Cada vez que surge un problema en nuestros municipios, la primera mirada se dirige al ayuntamiento. Si hay basura, desorden en las calles, ocupación de las aceras o conflictos por el uso del suelo, la gente reclama al alcalde. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir, financiar o intervenir, aparecen otras instituciones que asumen el protagonismo. Al gobierno local le queda la responsabilidad frente al ciudadano, mientras su capacidad de respuesta se reduce.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A mi juicio, hemos construido un Estado que reconoce la autonomía municipal en sus normas, pero mantiene una fuerte inclinación a concentrar las decisiones. Nos gusta hablar de descentralización, aunque seguimos esperando que las soluciones lleguen desde un ministerio, una dirección general o el Palacio Nacional.
La Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos locales y la Ley 176-07 establece sus competencias. Pero tener una atribución escrita no garantiza poder ejercerla. Se necesitan recursos, personal preparado, información y autoridad efectiva. Cuando estas condiciones faltan, la autonomía se convierte en una promesa difícil de cumplir.
Una parte del problema surge cuando legislamos sobre transporte, residuos, ordenamiento territorial o convivencia sin resolver suficientemente cómo participarán los ayuntamientos. Cada sector desarrolla su estructura, sus procedimientos y sus prioridades. El territorio termina recibiendo decisiones de varias instituciones, mientras el gobierno municipal intenta organizar lo que otros han dispuesto.
Coordinar es necesario. Hay problemas que superan los límites de un municipio y requieren respuestas nacionales. Lo preocupante ocurre cuando esa coordinación reduce al ayuntamiento a facilitar un espacio, acompañar una visita o aparecer en la fotografía. Participar exige intervenir en las decisiones, conocer sus consecuencias y tener capacidad para darles seguimiento.
El dinero pesa mucho en esta relación. Quien dispone del presupuesto puede establecer prioridades, contratar y ejecutar. Un ayuntamiento con responsabilidades amplias y recursos insuficientes termina dependiendo de gestiones, favores y acuerdos para atender necesidades que deberían formar parte de su capacidad ordinaria.
Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad al Gobierno central. Hay ayuntamientos que han debilitado su propia posición por falta de planificación, escasa fiscalización o incapacidad para sostener propuestas técnicas. La autonomía necesita gobiernos locales que la ejerzan con seriedad. Defender competencias exige demostrar que se pueden administrar con transparencia y resultados.
Pero las debilidades municipales deben corregirse fortaleciendo las instituciones. Utilizarlas como justificación permanente para sustituirlas termina reproduciendo el mismo problema. Si cada dificultad se resuelve trasladando la decisión hacia arriba, el municipio nunca desarrollará la capacidad que se le reclama.
Me preocupa que estemos acostumbrándonos a ver al ayuntamiento como una oficina de servicios básicos, olvidando su condición de gobierno del territorio. Allí se encuentran la vida cotidiana, los conflictos comunitarios y las oportunidades de desarrollo.
Recuperar su capacidad de gobernar requiere financiamiento suficiente, equipos técnicos, reglas claras y respeto institucional. El ciudadano merece saber quién decide, quién ejecuta y quién responde. Mientras esas tres funciones sigan separándose, continuaremos exigiéndoles a nuestros alcaldes soluciones sobre asuntos en los que cada vez tienen menos poder.
