Debemos revisar con profundidad los permisos de no objeción para el uso del suelo en nuestra ciudad. No como un simple trámite administrativo, ni como una carpeta más que pasa de un escritorio a otro, sino como una decisión pública que puede mejorar o empeorar la vida de miles de ciudadanos.
La ciudad no se destruye de golpe. Se va perdiendo por pedazos. Una acera ocupada hoy, una rampa inexistente mañana, un parqueo improvisado donde antes había paso peatonal, una verja que avanza unos centímetros sobre el espacio público, una construcción que se levanta sin respetar el entorno, una autoridad que mira hacia otro lado. Así, poco a poco, la ciudad va dejando de ser un espacio de convivencia para convertirse en un territorio hostil.
Hay constructores desaprensivos que actúan como si la ciudad les perteneciera. Se llevan por delante las aceras, reducen los espacios comunes, bloquean la movilidad peatonal y levantan proyectos sin comprender que construir no es simplemente levantar paredes. Construir también implica respetar el tejido urbano, la seguridad, la accesibilidad, el derecho de los vecinos y la dignidad de quienes caminan la ciudad todos los días.
Cuando una obra invade la acera, no está afectando únicamente a quien vive al lado. Está afectando al envejeciente que ya no puede caminar seguro, a la madre que empuja un coche, a la persona con discapacidad que necesita una ruta accesible, al estudiante que camina hacia su escuela, al ciudadano común que termina obligado a tirarse a la calle para poder pasar. Esa agresión silenciosa al espacio público termina fomentando irritación, cansancio, violencia urbana y una sensación colectiva de abandono.
Por eso la clave está en crear un mecanismo interno serio, técnico y transparente que impida que estos procesos sigan siendo el pan nuestro de cada día. Las no objeciones de uso de suelo deben pasar por filtros rigurosos, con criterios urbanísticos claros, revisión colegiada y trazabilidad institucional. No puede depender únicamente del criterio aislado de una oficina, de una firma rápida o de una interpretación conveniente.
La ciudad necesita reglas claras y consecuencias reales. Antes de aprobar una no objeción, debe evaluarse el impacto sobre la movilidad, el drenaje, el tránsito, los estacionamientos, las aceras, la accesibilidad universal, la seguridad del entorno y la convivencia comunitaria. Luego de aprobarse, debe existir una supervisión constante para garantizar que lo construido corresponda exactamente con lo autorizado. La supervisión no puede ser ocasional ni complaciente. Debe ser técnica, documentada, colegiada y sostenida en el tiempo.
Lo peor es que, ante la mirada indiferente de las autoridades correspondientes, los ciudadanos se sienten agotados. Sienten que reclamar no sirve, que denunciar no produce resultados, que la ciudad se negocia entre poderosos mientras el ciudadano común carga con las consecuencias. Esa percepción es peligrosa, porque cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, también pierde la fe en las reglas.
Sin embargo, soy de los que cree que todo tiene una salida. Creo que más tarde que temprano encontraremos el camino correcto que nos encauce hacia una sociedad quizá no perfecta, pero sí más ordenada, más respetuosa y más consciente de que la ciudad es una casa común.
Lo lamentable es que mientras más tarde llegue esa corrección, más alto será el precio. Y ese precio no se pagará únicamente en dinero. Se pagará en calidad de vida, en convivencia perdida, en espacios públicos mutilados, en ciudadanos cansados y en una ciudad cada vez más difícil de habitar.
Todavía estamos a tiempo. Pero hace falta voluntad, autoridad, técnica y carácter. Porque defender el uso correcto del suelo no es frenar el desarrollo. Es impedir que, en nombre del desarrollo, nos sigan arrebatando la ciudad.
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