Hay obras que lucen hermosas el día de su inauguración, pero que empiezan a revelar su verdadero costo cuando se apagan las luces del acto, se desmonta la tarima y la responsabilidad queda en manos de quien debe mantenerlas todos los días.
Esa es mi preocupación como municipalista y como ciudadano frente a varias de las infraestructuras que se levantan o se acondicionan con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, especialmente en zonas como el entorno del patinódromo, el Malecón Deportivo y otros espacios que serán entregados a la ciudad.
Aclaro algo desde el principio: no cuestiono la inversión en espacios públicos, deporte, recreación y recuperación urbana. Al contrario, nuestras ciudades necesitan más lugares dignos para caminar, ejercitarse, compartir en familia y convivir. Lo que me preocupa es que esas obras terminen convirtiéndose en una nueva carga para el Ayuntamiento del Distrito Nacional sin que exista una previsión presupuestaria clara para sostenerlas.
Un ayuntamiento tiene responsabilidades enormes y recursos limitados. Debe limpiar la ciudad, recoger residuos, mantener parques, ordenar espacios públicos, atender mercados, cementerios, drenajes, aceras, contenes, tránsito local, iluminación complementaria, arbolado, emergencias urbanas y una larga lista de demandas ciudadanas que crecen cada día.
Entonces, si al gobierno local se le entregan nuevos parques, instalaciones deportivas, áreas verdes, mobiliario, baños, luminarias, parqueos, pistas especializadas y espacios de alto uso público, la pregunta obligada es sencilla: ¿con qué recursos se van a mantener?
Porque una cosa es construir una obra con presupuesto extraordinario, empujada por un evento internacional, y otra muy distinta es mantenerla durante años con el presupuesto ordinario de un ayuntamiento.
Ahí es donde debemos ser responsables. La ciudad no puede recibir infraestructura como quien recibe un regalo sin saber cuánto cuesta conservarlo. Un espacio público abandonado no tarda mucho en deteriorarse. Primero falla una lámpara, luego se rompe un banco, después se descuida el baño, crece la maleza, baja la vigilancia, se pierde el orden y al final la ciudadanía termina culpando al ayuntamiento, aunque nunca se le hayan entregado los recursos suficientes para asumir esa carga.
Por eso, antes de transferir formalmente esas obras, debe existir un acuerdo transparente entre el Gobierno central, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Deportes, las federaciones involucradas y los demás actores responsables. Ese acuerdo debe incluir costos de mantenimiento, personal requerido, seguridad, limpieza, energía, jardinería, seguros, reparaciones, reglas de uso y fuente de financiamiento.
La solución puede ser una asignación especial, un fondo de mantenimiento, una cogestión regulada o un modelo mixto. Lo que no debe ocurrir es que se inaugure con aplausos desde el Gobierno central y luego se deje la factura diaria en el escritorio del ayuntamiento.
Santo Domingo merece obras buenas, pero también merece instituciones capaces de sostenerlas. El verdadero legado de los Juegos no será la foto inaugural. Será que esos espacios sigan limpios, seguros, vivos y útiles dentro de cinco o diez años.
Porque entregar obras sin presupuesto de mantenimiento no es fortalecer la ciudad. Es cargar al gobierno local con una responsabilidad que puede terminar volviéndose injusta para todos.
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