Lo ocurrido en las carreteras del sur durante esta Semana Santa no debe analizarse únicamente como un problema de tapones, incomodidad o exceso de vehículos. Esa lectura, aunque cierta en parte, se queda corta. Lo que realmente quedó expuesto fue algo más delicado. El Estado, visto como un solo cuerpo, no logró administrar con coherencia una situación que sabía con anticipación que iba a ocurrir. Y cuando eso pasa, la percepción de fracaso no nace de la exageración ciudadana ni del oportunismo político. Nace de una realidad operativa evidente.
Cada año, la Semana Santa moviliza una enorme cantidad de personas hacia distintos puntos del país. Eso no es una sorpresa. Es un comportamiento perfectamente previsible. Esta vez, el flujo vehicular fue extraordinario, muy superior al de períodos comparables anteriores, lo que confirma que las autoridades tenían razones de sobra para anticipar una presión intensa sobre las principales vías del territorio nacional. Es decir, el volumen fue excepcional, sí, pero también medible, anticipable y suficiente para justificar una respuesta integrada mucho más robusta.
Sin embargo, mientras una parte del aparato público destacaba ese intenso movimiento como expresión de dinamismo y capacidad vial, en el terreno se producía otra realidad. En el corredor Baní, Circunvalación de Baní y cruce de Azua se registraron congestiones severas pese a medidas especiales anunciadas por las autoridades, incluyendo cambios temporales en la circulación para facilitar tanto la salida como el retorno de vacacionistas. Si se aplicaron medidas extraordinarias y aun así el resultado visible fue un colapso prolongado, entonces no estamos simplemente ante un día de mucho tránsito. Estamos ante una respuesta pública que no produjo el efecto esperado.
Aquí está el corazón del problema. Muchas veces en República Dominicana seguimos analizando la gestión pública por instituciones separadas, como si cada una pudiera evaluarse por su cuenta. Pero el ciudadano no vive al Estado de forma fragmentada. El ciudadano no distingue entre RD Vial, DIGESETT, COE, Intrant o Ministerio de Obras Públicas cuando queda atrapado durante horas en una carretera. Lo que percibe es una sola cosa. Que el Estado no fue capaz de organizar lo que debía organizar. Y esa percepción tiene base objetiva cuando existían datos, anuncios, operativo nacional y antecedentes suficientes para prever el comportamiento del flujo vehicular.
El punto no es negar que hubo esfuerzo institucional. Se desplegó un amplio operativo de Semana Santa, con personal, puestos de socorro, asistencia vial y coordinación anunciada entre múltiples organismos. Acción hubo. Presencia hubo. Recursos también. Pero una cosa es movilizar recursos y otra distinta es integrarlos con lógica de sistema. Cuando la respuesta se siente reactiva, cuando los ajustes se hacen sobre la marcha y cuando las instituciones parecen actuar en paralelo más que en sincronía, entonces el problema ya no es de voluntad. Es de diseño, de previsión y de dirección.
Eso obliga a una reflexión más seria. No basta con celebrar récords de movilidad ni con anunciar operativos masivos. El verdadero éxito de la gestión pública no está en cuántos vehículos pasaron por un peaje, sino en cuántos pudieron movilizarse con seguridad, fluidez y orden razonable. No está en la cantidad de instituciones involucradas, sino en la calidad de la coordinación entre ellas. No está en el despliegue, sino en el resultado.
Por eso este episodio debe dejar una enseñanza clara. El país necesita pasar de los operativos de temporada a una verdadera gobernanza interinstitucional del tránsito. Una gobernanza donde los datos de movilidad sirvan para anticipar decisiones, donde la gestión del tránsito tenga manejo dinámico de corredores críticos, donde la planificación de movilidad se conecte con la operación en el terreno, donde Obras Públicas refuerce la capacidad de respuesta territorial y donde el órgano coordinador articule no solo presencia, sino integración real.
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