Pocos fenómenos sociales resultan tan fascinantes y reveladores en esta sociedad como la víspera de una decisión institucional de relevancia. Basta una vacante en las Altas Cortes, la renovación de la Suprema Corte de Justicia o la selección de los miembros de la Junta Central Electoral para que el país entero experimente unametamorfosis. De la noche a la mañana, la nación se transforma en un foro deliberativo donde todos los sectores, desde las cúpulas empresariales hasta los paneles matutinos de radio y hasta los gremios colegiados, abogados, la Iglesia y fundaciones, reclamen su cuota de influencia.
Esta efervescencia no es casual. Revela una verdad incómoda sobre el ecosistema político, la designación de un juez o de un árbitro electoral rara vez se percibe como un mero trámite administrativo o un concurso formal de méritos. En el fondo, es una batalla por la hegemonía y la garantía de supervivencia de los grupos de poder. El aire se enrarece, se vuelve pesado, denso de cábalas, listas filtradas apropósito y presiones soterradas hacia el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y en estos días en el Consejo Nacional de la Magistratura.
La verdadera arena de esta disputa no siempre está en los salones del CNM ni en los pasillos del Senado. El terreno de juego por excelencia son los programas de opinión. ¡Vaya batalla! “Escúcheme a mí, señor Presidente”. La frase eriza la piel. Módulos interactivos de radio, paneles de televisión y plataformas digitalesse convierten en trincheras desde donde analistas, juristas, comunicadores y “todólogos” libran una guerra comunicacional desmesurada. Se adjetiva con vehemencia, se ensalzan virtudes de candidatos afines y se destruyen reputaciones con el aplomo de quien se siente investido de una autoridad moral incontestable.
Hay algo profundamente folclórico, pero al mismo tiempo inquietante, en esta ola de opinión pública. Por un lado, podría interpretarse como síntoma de una ciudadanía viva, atenta a los contrapesos de la democracia y deseosa de fiscalizar las decisiones del poder político. La fiscalización mediática ha servido, en más de una ocasión, para frenar repartos descarados o para descarrilar candidaturas abiertamente impopulares o desacreditadas. Que si Fernando Langa es mejor, el idóneo; que si Justiniano Montero tiene el carril de adentro… Supremo es el debate.
Sin embargo, detrás de esa fachada de participación democrática, suele esconderse un afán desmedido por condicionar al decisor. El análisis técnico cede espacio a la tirantez política, y el rigor jurisprudencial se sustituye por la cercanía ideológica o personal. La presión es tal que la opinión pública, que debería ser un reflejo del interés general, termina convertida en un megáfono de sectores corporativos, partidarios o fácticos que buscan blindar sus propios intereses en los tribunales y organismos de control.
Nos hemos acostumbrado a vivir la institucionalidad como un drama por entregas en el que todos quieren redactar el libreto final. Es el nuevo coliseo de la política. No está mal que la sociedad opine, debata e intente incidir; lo preocupante es cuando ese ruido mediático asfixia la idoneidad, la ética y la capacidad de lospostulantes para privilegiar el equilibrio de fuerzas.
