La vida en condominio ya es parte esencial de nuestras ciudades. Pasamos de la casa aislada a compartir pasillos, ascensores, parques y decisiones. Ese cambio trajo beneficios y también tensiones. Cuando faltan reglas claras y una autoridad especializada, lo cotidiano se vuelve difícil. La buena noticia es que el anteproyecto de ley que crea la Superintendencia de Condominios ya cursa en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Fue introducido por el diputado Tobías Crespo, quien acogió esta propuesta con visión de futuro y compromiso ciudadano.
Esta pieza no pretende burocratizar la convivencia. Su propósito es devolver confianza, orden y transparencia. Propone un organismo técnico, con autonomía operativa, que acompañe a las juntas y administraciones, promueva buenas prácticas, lleve registros confiables y ofrezca vías ágiles de solución de conflictos. También impulsa la profesionalización de la administración condominial mediante certificaciones y estándares de desempeño que protejan a propietarios e inquilinos.
El anteproyecto reconoce un punto ciego que la realidad viene señalando. Los vendedores de inmuebles, así como constructores y desarrolladores, participan en la cadena completa de la vida vertical y hoy no cuentan con reglas sectoriales específicas dentro de este ámbito. Cuando la oferta, la venta y la construcción se realizan sin obligaciones claras de información, calidad, garantías y postventa, el costo final lo paga la comunidad.
La propuesta llena ese vacío. Establece deberes de información precontractual a los compradores sobre el régimen de condominio, define estándares mínimos de calidad constructiva y accesibilidad, crea obligaciones de entrega y garantía, y prevé un marco de responsabilidad para quienes comercializan, edifican y desarrollan proyectos. La meta es alinear incentivos. Quien vende debe informar bien. Quien construye debe cumplir normas técnicas y de seguridad. Quien desarrolla debe responder por las áreas comunes prometidas y su funcionalidad.
La pieza incluye, a grandes rasgos, cinco pilares. Primero, la creación de un registro nacional de condominios y de actores del sistema, incluyendo administradores, comercializadores, constructoras y desarrolladoras. Segundo, la certificación de administradores y la publicación periódica de buenas prácticas para asambleas, presupuestos y rendición de cuentas.
Tercero, un sistema de solución de controversias con mediación y decisiones administrativas revisables, para descomprimir los tribunales y dar respuestas rápidas. Cuarto, lineamientos de transparencia financiera que garanticen auditoría, cuentas claras y uso correcto de los fondos comunes. Quinto, un capítulo de convivencia que abarque accesibilidad universal, mascotas, uso de áreas comunes, condominios rentistas y de renta corta, y proyectos edificados por el Estado.
El enfoque es integral. No se limita a sancionar. Busca prevenir, orientar y elevar estándares. Las sanciones son proporcionales y pedagógicas. Premian el cumplimiento y corrigen las malas prácticas. La superintendencia será un puente entre ciudadanos, sector inmobiliario y administración pública. Un espacio de reglas claras que reduzca la incertidumbre para todos.
Este esfuerzo nació de escuchar a la gente. Propietarios que reclaman cuentas claras. Inquilinos que piden reglas parejas. Administradores que necesitan respaldo técnico. Empresas serias que desean competir en un terreno parejo. No se trata de imponer. Se trata de ordenar y acompañar. La convivencia se construye con información, participación y reglas aplicadas con justicia.
Ojalá que nuestras diputadas y nuestros diputados valoren el alcance de esta propuesta y le den el impulso que merece. Más que una iniciativa legal, es una herramienta de paz cotidiana. Cada conflicto evitado, cada presupuesto bien ejecutado, cada edificio entregado con calidad y accesibilidad fortalece el tejido social de la ciudad.
Confío en que el debate congresual en la Cámara de Diputados y luego en el Senado encuentre puntos de encuentro. La vida vertical llegó para quedarse. Hagamos que sea una experiencia segura, transparente y humana. La Superintendencia de Condominios es un paso sensato en esa dirección. Un aporte al bien común que merece apoyo amplio y responsable.
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