Las leyes necesarias también pueden generar malestar. Y cuando eso ocurre, el problema no suele estar en el objetivo, sino en la forma en que se ejecuta. La reacción del sector comercial ante la entrada en vigencia de la Ley 98-25 es un ejemplo claro de esa tensión que aparece cuando una política pública avanza más rápido que el consenso social que la debería sostener.
Reducir plásticos de un solo uso, ordenar la gestión de residuos y apostar por un modelo más sostenible no son caprichos ideológicos. Son urgencias reales de un país cuyas ciudades están desbordadas, cuyos ayuntamientos no dan abasto y cuya factura ambiental se acumula año tras año. En ese punto, el espíritu de la ley es correcto y, en muchos aspectos, impostergable.
Sin embargo, la molestia del comercio no nace del rechazo al cuidado ambiental. Nace de la percepción, cada vez más extendida, de que se está trasladando el peso del cambio de manera poco equilibrada. Cuando el aporte económico exigido no distingue con suficiente claridad entre realidades empresariales distintas, la sostenibilidad comienza a sentirse como una carga y no como una responsabilidad compartida.
El comercio formal, especialmente las mipymes, opera con márgenes estrechos, alta presión fiscal y un entorno económico volátil. Cargarle nuevas obligaciones sin una transición gradual, sin incentivos claros y sin una explicación pedagógica del retorno colectivo es una fórmula segura para el conflicto. Y cuando el conflicto se instala, la ley pierde legitimidad, aunque conserve legalidad.
Desde el ámbito municipal, el debate adquiere otra dimensión. Los gobiernos locales son quienes enfrentan diariamente la acumulación de residuos, las quejas ciudadanas y los costos operativos del desorden. Pero también son los que históricamente han recibido menos recursos y menos herramientas. Si los nuevos recaudos no se traducen en mejoras visibles en los territorios, la frustración se multiplicará, tanto en comerciantes como en ciudadanos.
Aquí es donde se impone una pausa inteligente. No para desmontar la ley, sino para afinarla. Revisar escalas, introducir criterios de proporcionalidad, establecer períodos de adaptación y garantizar que los recursos recaudados regresen al territorio en forma de servicios tangibles. Eso no debilita la política ambiental; al contrario, la fortalece.
La experiencia comparada es clara y es que los cambios sostenibles que perduran son aquellos que se construyen con acuerdos, no los que se imponen por agotamiento. Incluir al comercio en el diseño de soluciones, acompañar la transición tecnológica y productiva, y ofrecer alternativas reales al plástico y al foam es parte del mismo objetivo ambiental que se persigue.
El país no necesita una guerra entre sostenibilidad y economía. Necesita entender que una depende de la otra. Cuidar el medio ambiente sin quebrar al comercio es posible, pero exige sensibilidad técnica, diálogo político y una visión territorial que hoy todavía está incompleta.
La Ley 98-25 aún puede convertirse en un punto de inflexión positivo. Pero para lograrlo, el mensaje debe cambiar, no se trata de cobrar más, sino de ordenar mejor. Y ordenar mejor siempre implica escuchar más.
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