El Ministerio Público solicitó medida de coerción contra 21 implicados en el robo de unos 1,200 kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) de la Policía Nacional.Para el conocimiento de la solicitud hecha por la fiscalía de la provincia Santo Domingo ayer, fue designada la jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Wendy Martínez.
Hasta ahora se desconoce si la solicitud de medida consiste en prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida o presentación periódica.
El fiscal adjunto Máximo Díaz forma parte de los acusados por la procuraduría y hasta el momento no han trascendido los nombres de los coroneles, sargentos, tenientes y rasos, así como los otros fiscales señalados como responsables de la desaparición de la droga.
La instrucción dada por el procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, de no brindar información en torno al caso, aparentemente no es solo para los fiscales y la comisión investigadora sino para todo el sistema de justicia.
Con gran hermetismo y discreción las autoridades manejan el caso al punto de que ni en la secretaría general del palacio de Justicia de la provincia se pudieron obtener los datos de los imputados ya que para ello deben tener autorización de los superiores.
Previo a la designación de la magistrada Martínez, el presidente de la Cámara penal, Manuel Pérez García, se reunió con el procurador de la corte de apelación, quien posteriormente se reunió con la fiscal Olga Diná Llaverías.
A su salida del encuentro con el procurador, Diná Llaverías informó que no está autorizada para hablar del caso y que únicamente quien lo puede hacer es el procurador general de la República.
La comisión investigadora, que integran los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz e Iván Lorenzo, han interrogado a varios de los implicados en el caso sin embargo se desconoce si contra todos fue solicitada la medida de coerción.
Domínguez Brito ha informado que no es el primer robo que se realiza en la Dican y que por tales razones están investigando la estructura que se ha dedicado a sustraer la droga incautada a los narcotraficantes.
Se habla de que al menos tres casos de robo fueron identificados, uno en Miches donde presuntamente se decomisaron 250 kilos de cocaína, otros 33 kilos en Boca Chica y los 950 kilos presuntamente ocupados en una casa del ensanche Isabelita en el municipio Santo Domingo Este. Brito dijo que con ese caso “hay en juego muchas cosas, hay riesgos para muchos actores dentro del proceso y hay pruebas que se tienen que cuidar porque cualquier detalle puede dañar las investigaciones”.
Olga Diná Llaverías, fiscal de la provincia Santo Domingo.
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