La designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda, en medio de intensos rumores sobre la eventual reactivación del proyecto de reforma fiscal, es más que un movimiento técnico en el gabinete económico del presidente Luis Abinader, que ve partir con cierta indiferencia al ex incumbente Jochi Vicente. La entrada del veterano economista al tren gubernamental es una señal directa y estratégica de que el gobierno busca retomar, con renovada legitimidad técnica y política, uno de los temas más sensibles y postergados de la agenda nacional, el cual fraguó de manera olímpica poco después de su presentación en Palacio Nacional.
Díaz no es un rostro nuevo para el ecosistema económico. Su paso por la Dirección General de Impuestos Internos entre 2016 y 2020 se caracterizó por una gestión técnicamente sólida, con una modernización significativa del sistema tributario, mayor eficiencia recaudatoria y un estilo de bajo perfil, pero con efectividad que se le reconoció. Su imagen pública, que ha generado el entusiasmo del empresariado y figuras de alto perfil de los círculos políticos, es percibida como profesional y distante de agendas partidistas, podría servir como puente entre un gobierno que enfrenta desgaste político y una ciudadanía reacia a nuevos impuestos.
En ese contexto, su entrada a Hacienda implica un cambio de ritmo y, sin duda, un nuevo aire en el entorno del presidente: del enfoque de administración prudente de recursos hacia uno orientado a construir condiciones para un pacto fiscal estructural. Esto ocurre en un momento en que el gobierno necesita reenfocar su narrativa de cara al inicio del segundo año de una administración que inició en el 2020, donde el margen político suele reducirse, pero también donde pueden emprenderse reformas de largo plazo si se cuenta con el liderazgo adecuado.
La aspiración de Abinader de reintroducir una reforma fiscal, tantas veces anunciada y en esos mismos intentos aplazada, necesitará no solo de pericia técnica, sino de habilidad política. Magín Díaz puede ofrecer lo primero; lo segundo requerirá un esfuerzo mayor de concertación entre fuerzas sociales, empresariales y políticas, muchas de las cuales se han mostrado escépticas ante cualquier intento de redistribución tributaria sin garantías de calidad del gasto y transparencia institucional.
El reto para volver a retomar la conversación de este tema no es menor. Pero con la designación de Díaz materializada, el mensaje es diáfano: el gobierno no busca improvisar, sino armar una arquitectura fiscal con fundamentos técnicos y credibilidad ante el Congreso, los organismos multilaterales y la ciudadanía.
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