Lo ocurrido recientemente en uno de los residenciales de Ciudad Juan Bosch, donde una disputa por estacionamientos terminó en un enfrentamiento que involucró amenazas con un arma de fuego, debe servirnos de advertencia. Más allá de las circunstancias particulares y de las responsabilidades que corresponde establecer a las autoridades, estamos frente a una realidad que merece mucha más atención de la que recibe.
Durante años hemos celebrado, con razones suficientes, los esfuerzos públicos y privados para reducir el déficit habitacional. Miles de familias han tenido la oportunidad de adquirir una vivienda digna y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, pareciera que todavía no comprendemos que construir apartamentos es una cosa y formar comunidades es otra muy distinta.
Estamos construyendo una nueva estructura social, concentrando en espacios relativamente pequeños a miles de personas provenientes de distintos lugares, con costumbres, experiencias, niveles educativos y formas de entender la convivencia muy diferentes. Familias que ayer vivían en casas independientes hoy comparten escaleras, parqueos, ascensores, pasillos, responsabilidades económicas y decisiones colectivas. Ese cambio exige mucho más que cemento, varillas y buenas intenciones.
La convivencia no surge espontáneamente porque entreguemos las llaves de un apartamento. Necesita reglas conocidas, estructuras de organización, mecanismos de participación, orientación ciudadana y procedimientos para resolver desacuerdos. Cuando esos elementos faltan, cualquier diferencia cotidiana puede convertirse en un conflicto de consecuencias imprevisibles.
Lo preocupante es que seguimos abordando estos acontecimientos como hechos aislados de seguridad ciudadana. Ocurre un incidente, interviene la Policía, circulan los videos, se produce la indignación colectiva y, días después, todo vuelve a la normalidad. Hasta el próximo enfrentamiento. El problema es bastante más profundo.
En estos grandes desarrollos habitacionales estamos modificando las relaciones sociales y las formas tradicionales de convivencia, sin acompañar suficientemente esa transformación. Y ante la mirada indiferente de las autoridades, corremos el riesgo de que el desorden, la intolerancia y la imposición de la fuerza terminen convirtiéndose en normas de comportamiento.
No podemos permitir que la ignorancia de las reglas, el irrespeto y las malas prácticas se adueñen de espacios concebidos precisamente para mejorar la calidad de vida.
Por eso, necesitamos incorporar a los mejores especialistas en gestión comunitaria, sociología urbana, mediación de conflictos, administración de condominios y convivencia ciudadana. Profesionales capaces de identificar riesgos, orientar a las familias, fortalecer sus organizaciones y establecer mecanismos de intervención antes de que aparezca la violencia.
Las instituciones responsables de la política habitacional, los ayuntamientos y los promotores inmobiliarios deben comprender que su responsabilidad social no puede concluir con la entrega de una vivienda. Necesitamos programas permanentes de acompañamiento comunitario, educación para la convivencia y fortalecimiento de las estructuras de administración y representación. Tampoco se trata de estigmatizar a quienes viven en estos residenciales. La inmensa mayoría son familias trabajadoras que aspiran legítimamente a vivir tranquilas. Precisamente por ellas debemos actuar.
La vivienda resuelve una necesidad material, pero la convivencia determina buena parte de la calidad de vida de quienes la habitan. Ciudad Juan Bosch puede convertirse en una referencia de integración urbana y organización comunitaria. Pero para lograrlo debemos reconocer que estamos ante un desafío social que requiere conocimiento, inversión, voluntad institucional y continuidad.
Ojo al Cristo, que es de cera. Todavía estamos a tiempo de impedir que los conflictos destruyan lo que tanto esfuerzo ha costado construir.
