El presidente Luis Abinader se propuso impulsar un paquete de reformas en el tramo inicial de su segundo período, consciente de los esfuerzos que imponen estos proyectos para lograr su aprobación, aun cuando cuenta con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso Nacional. Salir en cuanto antes del camino malo es una decisión inteligente.
Confirmada su victoria en mayo pasado, pisó el acelerador en los siguientes tres meses de la transición y ordenó a su equipo estratégico la ejecución de estudios, consultas, diálogo y evaluación para concebir su propuesta de reestructuración y racionalización de la Administración Pública. El país pudo conocer de su voz y de los ministros involucrados en esta fase, en «LA Semanal con la Prensa» del pasado lunes, cuan profundos serían los cambios que impactarían en la eliminación y fusiones de direcciones y ministerios.
El impacto mediático que todavía se manifiesta desde entonces se corresponde con la dimensión de las reformas que promueve Luis Abinader. Tomándole el pulso al equipo estratégico de Presidencia, el mandatario apura el paso para cerrar cada uno de los ciclos que agotarán estos proyectos en las instancias correspondientes, y concentrarse en la gobernanza, es decir, aglutinar esfuerzos en las obras que definirán su legado en el Estado.
Sin una política administrativa que eficientice y racionalice el gasto público, con los índices de endeudamiento del Gobierno, el Poder Ejecutivo confrontaría problemas para concluir con proyectos que ameritan inversiones muy altas, afectando el desempeño de su segundo período, históricamente mucho más convulso para un presidente que va de salida y que a partir del 2026 entra en una etapa de competencia interna que –indefectiblemente– incide en la agenda oficial.
Esto explica por qué el jefe de Estado advirtió en la rueda de prensa que las propuestas irán al Congreso Nacional para que sean aprobadas, ya que desde el punto de vista económico «se podrán ir haciendo los ahorros debidos». El Gobierno necesita dinero, mucho más dinero para seguir obrando a favor del desarrollo del país, la dinamización de la economía y, naturalmente, afianzar el posicionamiento electoral del Partido Revolucionario Moderno.
Las fusiones en el ojo del huracán
Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, con pose solemne y palabras santificadas, nombró a los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y de Educación (Minerd), como la primera propuesta de fusión institucional.
Como un «absurdo olímpico» se viene calificando desde la oposición, la Asociación Dominicana de Profesores y otros ámbitos de influencia, la unificación de estos dos ministerios. El codiciado 4% reservado en el presupuesto nacional para el Minerd –concluyen quienes critican esta idea– es el propósito principal para encaminar el proyecto en esta dirección.
«Con esto se busca la optimización de recursos y eficiencia en el gasto educativo, con una distribución más estratégica e integral de los recursos, fortaleciendo la calidad educativa y reduciendo costos». Alcanzar una mejora en la calidad educativa, facilitar un enfoque integral de la educación, desde la formación básica hasta la superior –alineando los currículos con «las demandas del mercado laboral»– es un argumento que expuso Sigmund Freund en su participación en «La Semanal».
Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su oposición a esta idea: «La incapacidad del Ministerio de Educación para responder de manera efectiva a las necesidades del nivel preuniversitario solo empeoraría las deficiencias actuales». En ese mismo espíritu reaccionó Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo.
Reducción de empleos
Todavía no está del todo claro cómo el Gobierno se ahorraría 25,000 millones de pesos con el proceso de fusión de las instituciones que sufrirían esta modificación. El temor de los sectores que se oponen a reformas de esta índole argumentan que no sería posible un ahorro significativo sino se eliminan empleos en aquellas instituciones que involucra la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.
En el Congreso Nacional, legisladores del partido de Gobierno calificaron como positivo el paquete de reforma gubernamental, pero expresaron su temor a que esto tenga como consecuencia el despido de empleados en el sector público.
Sigmund Freund no especificó cuál será el impacto de las reformas en relación con el porcentaje de trabajadores que serían desvinculados, pensionados o reubicados, estatus en que caerán las personas si se materializa la fusión de las instituciones involucradas en estas reformas.
El 2024 está a las puertas de su último trimestre, con las reformas impulsadas desde el Gobierno ocupando titulares de primera página. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, anunció ayer que serán 20 y no 53 la cantidad de diputados que impactaría la reforma constitucional sometida por Luis Abinader, que va cerrando fila con los sectores en conflicto para lograr pasar el proyecto en el Poder Legislativo.
Los comisionados del Senado están inmersos en los trabajos para elegir a la nueva Junta Central Electoral, que debe ser sancionada en noviembre, mientras se preparan para recibir la propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública. El mandatario, que transita por una ruta crítica en estos días, se propuso planchar estas iniciativas antes de pasar la página para dar curso a una inminente reforma tributaria que posibilite incrementar los ingresos del Gobierno. Iniciar el 2025 liberado de todo este peso es el deseo número uno en la lista de propósitos de fin de año del presidente Luis Abinader.
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