Hay una figura que todos conocemos. El hermano mayor. Ese que por edad, experiencia y fuerza debería orientar, proteger y facilitar el camino de los más pequeños. El que, cuando la casa se desordena, debería dar el ejemplo. Pero en nuestra vida pública ocurre exactamente lo contrario. El hermano mayor no ayuda. Y lo más preocupante es que muchas veces estorba.
Los ayuntamientos, con presupuestos limitados y competencias claramente definidas, hacen esfuerzos cotidianos por ordenar la ciudad. Tratan de organizar los parqueos en calles cada vez más congestionadas, de rescatar espacios públicos que han sido secuestrados por la informalidad, de proteger áreas verdes que ya casi no existen, de gestionar residuos en un país que produce basura como si el territorio fuera infinito. Todo eso lo hacen con poco dinero, con presión social constante y bajo una lupa crítica que rara vez se posa sobre otros actores.
Mientras tanto, el gobierno central y sus instituciones, que deberían ser el principal aliado de esa gestión local, suelen convertirse en el peor ejemplo. Edificios públicos que ocupan aceras completas con parqueos improvisados. Oficinas estatales que colocan conos, cadenas o vigilantes para apropiarse del espacio público como si fuera privado. Instituciones que generan grandes volúmenes de residuos sin ningún criterio de separación, reciclaje o corresponsabilidad ambiental. Áreas verdes intervenidas o descuidadas bajo la mirada indiferente de quienes deberían ser los primeros guardianes.
El mensaje que se envía al ciudadano es devastador. Si el propio Estado irrespeta las normas, ¿con qué autoridad moral se le exige al vecino que no se estacione sobre la acera? Si una institución pública lanza su basura sin clasificación ni control, ¿cómo se convence a un comercio o a una familia de que debe cumplir con horarios y reglas? Si una oficina gubernamental ocupa un parqueo indebido o bloquea una vía, ¿qué sentido tiene hablar de orden urbano?
Los ayuntamientos quedan atrapados en una paradoja cruel. Son responsables del orden, pero no controlan a quienes más lo rompen. Son llamados a fiscalizar, pero carecen de jerarquía frente a instituciones nacionales que operan como islas autónomas dentro de la ciudad. Son señalados por el caos, mientras el hermano mayor actúa como si la casa no fuera suya.
Esta desarticulación no es solo administrativa, es cultural. Se ha instalado la idea de que lo municipal es menor, accesorio, casi ornamental. Que el ayuntamiento limpia, recoge basura y pinta contenes, mientras las grandes decisiones y los grandes actores caminan por otra vía. Y así no hay ciudad que funcione. Porque la ciudad no es una suma de competencias aisladas, es un sistema vivo que requiere coherencia, coordinación y, sobre todo, ejemplo.
El problema no es que los ayuntamientos no estén haciendo nada. El problema es que están haciendo mucho, solos. Y en ocasiones, contra corriente. Cada operativo de parqueo, cada intento de recuperar un espacio público, cada esfuerzo por ordenar residuos se debilita cuando una institución del gobierno central hace exactamente lo contrario sin consecuencias visibles.
El hermano mayor debería liderar. Debería ser el primero en respetar las normas urbanas, en organizar sus parqueos, en gestionar correctamente sus residuos, en cuidar las áreas verdes que están frente a sus propias oficinas. Debería ser el principal aliado de la gestión local, no su contradicción permanente.
Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo ayuntamientos desgastados, ciudadanos confundidos y ciudades que no avanzan al ritmo que podrían. Porque en una casa donde el hermano mayor no ayuda, el desorden termina siendo responsabilidad de todos, pero culpa de nadie. Y la ciudad, al final, paga la factura.
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