Cuando se trata de repartir recursos económicos, la suerte de los ayuntamientos es harta sabida. Si les toca algo, suele ser prácticamente una propina. Y lo más frustrante es que esa «propina» no responde necesariamente a una lógica técnica, ni a un cálculo serio de necesidades territoriales, sino a una mezcla de desconfianza política, centralismo crónico y, para ser justos, a un municipalismo que demasiadas veces se sabotea a sí mismo.
En el fondo, la jerarquía política, la de arriba, la que administra el presupuesto nacional y reparte como quien reparte favores, no cree en los alcaldes ni en los regidores. No les cree como gestores, no les cree como administradores, y en algunos casos ni siquiera les cree como interlocutores válidos. Esa actitud, sin embargo, tiene un comportamiento curioso y es que cuando esa misma jerarquía está en oposición, los alcaldes «son importantes», «son la base», «son el contacto con la gente». Pero apenas se encumbra en el poder, los niega como Pedro a Jesús… y sin esperar al canto del gallo.
La segunda razón es peor, porque es un autogol: los alcaldes y los regidores no se ayudan. No operan como bloque institucional, no empujan una agenda común, no presionan con método ni con continuidad. Se dispersan en lo pequeño, se pelean por lo accesorio y se vuelven islas en un mar donde el poder real se organiza en continentes. Y así, mientras el municipalismo discute entre sí, el poder central reparte como le da la gana.
En ese contexto aparecen los famosos 20 pesos por habitante que asigna la Ley 98-25. En teoría, esos fondos, que provienen del Fideicomiso DO Sostenible, están destinados a contribuir a la gestión integral de los residuos sólidos; apoyar la recolección diferenciada, mejorar la logística, fomentar educación ciudadana y elevar el estándar del servicio en cada demarcación. Es decir, no es un «regalo»; es un recurso con propósito, con sentido público, con impacto directo en salud, salubridad y convivencia.
Pero la realidad dominicana tiene un talento especial y es convertir lo lógico en odisea. Lo más curioso, y lo más indignante, es que para echarle mano a esos chelitos, muchos ayuntamientos tendrán que confesarse hasta con el mismo rey del averno. Cuando al fin aparece algo (algo es algo), se la ponen en China. Trabas, requisitos desproporcionados, burocracia, ventanillas, dudas, demoras… y, a veces, condiciones que parecen más un mecanismo de control político que un sistema de rendición de cuentas.
Entonces surge la pregunta incómoda acorde a las ejecutorias de los ayuntamientos, ¿es justo que reciban más dinero? Mi respuesta es doble. Sí: porque no se puede exigir calidad institucional con presupuesto de supervivencia. Pero también no, o, al menos, no automáticamente, porque el dinero sin resultados sólo alimenta el discurso centralista que los quiere pobres y dependientes.
Los 20 pesos no son el problema. El problema es el país que cree que con 20 por pesos por habitante se resuelve la basura, y el municipalismo que no se planta unido para que esos recursos lleguen a tiempo, con reglas claras, y se traduzcan en servicios visibles. Porque si el ciudadano no ve mejora, el sistema seguirá diciendo: «¿ves? por eso no hay que darles nada». Y así, la propina se convierte en destino.
La pregunta, entonces, no es «¿es justo que reciban más dinero?».
La pregunta es: ¿cuánto más vamos a aceptar que el municipio siga siendo la cenicienta del Estado, mientras le exigen que baile como reina en el baile de la gestión pública?
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