Desde que se creó el Fondo de Cohesión Territorial (FCT), me he cuestionado si realmente contribuye a fortalecer la autonomía de los gobiernos locales o si, por el contrario, refuerza la centralización del poder. Este fondo, administrado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), tiene la intención de reducir las desigualdades territoriales mediante la asignación de recursos a proyectos de inversión pública en municipios con mayores niveles de pobreza. Empero, en lugar de otorgar estos fondos directamente a los ayuntamientos, se canalizan a través de una estructura centralizada, lo que me hace preguntarme si este mecanismo realmente responde a las necesidades locales.
Como alguien que ha observado de cerca el funcionamiento de los gobiernos municipales, sé que los ayuntamientos son quienes mejor conocen las necesidades de sus comunidades. Son ellos los que enfrentan cada día los problemas de infraestructura, servicios básicos y desarrollo local. Por eso, me parece que asignar estos fondos directamente a los ayuntamientos permitiría una gestión más ágil y efectiva. Sin embargo, el gobierno central argumenta que muchos municipios carecen de la capacidad técnica y administrativa para ejecutar proyectos de manera eficiente. ¿No sería más sensato fortalecer esas capacidades en lugar de centralizar los recursos?
A lo largo de los años, he visto cómo la descentralización se ha promovido como una política clave para fortalecer la democracia y la gestión pública. Me parece, que la existencia del FCT parece ir en la dirección contraria. Si los ayuntamientos tienen que depender de la aprobación del gobierno central para recibir fondos, ¿cómo pueden ejercer una autonomía real? En lugar de empoderar a las autoridades locales, este modelo perpetúa la dependencia administrativa y política, algo que considero preocupante.
Otro problema que veo con el FCT es la burocracia adicional que impone en la ejecución de proyectos. En teoría, una transferencia directa de recursos a los ayuntamientos agilizaría la implementación de obras y programas locales. Por otro lado, al tener que pasar por múltiples procesos de evaluación y aprobación en el MEPyD, se generan retrasos que afectan la capacidad de respuesta ante problemas urgentes, como la reparación de calles, la gestión de residuos o el acceso al agua potable. Me pregunto si estos retrasos realmente justifican la existencia de este mecanismo.
Además, me preocupa la transparencia en la distribución de los fondos. Al centralizarse en el MEPyD, se reduce la capacidad de control y fiscalización directa por parte de las comunidades y los órganos locales. Aunque el FCT dice buscar una distribución equitativa, la falta de claridad en los criterios de selección de proyectos podría dar lugar a decisiones discrecionales influenciadas por intereses políticos. Si realmente queremos fortalecer la democracia local, necesitamos mayor rendición de cuentas y menos opacidad en el manejo de los recursos.
Siempre he creído que hay alternativas más efectivas para lograr el desarrollo territorial sin comprometer la autonomía municipal. Una de ellas podría ser fortalecer la capacidad de los ayuntamientos mediante programas de asistencia técnica y capacitación. En lugar de centralizar los recursos en el FCT, el gobierno podría diseñar esquemas de acompañamiento que permitan a los municipios mejorar sus competencias en planificación, ejecución y fiscalización de proyectos. Esto no sólo garantizaría un uso más eficiente de los fondos, sino que también fomentaría una mayor responsabilidad en la administración municipal.
He escuchado a muchos alcaldes y regidores quejarse de la falta de recursos para responder a las necesidades de la población. Aunque así sea, el problema no sólo es cuánto dinero se asigna a los municipios, sino cómo se distribuye. Históricamente, los ayuntamientos han reclamado un incremento en la proporción del presupuesto nacional que se les transfiere, argumentando que la asignación actual es insuficiente. En lugar de crear mecanismos adicionales como el FCT, tal vez sería más efectivo rediseñar el sistema de transferencias para garantizar que los municipios reciban lo que realmente necesitan y tengan la autonomía para administrarlo.
Sé que el FCT ha permitido la ejecución de varios proyectos, desde la construcción de acueductos hasta la mejora de infraestructuras locales. Pero también me pregunto: ¿por qué estos proyectos no pueden ser gestionados directamente por los ayuntamientos? En lugar de fortalecer la institucionalidad local, el FCT parece reforzar la centralización de las decisiones sobre desarrollo territorial, lo que contradice los principios de descentralización y gobernanza efectiva que tanto se pregonan.
Si realmente queremos reducir las desigualdades entre municipios, debemos cuestionar la forma en que se estructuran los mecanismos de financiamiento. Concentrar el poder de decisión en el gobierno central no es la mejor estrategia. Más bien, debemos apostar por fortalecer la autonomía municipal, transferir competencias reales y asegurar que los ayuntamientos tengan los recursos y la capacidad para gestionar sus propios proyectos. A fin de cuentas, quienes están en el territorio son quienes mejor saben cómo mejorar sus comunidades.
Por todo esto, creo que el Fondo de Cohesión Territorial, aunque bien intencionado, podría estar generando más problemas de los que resuelve. En lugar de canalizar los recursos a través de una estructura centralizada, sería más beneficioso fortalecer la capacidad de los gobiernos locales. No se trata sólo de descentralizar el dinero, sino también de descentralizar el poder de decisión. Y mientras sigamos dependiendo de estructuras centralizadas, los municipios seguirán sin poder responder de manera efectiva a las necesidades de la gente.
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