Excelentísimo señor Otto Pérez Molina,
Presidente de la República de Guatemala y Presidente Pro Tempore del SICA;
Excelentísimos señores Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana;
Honorables señores Ministros de Relaciones Exteriores;
Respetables miembros de las distintas delegaciones que nos acompañan;
Señoras y señores;
Ante todo, gracias a todos los guatemaltecos por acogernos nuevamente hoy en este hermoso país. Y gracias, especialmente, a su Presidente Otto Fernando Pérez Molina.
Cuando hace unos meses visitamos este país, con motivo de la cumbre entre el SICA y España, les felicitamos por estar desempeñando una Presidencia Pro Témpore especialmente activa y dinámica.
En esta ocasión, volvemos a repetir públicamente esta felicitación. Así como nuestro deseo de que los próximos seis meses, en los que El Salvador tendrá la Presidencia Pro Tempore de esta organización, se caractericen por un igual impulso a nuestra agenda de integración.
Porque, no lo duden, en los próximos años vamos a necesitar de este dinamismo, para hacer frente a los desafíos que nos plantean la integración comercial, la seguridad ciudadana o los movimientos migratorios.
Hoy quiero hablarles de este último aspecto. De las migraciones y de las respuestas que debemos darle desde los Gobiernos. Es decir, de las políticas de migración y documentación. Y en concreto de lo que en este campo hemos logrado recientemente en la República Dominicana.
Quisiera empezar recordando que, al igual que el resto de países del SICA, la República Dominicana ha sido durante las últimas décadas un país de emigrantes. Y en buena medida lo sigue siendo.
Cientos de miles de dominicanos y dominicanas viven en Estados Unidos y Europa, en muchas ocasiones manteniendo a sus familias mediante el envío de remesas ganadas duramente con su trabajo.
Esta es una experiencia común en la que se reconocen millones de centroamericanos.
Por eso, en noviembre del año pasado, todos los presentes seguimos con atención la acción ejecutiva que el Presidente Obama tomó para arreglar su sistema migratorio, al que en su momento definió como un sistema roto.
Esta acción se encuentra actualmente en un impasse debido a resistencias en la oposición republicana. Pero, si finalmente consiguen arreglar ese sistema roto, y esperamos que así sea, cientos de miles de nuestros compatriotas centroamericanos y caribeños podrían vivir y trabajar en el vecino país del norte con más seguridad y más derechos.
Obviamente, si a los Estados Unidos, con sus inmensos recursos, la documentación de los migrantes les supone un reto, es lógico que a nosotros nos lo plantee igualmente, y mucho más que a ellos.
En el caso de la República Dominicana, heredamos también un sistema que nos mantuvo durante décadas en una situación de debilidad administrativa. Y que había dejado a grupos enteros, de población, tanto nacionales como migrantes, en situación de indocumentación y vulnerabilidad.
Para poner fin a esta situación, decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con una documentación acorde a su situación. Ya sean dominicanos, extranjeros en situación regular, o irregular.
Dos fueron los principios fundamentales que nos guiaron en esta iniciativa: el estricto respeto a las leyes dominicanas y la protección de los derechos humanos de las personas.
Y dos fueron también los mecanismos legales de los que nos dotamos: la Ley Especial 169-14 y el Plan Nacional de Regularización.
La Ley Especial 169-14 establece dos grandes grupos de personas beneficiarias que se denominaron Grupo A y Grupo B, de acuerdo a su estatus documental.
El Grupo A corresponde a personas nacidas en la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por nuestro Estado acreditándolos como nacionales.
Gracias a la ley, 55,000 personas en esta situación han visto reconocida su documentación por la Junta Central Electoral y con ella, su ciudadanía dominicana.
El Grupo B está conformado por hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación. Las 8,755 personas que en virtud de la ley solicitaron su registro en el Libro de Extranjería podrán acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos años.
En cuanto al Plan Nacional de Regularización, esta iniciativa especial buscaba corregir situaciones migratorias de las personas que estaban en el país de manera irregular.
Al cierre del plazo, 288,486 personas solicitaron su regularización en alguno de los 24 centros de atención que abrimos en todo el territorio y están hoy en proceso de recibir el estatus que ameritan.
