Lima, Perú. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), lamentó la escasa participación de la sociedad civil dominicana en los trabajos de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada del 10 al 14 de abril, en Lima, Perú, como país anfitrión, siendo el tema central la «Gobernabilidad democrática frente a la corrupción», con la representación de más de 30 países del continente y la presencia de actores sociales y empresariales, bajo la coordinación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, informó que apenas estuvieron acreditados para el evento unas 4 organizaciones de la sociedad civil dominicana, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que dirige Manuel María Mercedes y otras que propugnan por los derechos de los nacionales haitianos en proceso de regularización migratoria, más el caso particular de la FJT, orientada a la transparencia, la institucionalidad democrática y el estado de derecho.
Para la entidad cívica fue también objeto de preocupación el giro que tomaron los encuentros y discusiones de la sociedad en actividades paralelas y conducentes a producir los insumos para las conclusiones finales de la cumbre, matizados por el abucheo e intolerancia de sectores adeptos a los regímenes cubano y venezolano, quienes limitaron las discusiones estrictamente al plano político e ideológico, dejando fuera todo lo relativo al flagelo de la corrupción.
En consecuencia deploramos la aptitud de sectores oficiales de Cuba y Venezuela, quienes monopolizaron y boicotearon la participación de la sociedad civil, con la agravante de incidental y coaccionar el uso de la palabra, tanto al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, como al representante del gobierno norteamericano, obligándoles prácticamente a abandonar el evento.
De acuerdo con Potentini el espacio de la cumbre fue poco aprovechado por la sociedad civil para poner de relieve el lastre y secuela negativa de la corrupción y su indiscutible influencia en la violación a los derechos humanos; además de ser una seria amenaza para la gobernabilidad democrática y la paz pública.
Pese a reconocer el interés de los gobiernos, por lo menos a título retórico en la conclusiones finales de la cumbre, dirigidos a la conjunción de esfuerzos conjuntos para combatir la corrupción, entiende que resultarían insuficientes, sino se cambian y reforman las instituciones encargadas de perseguir y castigar la corrupción, nos referimos a un ministerio público y justicia independiente.
Finalmente, la FJT entiende que debe haber una reflexión profunda sobre el caso ODEBRECHT, aprovechando la nefasta experiencia para plantearse correctivos al mediano y largo plazo, los cuales fortalezcan las contrataciones públicas, la supervisión y fiscalización de las obras en proceso de ejecución, la rendición de cuentas y los mecanismos de control y castigo del financiamiento ilegal de campañas.
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