El discurso del presidente Luis Abinader del domingo 22 de marzo tuvo una virtud política indiscutible: habló con anticipación. Preparó al país para entender que la guerra en Irán, el alza del petróleo y la tensión en los mercados internacionales traerán consecuencias inevitables sobre la economía dominicana.
Anunció reasignación de recursos, subsidio a fertilizantes, continuidad del apoyo al GLP, protección de programas sociales, ajustes graduales a combustibles y una defensa cerrada de la estabilidad macroeconómica. Todo eso puede lucir razonable desde la lógica del Gobierno central. Pero el problema es otro, en ese esquema de protección, el municipio quedó fuera.
Y esa omisión no es menor. Porque cuando una crisis externa se convierte en aumento del combustible, de la electricidad, del transporte y de los insumos, el primer nivel de gobierno que lo siente en la operación diaria no es el Palacio Nacional, sino el ayuntamiento.
La crisis se vuelve concreta en el camión de basura que gasta más gasoil, en la brigada que cuesta más movilizar, en el alumbrado que presiona el gasto corriente, en la reparación urbana que se encarece, en la limpieza vial que no admite pausa y en el deterioro visible de los servicios que la gente usa todos los días. El Gobierno anunció medidas para amortiguar el golpe en los hogares, pero no incluyó a la institución que administra la cotidianidad de esos mismos hogares en el territorio.
La Ley 176-07 deja claro por qué eso es grave. Los ayuntamientos tienen competencias propias como la coordinación en el ordenamiento del tránsito, gestión del espacio público, saneamiento ambiental, construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales, alumbrado público, limpieza vial y recolección, tratamiento de residuos sólidos. Es decir, no estamos hablando de adornos administrativos ni de tareas secundarias. Estamos hablando del corazón funcional de la ciudad. Justamente por eso, la propia ley reconoce a los municipios el derecho a la suficiencia financiera para su adecuada participación en las competencias que ejercen.
Por tanto, si el Gobierno entiende que esta coyuntura amerita subsidios extraordinarios y reacomodos fiscales, debió contemplar una línea especial de respaldo operativo para los gobiernos locales. No necesariamente un rescate grandilocuente ni una transferencia sin control, sino un mecanismo temporal, focalizado y supervisado que ayude a sostener servicios esenciales.
Una crisis económica no sólo se mide por el precio de la canasta básica, también se mide por la capacidad del municipio de mantener limpia la ciudad, iluminarla, atender emergencias, conservar el espacio público y evitar que el desorden urbano agrave el malestar social. Cuando eso falla, la población no siente una explicación macroeconómica, lo que siente es abandono.
Más aún, los ayuntamientos llegan a estas coyunturas con márgenes históricamente estrechos. La Ley 166-03 fijó en 10 % la participación de los municipios y distritos municipales en los ingresos del Estado, precisamente para fortalecer su capacidad de respuesta. Pero aun con esa previsión legal, la estructura municipal dominicana ha operado tradicionalmente con presupuestos limitados frente a obligaciones muy extensas.
En el presupuesto consolidado de 2026, los gobiernos locales representan RD$33,202.9 millones de demanda agregada, emplean al 6.6 % del personal público y destinan RD$14,989.3 millones a remuneraciones, lo que confirma que no son un actor marginal, sino una pieza operativa real del aparato estatal. Sin embargo, cuando se anunció el paquete de mitigación, no aparecieron como prioridad específica.
Ahí está el punto de fondo. El Gobierno habló de proteger la economía, pero dejó fuera al nivel de gobierno que sostiene la vida urbana cuando la economía aprieta. Y eso no es un detalle técnico es una falla de enfoque. Porque la estabilidad nacional no se preserva solamente con cifras, reservas y subsidios generales.
También se preserva garantizando que el municipio no colapse en silencio mientras la crisis se barre, se recoge, se transporta y se administra desde abajo. Si de verdad se quiere amortiguar el impacto social de esta coyuntura, hay que entender algo elemental, proteger al ciudadano también implica proteger al ayuntamiento.
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