A través de los años, el tema de la basura en el Gran Santo Domingo ha dejado de ser un simple servicio público para convertirse en un asunto de gobernabilidad, logística especializada y estabilidad sanitaria. Muy pocas empresas en el país tienen la capacidad instalada –y la experiencia acumulada– para asumir el desafío de recoger más de cuatro mil toneladas diarias de residuos sólidos. Esa es una realidad que no se puede subestimar.
La ventaja que tienen las compañías actualmente contratadas no es casual. Se trata de una combinación de factores que van más allá de simples vínculos políticos o contratos heredados. Hay una experticia operativa que sólo se logra con años de presencia continua en el terreno: conocimiento de las rutas, empatía ciudadana, capacidad para enfrentar emergencias, talleres con piezas de repuesto, equipos de supervisión, logística aceitada, garantías de fábrica, choferes entrenados y un personal que conoce, calle por calle, la geografía de la ciudad.
Además, está el factor financiero. Este no es un negocio para aventureros ni para inversionistas sin músculo económico. Las demoras en los pagos por parte de los ayuntamientos son la norma, no la excepción. Por eso, cualquier empresa interesada en asumir este servicio debe contar con suficiente capital líquido para operar por meses sin recibir ingresos. Esa sola condición deja fuera a la mayoría de potenciales oferentes.
La verdad es que montar una empresa de recolección para un municipio pequeño o mediano es una cosa. Pero tener la capacidad para operar en el Distrito Nacional es otra muy distinta. No se trata de tener cuatro o cinco camiones, sino de sostener una flotilla robusta, con mantenimiento constante, piezas de repuesto, personal rotativo, rutas bien diseñadas y, sobre todo, un margen de respuesta rápida ante crisis.
Por eso resulta ingenuo pensar que se puede abrir una licitación y recibir decenas de propuestas viables para una operación de esta magnitud. No. Esas empresas no existen en el mercado local. Y las extranjeras, aunque puedan tener músculo económico, muchas veces desconocen las particularidades del territorio, y su instalación tomaría años, sin garantía de éxito.
Quizás el error más grande en esta ocasión fue haber tardado dos años en tomar una decisión firme respecto a los contratos vigentes. Intentar sustituir al actual proveedor, sin contar con opciones realistas y sin preparar una transición con tiempo, resultó más complicado de lo previsto. Y lo peor que puede pasar en este tipo de servicio es que haya un vacío entre un contrato que vence y uno nuevo que aún no ha iniciado. Basta con que la basura deje de recogerse durante tres o cuatro días para que la capital colapse en una crisis sanitaria y ambiental.
El decreto presidencial que autorizó una contratación de excepción evitó ese desastre. Se trató de una medida extrema, pero necesaria. No se puede improvisar con un tema tan delicado. La salud pública está en juego. Lo correcto habría sido planificar con antelación, hacer los estudios de factibilidad necesarios y prever una licitación amplia, pero realista, donde participen empresas con la capacidad técnica y financiera requerida.
Hoy más que nunca se hace evidente que la gestión de los residuos sólidos debe abordarse como una política de Estado, no como una simple función municipal. El caso del Distrito Nacional es un espejo en el que deben mirarse todos los municipios del país. La basura no espera. Y la población tampoco. Cada decisión tardía, cada improvisación o cada intento de «empezar de cero» con temas tan estructurales, termina costándonos mucho más caro. Y no sólo en dinero, sino en imagen, salud y confianza.
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