Se cayó el edificio… ¿y el Estado?

La caída del edificio donde por años operó la icónica discoteca Jet Set ha sido un golpe a la memoria urbana de Santo Domingo, pero también una advertencia severa. Porque lo que se desplomó no fue solo una estructura, sino una parte del orden institucional que debería velar por la seguridad de nuestras ciudades. El problema no es únicamente técnico ni accidental. Es político, estructural y acumulado.

Durante las últimas décadas, los gobiernos locales —y con ellos los ayuntamientos— han sido despojados de muchas de sus competencias naturales por una dinámica centralista que ha confundido la función del Estado. A través de leyes sectoriales, decretos especiales, fideicomisos y normativas paralelas, se ha transferido a instancias nacionales la responsabilidad sobre temas que antes eran claramente municipales. Uno de esos temas, clave y delicado, es la revisión de infraestructuras.

¿Quién debía garantizar que el edificio del Jet Set no representaba un riesgo para sus ocupantes o para la comunidad? ¿Existía alguna inspección periódica, algún reporte, alguna exigencia de reforzamiento estructural? ¿A quién corresponde intervenir cuando una edificación muestra signos evidentes de desgaste? Estas preguntas no tienen una respuesta clara en el marco actual. Y ese es justamente el problema.

La revisión técnica de obras, la verificación de su estado, la vigilancia sobre usos indebidos, la adecuación a normas antisísmicas o de evacuación, todo eso está disperso entre instituciones: el Mived aprueba planos estructurales, los bomberos pueden emitir informes de riesgo, los ayuntamientos otorgan permisos de uso de suelo, el Ministerio de Cultura opina si es patrimonio, y la Defensa Civil reacciona cuando ya es tarde. Mientras tanto, nadie interviene de manera integral.

Los ayuntamientos, que por lógica territorial y legal deberían ser los responsables de verificar y supervisar la condición de todas las construcciones existentes en su demarcación, no tienen hoy ni la autoridad ni las herramientas para hacerlo. En algunos casos, incluso están inhibidos por normativas superiores que les niegan la capacidad de intervención en obras construidas o aprobadas por otras instituciones del gobierno central.

El resultado es un caos institucional donde todos opinan, pero nadie actúa a tiempo. Donde la vida útil de las edificaciones se agota silenciosamente, sin revisión técnica alguna. Donde las filtraciones, grietas, hundimientos y columnas fracturadas se convierten en parte del paisaje urbano, hasta que un día el concreto cede. Y cuando eso pasa, entonces nos lamentamos.

El caso del Jet Set debe movernos a reflexión, pero sobre todo a acción. Es necesario revisar las competencias municipales y devolverle a los ayuntamientos la capacidad efectiva de fiscalizar lo que ocurre en su territorio. No es un tema de poder político, es un asunto de seguridad pública.

Pero no basta con devolver funciones si no se entregan también los recursos y capacidades necesarias. Los ayuntamientos deben contar con departamentos de infraestructura sólidos, con equipos técnicos que puedan inspeccionar edificaciones, emitir recomendaciones, ordenar cierres preventivos si es necesario y coordinar con organismos nacionales cuando se detecten fallas críticas.

De lo contrario, seguiremos confiando en la suerte, en el aguante del concreto envejecido, en la rutina de lo que «siempre ha estado ahí». Pero la ciudad no perdona. Y el tiempo, menos.

Hoy fue el Jet Set. Mañana puede ser una escuela, un hospital, un centro comercial o un complejo habitacional del Estado. No estamos hablando de un edificio: estamos hablando de un modelo que se está desmoronando. Y si no se reconstruyen las competencias locales, lo que vendrá abajo no será solo cemento, será la confianza ciudadana en sus instituciones.