La inteligencia artificial dejó de ser una conversación sobre el futuro. Ya está presente en herramientas de redacción, análisis de datos, cámaras, plataformas de atención, sistemas de tránsito y procesos que ayudan a las instituciones públicas a tomar decisiones. Su incorporación puede mejorar los servicios, reducir tiempos y organizar mejor la información. También puede abrir espacios de opacidad si no sabemos quién controla los datos, cómo funciona el sistema y quién responde cuando una decisión perjudica al ciudadano.
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 787-26, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. La disposición reconoce principios de equidad, inclusión, transparencia, protección de datos, seguridad y rendición de cuentas. También establece que siempre debe existir una autoridad humana responsable.
Este último punto resulta esencial. Una institución no puede justificar un error diciendo que lo produjo un algoritmo. La tecnología puede apoyar una decisión administrativa, pero la responsabilidad continúa siendo pública. El ciudadano tiene derecho a saber cuándo se utilizó inteligencia artificial, recibir una explicación comprensible y solicitar que una persona revise la decisión.
La norma exige evaluaciones previas para los sistemas de alto impacto, especialmente cuando puedan afectar derechos, beneficios sociales, servicios esenciales o potestades sancionadoras. Además, prohíbe prácticas como la clasificación social generalizada, la vigilancia biométrica masiva sin las garantías correspondientes y el perfilamiento basado en prejuicios territoriales o socioeconómicos.
Esto tiene una importancia particular para los gobiernos locales. Los ayuntamientos se acercan progresivamente a sistemas de videovigilancia, aplicaciones para reclamaciones, controles de tránsito, registros ciudadanos, permisos, fiscalización urbana y plataformas para administrar servicios. En esos espacios se recopilan nombres, ubicaciones, imágenes, hábitos y datos relacionados con la vida cotidiana de las personas.
La transformación digital municipal necesita reglas antes de convertirse en una carrera por comprar aplicaciones. Cada ayuntamiento debería identificar las herramientas que utiliza, determinar cuáles procesan información ciudadana, designar un responsable y publicar de manera sencilla para qué se usan los datos. También debe garantizarse que ninguna sanción, rechazo de solicitud o limitación de un servicio quede exclusivamente en manos de una decisión automatizada.
El decreto concede 180 días para que las instituciones adecuen sus procesos. Ese plazo debe aprovecharse para desarrollar capacidades, no para completar formularios. La Liga Municipal Dominicana, FEDOMU, el Ministerio de Administración Pública y la OGTIC podrían preparar un protocolo común para los gobiernos locales. Muchos ayuntamientos pequeños no cuentan con personal especializado para evaluar algoritmos, contratos tecnológicos o riesgos de ciberseguridad.
Las contrataciones también merecen atención. El Estado no debe adquirir sistemas cerrados que impidan conocer cómo operan o que entreguen el control de los datos a un proveedor. Los contratos deben establecer trazabilidad, seguridad, auditoría, portabilidad de la información y responsabilidad frente a fallas.
La inteligencia artificial puede contribuir a ciudades más eficientes, pero su valor dependerá de la confianza que genere. Innovar no consiste en automatizarlo todo. Consiste en mejorar la relación entre las instituciones y las personas. La pregunta principal no es cuánto puede hacer la tecnología por el Estado. Es quién responde ante el ciudadano cuando la tecnología participa en una decisión pública. Allí comienza la verdadera transformación digital.