Merece la pena señalar que, durante el tiempo que estuvo en vigor el Plan, que fue de 18 meses, las deportaciones se suspendieron. Y que se llevó a cabo una campaña de comunicación e información para dar a conocer estas iniciativas a todos los posibles beneficiarios, además de ofrecer orientación, apoyo en las comunidades y de ofrecer un trabajo totalmente gratuito.
De la misma manera, para facilitar el acceso a los interesados el gobierno incorporó instituciones y organismos con experiencia en la materia, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, la Unión Europea, el PNUD y la Mesa Nacional para las Migraciones, entre otras.
Como quizá sepan, durante los últimos meses, algunos medios de comunicación internacionales y algunas organizaciones, han repetido la teoría de que más de 200,000 personas habrían quedado en situación de apatridia y estarían en peligro de ser expulsados de la República Dominicana.
Esto es completamente falso. Y como no queremos pensar que es un falsedad malintencionada, sino que se trata de un error, vamos a examinar por un momento donde tiene su origen este error en las cifras y cuál es la realidad.
Quienes originalmente plantearon estas cifras tomaron como base los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del año 2012, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas, con la colaboración de las Naciones Unidas.
Según la Encuesta, teníamos en el momento 244 mil 151 personas hijas de extranjeros. De esta información, sin embargo, no podemos deducir nada sobre el estatus documental ni migratorio de estas personas, mucho menos su situación de apatridia.
Ocurre que de ese total, 105 mil 381 tienen por lo menos un padre dominicano, por lo tanto les corresponde la nacionalidad dominicana de pleno derecho según nuestra Constitución. Dicho de otra forma, sabemos ya que no son apátridas.
El resto, 138 mil 770 son hijos con ambos padres extranjeros, pero no por eso apátridas.
Para empezar porque, de este grupo, 20 mil 213 de esos, dicen poseer un documento de identidad extranjero y 16 mil 556 dicen poseer documento extranjero y dominicano. Podemos decir con certeza, que estas 36,769 personas tienen su situación en cuanto a nacionalidad resuelta, incluso doblemente resuelta.
La cifra de potenciales “apátridas” se habría reducido entonces a 100,000 personas aproximadamente.
Sin embargo, entre esos están las 55,000 personas del Grupo A y sus descendientes, así como los 8,775 del grupo B que, como expliqué, han visto su nacionalidad reconocida por la Junta Central Electoral.
Es el caso, por ejemplo, de la señora Juliana Deguis y de sus cuatro hijos, que hasta hace poco no habían sido registrados por la situación de indefinición documental de su madre, pero que ya lo están.
Es fácil deducir que los 100,000 restantes, de acuerdo a la encuesta, son esta población y que su problemática también ha sido resuelta. Es decir, tampoco están en situación de apatridia ni en peligro de ser expulsados del país.
En definitiva, seamos claros: en la República Dominicana el número de casos de apatridia es cero.
Esa es la realidad, y puede ser constatada por los organismos de Naciones Unidas especializados en la materia con presencia en el país.
Por supuesto, como cualquier Estado, no somos infalibles y podemos cometer errores. Si eso llegara a ocurrir y alguien presentara un caso de apatridia a nuestro gobierno debidamente documentado, no les quepa duda de que le daremos la debida solución.
Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con los mecanismos para que así sea. Pero hasta el día de hoy eso no se ha producido ni mucho menos hemos posibilitado una política de Estado para propiciar nada semejante, como algunos se han atrevido a insinuar.
Por tanto, quiero ser muy enfático en esto, no permitiremos que se siga hablando en esos términos de nuestro país con total impunidad.
Entiendo que esta es una realidad compleja, con distintas figuras legales, diversos grupos de población y varias cifras.
Es una realidad quizá menos mediática, ya que no se presta a grandes titulares alarmistas, ni a una narrativa prefabricada de perseguidores y perseguidos.
Es una realidad que exige de análisis, investigación, rigor y honestidad. Y esas son precisamente las virtudes que se le suponen a la labor periodística. A la prensa internacional, por tanto, le invitamos a ejercerlas en la República Dominicana.
