Antes que nada, el llamado «barrilito», es un robo al erario. Cero eufemismos. El Congreso de este país y el gobierno, luego de que el mismo presidente Abinader en su primer período de mando prometió eliminar esta mala maña, aún los senadores continúan cobrando millones de pesos, aparte de su lujoso sueldo, con la excusa de «ayudas para la comunidad». No, no ayudan en nada a sus comunidades. Se burlan de manera vergonzosa de esta sociedad que reclama el fin de prebendas extras a estos «servidores» de la patria. Indignante. Millones de pesos extras para sus bolsillos que bien podría utilizarse para urgencias significativas. Al parecer, ni el mismísimo Luis Abinader ha podido quitar ese robo a sus aliados del Congreso.
En un país con tantas urgencias que resolver, con tantas necesidades latentes, festinar millones de pesos del erario convertidos en «barrilitos» es para que la Justicia (inexistente y menos independiente) actúe. El congreso al igual que sucede con la podredumbre que se transpira en el Poder Judicial actúa según convenga y de quiénes se trate. Tenemos dos cámaras, Senado y Diputados, un Senado inservible que debería ser renovado y unicameral. Hombres y mujeres que no rinden cuentas al Estado, pero cobran del mismo millón de pesos sin importarles el bienestar del país que dicen ellos defender. Y ni hablar de las famosas exoneraciones que son un negocio redondo para los legisladores y nadie, absolutamente nadie les pide cuentas.
Esas famosas exoneraciones se otorgan desde el año 1966 gracias a la ley 50, proveniente de los 12 años de Balaguer, y que se convertía en la base legal para que los legisladores importen vehículos para su uso exonerados de impuestos, pero también cientos de unidades de lujo y deportivos, aprovechando la venta frecuente de este privilegio. El vehículo en cuestión no podía pasar de tres mil dólares. Esa ley 50 no tuvo ningún tipo de filtro ni miramientos.
Sin embargo, ocho años después de esa promulgación los legisladores de ese momento consideraron que eran irrisorios los 3,000 dólares que pagaban y aumentaron a US$5,000 mil dólares a través de la Ley 14 manteniendo la restricción de importar un solo carro. Y así sucesivamente, éstos camajanes han aumentado el monto y hasta la cantidad de carros permitidos hasta llegar a la locura que observamos hoy, sin ningún tipo de restricciones en la actualidad. Ese juego de los legisladores, por ejemplo, abarca una cantidad de 499 vehículos en solo cuatro años, ha costado al Estado dominicano 2,140 millones de pesos.
En ese sentido, mi eterna pregunta ¿qué hacer con un Congreso que regala el erario convertido en “barrilito” y festina otra parte en exoneraciones y gastos? Es una situación que nos llena de verguenza y hastío y el gobierno es permisivo con todo en este desmadre. Practicas deleznables de siempre. Ayer, la queja era que el Congreso era liderado por el PLD, pero ahora sucede exactamente lo mismo y con las mismas pésimas mañas a las que nadie o muy pocos quieren renunciar.
A eso usted suma que muchos de estos flamantes congresistas no leen los proyectos de ley que aprueban, algunos no saben ni escribir ni leer correctamente, otros están sentados ahí son dueños de bancas de apuestas, negocios variados y hasta narcotráfico, como sucedió con dos casos altamente sonados de este mismo partido de gobierno.
Ayer y hoy, siempre hay una excusa en el Congreso para el dispendio del erario.
¿Es esto el «cambio»?
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