La debilidad de los gobiernos locales dominicanos no se explica únicamente por la falta de recursos. También responde a la manera en que esos recursos son asignados, administrados y políticamente canalizados.
Durante décadas, los ayuntamientos han dependido de transferencias insuficientes, programas extraordinarios y gestiones particulares ante el Poder Ejecutivo. Esta práctica ha creado una cultura institucional en la que muchos alcaldes dedican buena parte de sus esfuerzos a solicitar fondos para obras que deberían formar parte de un sistema regular y previsible de financiamiento.
Aceras, contenes, mercados, cementerios, parques, mataderos y otras infraestructuras municipales suelen ser financiados mediante partidas especiales. Estas inversiones son necesarias y producen resultados visibles en las comunidades. El problema surge cuando lo extraordinario se convierte en la principal vía para responder a necesidades ordinarias.
La Ley 166-03 establece que los gobiernos locales deben recibir el 10 % de los ingresos del Estado. Esa disposición permanece incumplida. Mientras tanto, se anuncian fondos especiales que, aunque importantes, no corrigen la raíz del problema; la ausencia de un modelo financiero que garantice a cada municipio recursos suficientes, permanentes y distribuidos mediante criterios objetivos.
La autonomía municipal no puede depender de la capacidad de un alcalde para conseguir una reunión, presentar una solicitud o mantener una buena relación con las autoridades nacionales. Tampoco debe quedar condicionada por afinidades políticas, niveles de influencia o decisiones tomadas fuera del territorio.
Un alcalde debe rendir cuentas por el uso de los recursos públicos, pero también necesita saber con anticipación cuánto recibirá, cuándo lo recibirá y bajo qué fórmula legal. Esa previsibilidad es indispensable para planificar obras, contratar servicios, organizar el mantenimiento urbano y responder a las demandas ciudadanas.
En los últimos años se han producido avances en transparencia, compras públicas, medición del desempeño y asistencia técnica. Herramientas como el SISMAP Municipal han contribuido a mejorar la organización administrativa y la rendición de cuentas. También se han impulsado programas de capacitación e incentivos vinculados con el cumplimiento institucional.
Estos progresos merecen reconocimiento, aunque resultan insuficientes mientras la descentralización financiera continúe pendiente. No puede exigirse a los ayuntamientos mayor capacidad de gestión si, al mismo tiempo, se les niegan los recursos previstos en la legislación.
La discusión tampoco debe limitarse a entregar automáticamente el 10 % sin controles. Los recursos deben estar acompañados de fiscalización, transparencia, planificación, profesionalización y consecuencias claras para quienes incumplan. La autonomía no significa ausencia de controles, sino capacidad de decidir dentro de la ley y bajo mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El país necesita superar el modelo de alcaldes solicitantes y avanzar hacia gobiernos locales institucionalmente financiados. Las asignaciones especiales pueden complementar la inversión municipal, pero no sustituir las transferencias que corresponden por mandato legal.
La verdadera descentralización comenzará cuando un municipio no tenga que pedir como favor lo que el ordenamiento jurídico le reconoce como derecho. Mientras eso no ocurra, los ayuntamientos seguirán administrando necesidades locales con una autonomía más proclamada que ejercida.
Comentarios