La reciente propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader ha generado un debate intenso. Entre los aspectos más destacados de esta reforma se encuentran la unificación de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales, así como la reducción del número de diputados en el Congreso Nacional. Ambos elementos han sido presentados bajo la premisa de generar ahorros significativos para el Estado. Sin embargo, un análisis más profundo revela que estas medidas, lejos de ser soluciones económicas, podrían tener consecuencias adversas para la democracia y la representación política en el país.
El argumento de unificar las elecciones con el objetivo de reducir costos parece atractivo en la superficie, pero se vuelve baladí cuando se compara con la realidad del comportamiento de la clase política en relación con el dispendio de recursos durante las campañas electorales. La unificación de las elecciones podría reducir ciertos costos operativos, pero no aborda el problema central: el uso ineficiente y excesivo de recursos en las campañas. En un sistema donde el clientelismo es una práctica común, la competencia entre los candidatos seguiría siendo feroz, y la reducción de costos se diluiría ante el gasto masivo que caracteriza a las elecciones dominicanas.
La democracia no se limita a las elecciones; es un proceso continuo que incluye la administración pública en su totalidad. Es en este ámbito donde se reflejan muchos de los problemas que la reforma pretende abordar. El gasto innecesario y la abultada nómina pública son ejemplos claros de la falta de eficiencia en la gestión estatal. Reducir los costos electorales sin una reforma integral que aborde estos otros aspectos de la administración pública es, en el mejor de los casos, un paliativo insuficiente.
La propuesta de reducir el número de diputados en el Congreso Nacional es otro punto controvertido de la reforma. Aunque se presenta como una medida de ahorro, en la práctica, esta reducción podría encarecer aún más las campañas electorales, beneficiando a los candidatos con mayores recursos económicos. En un sistema donde el clientelismo domina, esto podría excluir a representantes de sectores menos privilegiados, consolidando el poder en manos de una élite económica dispuesta a gastar grandes sumas de dinero para asegurar su elección.
Actualmente, muchos diputados logran sus escaños con una cantidad relativamente baja de votos. Reducir el número de escaños significaría que estos mismos diputados tendrían que obtener un número significativamente mayor de votos para ser reelectos, algo que sólo los candidatos con más recursos estarían en condiciones de lograr. Esto limitaría la diversidad y la pluralidad en el Congreso, afectando negativamente la representación democrática.
Históricamente, la creación de un sistema bicameral en el país tenía como propósito garantizar que los grupos minoritarios tuvieran representación en el Congreso. A diferencia de un senador, que debe captar la mayoría de los votos en una provincia, un diputado podía ser elegido con una fracción mucho más pequeña de votos. Sin embargo, el sistema democrático actual ha aniquilado esta posibilidad debido al alto costo de las campañas y al clientelismo generalizado. En este contexto, la existencia de un Senado pierde su justificación original.
Una propuesta más radical y quizás más efectiva sería eliminar el Senado y ampliar el número de diputados. Esta medida podría garantizar una representación más equitativa y representativa del territorio, asegurando que todas las regiones y grupos sociales tengan una voz en el Congreso. Con más diputados, sería posible distribuir los votos de manera más equitativa, reduciendo la influencia del dinero en las elecciones y promoviendo una mayor representatividad.
La eliminación del Senado y la ampliación de la Cámara de Diputados podrían simplificar el proceso legislativo, haciéndolo más eficiente y menos susceptible a las presiones de grupos de poder económico. Sin embargo, esta reforma debe implementarse con cautela para evitar que se perpetúen o se exacerben las prácticas clientelistas. Es crucial que cualquier reforma al sistema político dominicano tenga como objetivo fortalecer la democracia y mejorar la calidad de la representación, no simplemente reducir costos a expensas de la pluralidad y la inclusión.
La propuesta de reforma constitucional del presidente Abinader, aunque bien intencionada en su objetivo de reducir costos, podría tener efectos contrarios a los deseados; sin embargo, para que esta reforma sea efectiva, debe estar acompañada de un esfuerzo serio por erradicar el clientelismo y promover una administración pública eficiente y transparente. Solo así se podrá lograr una democracia verdaderamente representativa y sostenible.
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