La magistrada Awilda Reyes Beltré y el renunciante consejero Francisco Arias Valera, acusados de formar parte de una red que vendía sentencias, recurrirán la medida de coerción del juez de Instrucción Especial, Ramón Horacio González Pérez, que dispone su envío por tres meses a la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
El anuncio lo hizo el abogado Carlos Balcácer, defensor de Arias Valera, tras darse lectura íntegra de la sentencia y ser notificados. Balcácer informó que fue autorizado por Reyes Beltré para interponer una querella contra el magistrado González Pérez, por este mencionar los nombres de sus hijos en su decisión.
“Él (González Pérez) de forma abusiva mencionó nombre de menores en esa sentencia, cuando el Código del Menor a él se lo prohíbe, pero habrá una querella disciplinaria en su contra”, apuntó el abogado, quien dijo que lo hará independientemente no ser su defensor. La apelación se hará a las 11:00 a.m. ante la misma sala del juez de la instrucción especial.
Ayer se dio lectura íntegra al dictamen en una audiencia donde no se permitió hacerle fílmicas ni fotos a los imputados, tras el juez acoger un pedimento elevado en ese sentido por los procesados.
Ambos imputados se rehusaron hablar con la prensa y en el caso especial de Reyes Beltré, tanto a la entrada como a la salida del tribunal ocultó sus manos todo el tiempo bajo una bufanda, a fin de que no se les vieran las esposas.
Tras permanecer sentadas escuchando la lectura de la sentencia, varias señoras familiares de chóferes asesinados por la banda que alegadamente encabezaba el regidor de Pedro Brand, Ericson De los Santos Solís, aprovecharon para enrostrarle a la magistrada que está pagando por sus actos.
Momentos en que era conducida bajo estrictas medidas de seguridad no perdieron la oportunidad de vociferarle “se está haciendo justicia”.
“Me siento bien, porque se está haciendo justicia, porque ella nos maltrató”, sostuvo Casilda Guerrero.
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