Cuando escuché a Manuel Estrella hablar de los famosos 131 pasos que hay que agotar para levantar una obra de envergadura en el país, no pensé solo en trámites. Pensé en ciudades. Pensé en gente. Pensé en ayuntamientos. Y, sobre todo, pensé en cómo estamos entendiendo el desarrollo.
Porque este debate no es meramente técnico. No es una discusión de formularios, sellos o ventanillas. Es una conversación profunda sobre el modelo de país que estamos construyendo y sobre el rol que le estamos asignando a los territorios en ese proceso.
Es cierto. La permisología actual es excesiva, lenta y fragmentada. Cualquier inversionista serio puede dar fe de ello. Decenas de instituciones, requisitos que se duplican, plazos indefinidos y decisiones que muchas veces dependen más de personas que de sistemas. Todo eso conspira contra la inversión productiva y genera incertidumbre.
Pero reducir esta problemática a un simple recorte administrativo sería un error.
El desarrollo no ocurre en los ministerios. Ocurre en los municipios. Ocurre en un barrio específico, en una avenida concreta, en una cuenca determinada. Ocurre donde vive la gente. Por eso cada proyecto de gran escala impacta directamente la movilidad urbana, el drenaje pluvial, la generación de residuos, el acceso al agua y la convivencia vecinal.
Ahí es donde entran los ayuntamientos.
Hoy una parte importante de esos 131 pasos pasa por las alcaldías. Certificaciones de uso de suelo, alineamientos urbanos, no objeciones y permisos vinculados a aceras, accesos y espacios públicos. El problema no es que existan estos controles. El problema es que no están estandarizados, no tienen plazos obligatorios, no están plenamente digitalizados y, en muchos casos, carecen del respaldo técnico necesario.
Eso genera retrasos, discrecionalidad y la percepción de que el municipio es un obstáculo.
Sin embargo, la verdad es otra. El ayuntamiento no es el problema. El problema es la debilidad estructural con la que históricamente hemos tratado a los gobiernos locales. Les hemos asignado responsabilidades enormes sin darles herramientas equivalentes. Les exigimos planificación sin planes vinculantes. Les pedimos agilidad sin sistemas. Les reclamamos orden urbano sin oficinas técnicas robustas.
Ante esa realidad surge una tentación peligrosa. Centralizar. Crear ventanillas únicas nacionales. Concentrar decisiones en organismos como el Ministerio de Vivienda y Edificaciones o el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agilizar desde arriba.
El discurso es eficiencia. El riesgo es recentralización.
Cuando las decisiones sobre uso de suelo, densidades y viabilidad urbana se toman lejos del territorio, el municipio queda reducido a emitir papeles y a gestionar conflictos posteriores. Se le quita el poder preventivo y se le deja el problema. Eso no es modernización institucional. Eso es vaciamiento funcional.
Y las consecuencias ya las conocemos. Proyectos aprobados sin integración urbana, tapones donde antes no los había, inundaciones recurrentes, colapso de parqueos y tensiones vecinales. Todo eso termina cayendo sobre los hombros del alcalde, aunque la decisión haya sido tomada en un escritorio central.
Por eso insisto. Simplificar trámites es necesario. Urgente, incluso. Pero hacerlo sin fortalecer a los ayuntamientos es un error estratégico.
El verdadero camino no es saltarse al municipio. Es profesionalizarlo. Dotarlo de capacidades técnicas. Digitalizar sus procesos. Establecer criterios homogéneos y plazos claros. Fortalecer sus oficinas de planeamiento. Convertir a las alcaldías en aliadas del desarrollo, no en simples estaciones de paso.
Reducir de 131 a 39 pasos puede ser una meta razonable. Pero la pregunta clave es dónde quedarán esos pasos y quién tomará las decisiones críticas.
Porque el desarrollo real no se decreta. Se construye desde el territorio. Y el territorio tiene nombre, rostro y comunidad.
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