La reciente declaración del ministro José Ignacio Paliza sobre el inminente anuncio de un plan de 143 medidas para mejorar el tránsito y la movilidad en Santo Domingo marca un momento importante. El país entero espera con ilusión —y algo de escepticismo— soluciones concretas a uno de los problemas que más afectan la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Pero más allá del contenido del plan, el éxito dependerá en gran parte del proceso previo a su aplicación. Y ahí es donde todavía estamos a tiempo de hacer lo correcto.
Antes de anunciar medidas de ese calibre, es necesario abrir un canal de participación efectiva. No se trata de cumplir con un ritual protocolar, sino de crear un espacio real donde expertos, organizaciones sociales, urbanistas, transportistas, comunicadores y ciudadanos puedan aportar ideas, advertencias, ajustes y, sobre todo, respaldo. Porque una cosa es diseñar un plan en el escritorio, y otra muy distinta es implementarlo en la realidad urbana y social del Gran Santo Domingo.
Y en esa misma línea, hay un actor que no puede ni debe quedar fuera de este proceso: los gobiernos locales. Los ayuntamientos serán fundamentales para que muchas de esas 143 medidas funcionen en la práctica. Más que por razones administrativas, por el conocimiento directo que tienen de los territorios, las dinámicas comunitarias, los hábitos vecinales y, muy especialmente, el lenguaje adecuado para comunicar los cambios.
Desde las juntas de vecinos hasta los comercios, desde las escuelas hasta las rutas de transporte, los ayuntamientos tienen presencia, legitimidad y canales de diálogo que ninguna otra instancia estatal posee. Incluirlos desde el principio no es simplemente una cortesía institucional, es una decisión inteligente. Nadie mejor que ellos para traducir los grandes planes nacionales al idioma local, al entendimiento sencillo del ciudadano común.
Además, muchos de estos ayuntamientos pueden convertirse en los aliados clave para normar y adaptar las medidas a sus respectivos territorios. Las salas capitulares tienen la facultad de emitir resoluciones y ordenanzas que pueden servir de soporte legal a las transformaciones necesarias. De hecho, si las medidas que se anuncien encuentran eco en los gobiernos locales, su implementación podría multiplicar su eficacia, generar menos resistencia y lograr resultados más sostenibles en el tiempo.
Por supuesto, este tipo de coordinación no se improvisa. Requiere voluntad política, planificación interinstitucional y un profundo respeto por los distintos niveles de gobierno. Pero si algo nos ha enseñado la experiencia es que los grandes cambios no se logran desde una sola torre de control. Se logran con redes, con alianzas, con diálogo y con sentido compartido del propósito.
Este momento puede convertirse en una oportunidad histórica. Si el gobierno central, el Gabinete de Transporte, el Intrant, la Liga Municipal Dominicana y demás organismos responsables de este plan deciden dar un paso hacia la participación, estarán sembrando en terreno fértil. Las organizaciones de la sociedad civil están listas para aportar. Los expertos dominicanos tienen décadas de estudios, propuestas y experiencias. Y los ayuntamientos, en muchos casos, ya han dado señales de querer asumir un rol más activo y responsable en temas de movilidad y ordenamiento territorial.
No se trata de esperar eternamente. El país necesita actuar. Pero actuar bien. Con base, con apoyo y con sentido de permanencia. Las medidas de tránsito que se toman sin socialización previa, sin respaldo político local o sin claridad comunicacional, tienden a fracasar o a generar rechazo, aunque sean técnicamente válidas.
El tránsito es mucho más que un tema de obras o de señalización. Es, sobre todo, un tema de cultura ciudadana, de organización comunitaria y de educación vial. Y para eso, las voces locales son imprescindibles. Los alcaldes, los regidores, los líderes comunitarios, todos pueden ser portavoces del cambio si sienten que son parte de él desde el principio.
Estamos a tiempo. El anuncio aún no se ha hecho. Que sea entonces una oportunidad para hacer las cosas con visión de futuro, con inclusión verdadera y con el convencimiento de que nadie transforma una ciudad en solitario. Escuchar antes de actuar es el primer paso. Sumar a los gobiernos locales, el siguiente.
Si se hace así, tendremos más que un paquete de medidas. Obtendremos un proceso vivo, con raíces en el territorio y con una ciudadanía que además de acatar, entiende, acompaña y defiende. Ese es el camino para construir una ciudad más humana, más fluida y más vivible.
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