un daño que ya conocemos y sufrimos. El cambio no empieza en el ministerio ni en el ayuntamiento, empieza en la decisión cotidiana de cada persona.
Y es importante entenderlo en su justa dimensión. Este es un punto de no retorno. Así como aprendimos que no se puede quemar basura a cielo abierto, que los ríos no son vertederos, que las cañadas no pueden seguir siendo cloacas y que los vertederos improvisados enferman comunidades enteras, debemos aceptar que el plástico de un solo uso tiene fecha de caducidad. No porque lo diga una ley, sino porque lo exige la realidad.
Los gobiernos locales tienen una enorme responsabilidad en este proceso, la educación ciudadana, recolección diferenciada, ordenamiento del espacio público y acompañamiento al comercio. Pero sin una ciudadanía corresponsable, el esfuerzo será incompleto. Separar residuos, reducir el consumo innecesario y aceptar que el modelo cambió es parte del nuevo contrato social con el territorio que habitamos.
Las ciudades limpias, ordenadas y sostenibles no se construyen solo con discursos ni con sanciones. Se construyen con decisiones firmes, asumidas colectivamente y sostenidas en el tiempo. Este paso es trascendente. No se negocia. No se posterga. Se asume. Y mientras antes lo entendamos, más rápido veremos los beneficios reflejados en nuestras calles, nuestros barrios y nuestra calidad de vida.
Porque cuidar el entorno ya no es una opción ideológica. Es una responsabilidad compartida.
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