El año 2026 no ha dado tiempo para calentamientos. Desde sus primeras horas, el Estado dominicano se mueve a todo gas, con decisiones que envían mensajes claros sobre prioridades, estilos de gestión y apuestas políticas del presidente Luis Abinader. No se trata de gestos aislados, sino de una secuencia de acciones que, vistas en conjunto, configuran un inicio de año marcado por la reorganización institucional y la modernización de servicios clave para la ciudadanía. Una «nueva etapa», dijo el presidente Abinader, inicia el Gobierno.
El primer movimiento de alto impacto ha sido en el corazón jurídico del Poder Ejecutivo. La designación de Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, junto al nombramiento de Antoliano Peralta como ministro de Justicia, marca un giro relevante en este Poder. No solo por los nombres, ambos con peso propio en el ámbito legal y político, sino por lo que simboliza la creación de un Ministerio de Justicia aún en formación.
Este paso, según el propio presidente, sugiere la intención de dotar al Ejecutivo de una estructura más robusta para la articulación de políticas públicas vinculadas al Estado de derecho, la seguridad jurídica y la coordinación con el sistema judicial. Es, además, una señal de que Abinader quiere dejar huella institucional más allá de la coyuntura política inmediata.
Pero el arranque de 2026 no se limita a los despachos. El próximo día 8, la Junta Central Electoral (JCE) inicia el proceso de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral, comenzando simbólicamente con el propio presidente de la República. El gesto no es menor. En un país donde la cédula es mucho más que un documento —es llave de acceso a derechos, servicios y reconocimiento ciudadano—, la renovación del sistema de identificación representa un paso crucial hacia la modernización del Estado. La entrega escalonada a la población, cuyo cronograma está en ejecución, será una prueba logística y comunicacional para la JCE, que deberá garantizar transparencia, eficiencia y confianza en un proceso siempre sensible.
A este esfuerzo se suma la Dirección General de Pasaportes, que a partir del día 14 inicia la entrega del Pasaporte Electrónico. Con ello, el país entra de lleno en un estándar internacional que refuerza la seguridad documental y facilita la movilidad de sus ciudadanos. En tiempos de migraciones complejas y controles cada vez más estrictos, este avance no es solo tecnológico: es también político y diplomático. El pasaporte electrónico proyecta una imagen de país que se adapta y se integra a las exigencias globales.
Todo esto ocurre mientras se esperan nuevas designaciones por parte del Poder Ejecutivo. La expectativa no es casual. Cada nombramiento adicional completará el mapa de poder con el que el Gobierno pretende operar en este tramo decisivo de su gestión, en un 2026 en que la política irá de la mano de los procesos internos para elegir las nuevas autoridades partidarias. Abinader parece consciente de que 2026 no es un año cualquiera: es un período de ejecución, de consolidación y de resultados tangibles.
El reto, sin embargo, va más allá del ritmo. La velocidad debe ir acompañada de coherencia, eficiencia y sensibilidad social. Modernizar instituciones, cambiar funcionarios y lanzar nuevos documentos es necesario, pero insuficiente si no se traduce en mejoras concretas para la vida cotidiana de la gente. El 2026 arranca con señales claras de movimiento. Ahora le toca al Gobierno demostrar que no se trata solo de arrancar fuerte, sino de llegar lejos.
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