Hay historias que parecen escritas para una película, pero ocurren a plena luz del día, en nuestras calles y frente a nuestros ojos. Historias que nos hacen preguntarnos en qué momento dejamos de distinguir entre el derecho a reclamar, la obligación de responder por nuestros actos y la peligrosa decisión de convertir un conflicto cotidiano en una tragedia.
El caso ocurrido en Santo Domingo Este, que terminó con la muerte de Joel Ferreras Amador, de 34 años, después de recibir un disparo durante un incidente en el que estuvo involucrado un cabo de la Policía Nacional, merece ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias.
El agente fue remitido al Ministerio Público y, según informaciones publicadas, posteriormente se le impusieron tres meses de prisión preventiva. Pero más allá de las versiones que deberán ser comprobadas por la investigación y los tribunales, hay algo que como sociedad no podemos pasar por alto; una discusión en la calle no debería terminar con una vida perdida.
Según familiares de Joel, él intentó que se atendiera la situación luego de que una mujer fuera atropellada. La familia afirma que el joven recibió el disparo cuando acudió a un cuartel móvil.
La versión preliminar de la Policía, sin embargo, señala que varias personas en motocicletas persiguieron al agente y que algunas habrían intentado despojarlo de su arma. Precisamente porque existen versiones diferentes, corresponde esperar una investigación seria, objetiva y transparente.
Y hay otra conversación que también debemos tener: no todos los motoristas son iguales, -y lo digo conconvencimiento de causa-. En nuestras calles hay miles de hombres y mujeres que utilizan una motocicleta para trabajar, llevar alimentos, transportar pasajeros, estudiar o simplemente movilizarse. Hay padres y madres de familia que salen cada mañana a buscar el sustento de sus hogares. No podemos convertirlos a todos en responsables de las conductas irresponsables de algunos, como es el caso de este cabo de la polícía que presuntamente cruzó un semáforo en rojo, atropellando a una señora que aún no se recupera totalmente de la situación.
Estoy tan convencida de lo que digo que hoy mientras transitaba por la avenida John F. Kennedy, vi a un motorista obligar a un chofer de auto privado a orillarse para que dejara pasar una ambulancia.
Sin embargo, quien conduce una motocicleta tiene la responsabilidad de respetar las señales de tránsito y la vida de los demás, cosa que pocos hacen.
Quien porta un arma y representa al Estado tiene una responsabilidad todavía mayor, que es actuar dentro de la ley y bajo los protocolos establecidos. Porque cuando la violencia sustituye al diálogo, perdemos todos.
Joel deja una familia y un niño de seis años, según sus familiares. Aristomeli Jiménez, la mujer involucrada en el accidente inicial, también quedó con lesiones y continúa recuperándose.
Dos vidas afectadas por un episodio que comenzó en una calle. Eso es lo verdaderamente distópico; que un incidente de tránsito pueda terminar convertido en una tragedia humana.
Necesitamos menos confrontación y más responsabilidad. Menos violencia y más respeto. Y, sobre todo, instituciones capaces de investigar los hechos con rigor para que la verdad no dependa de quién grite más fuerte.
Porque en una sociedad de derecho, la justicia no puede ser una reacción; tiene que ser el camino.