El 17 de junio finalizó el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización. Y con su finalización, a pesar de lo que muchos parecían esperar, no se produjo ninguna catástrofe humanitaria, ni se inició ninguna caza de brujas.
Sencillamente, lo único que ocurrió es que volvió a entrar en vigor nuestra legislación habitual en materia de migración. Ni más, ni menos.
Pero, más allá de las especulaciones, considero que tras un esfuerzo colectivo como este, es importante hacer un balance justo de lo que se ha logrado. Y no podemos permitir que el debate quede exclusivamente en manos de los sectores más polarizados.
Porque hay algunas organizaciones y medios de comunicación que parecen querer conjurar en la República Dominicana de hoy actual los miedos de otras épocas u otras latitudes. Dicen hablar desde el humanitarismo pero, por desgracia, lo hacen también desde el desconocimiento de los acontecimientos sobre el terreno.
Sin embargo, por encima de las opiniones y los discursos de uno y otro signo están los hechos irrefutables que, como Jefe de Estado, quiero reivindicar.
La realidad es que, en la República Dominicana, más de 350,000 personas han visto regularizada su situación y serán dotadas del estatus documental que les corresponde. Para los que se acogieron al plan de regularización este será la residencia legal. Para los que se beneficiaron de la ley 169-14, será la nacionalidad.
Debo decir que pocos países pueden exhibir un resultado similar en tan poco tiempo en esta materia.
La realidad es, también, que en nuestro país ni hay, ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas. No las ha habido desde que llegó la democracia, no las necesitamos, y por supuesto, no las habrá en el futuro.
Se aplicará la ley, sí, individualmente, con garantías, y dando facilidades para el retorno voluntario, al que ya se han acogido decenas de miles de personas que no cumplían los requisitos del Plan. Esa es la realidad de un Estado de Derecho.
La realidad es que en la República Dominicana no se han registrado casos de apatridia, por más que algunos quieran seguir inventándolos. Como les decía, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no ha constatado ninguno y, precisamente para eliminar el peligro de que se dieran, votamos la ley 169-14 y la aplicamos con éxito.
La realidad, en definitiva, es que en 2015, en nuestro país, cientos de miles de personas tendrán una documentación y unos derechos que en 2013 no tenían.
¡Y este ha sido, no lo duden, un gran avance para los derechos humanos en la región!
Un éxito que solo fue posible gracias a los valores sobre los que estamos construyendo la República Dominicana. Un país justo, solidario, donde los derechos se respetan y donde las leyes se cumplen.
Dicho esto, quiero enfatizar también que nuestro país tiene el derecho soberano de regularizar los flujos migratorios de acuerdo a las leyes que nos rigen, igual que lo tienen y lo ejercen países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea.
Por tanto, no vamos a permitir que continúe esta campaña sucia y de descrédito que hace oídos sordos a todas las garantías que hemos establecido para proteger a las personas y se prefiere anunciar una crisis humanitaria inexistente.
Tampoco vamos a plegarnos a las falsas acusaciones de racismo o xenofobia, que carecen completamente de fundamento en un país caracterizado por el mestizaje desde hace siglos.
No aceptaremos ese chantaje que nos amenaza con sanciones internacionales basándose en acusaciones que son absolutamente falsas.
La República Dominicana es un país abierto al mundo, que no olvida los sacrificios de su hermanos en el exterior y que valora de la misma forma las aportaciones de todos aquellos que llegan a nuestra tierra.
El primer destino turístico del Caribe y también el país que más inversión extranjera ha recibido en los últimos años, precisamente por la acogida que damos a las personas y por la seguridad jurídica que ofrecemos a los empresarios.
Sin embargo, pueden estar seguros de que nuestra soberanía no se pondrá en cuestión, ni porque llegue un turista más, ni por un centavo más de inversión.
Aquellos que prefieran creen lo que les dicen otros, alimentar prejuicios y vivir en el engaño, son libres de hacerlo, pero no cuenten con nosotros para seguirles el juego.
Aquellos que quieran venir a nuestro territorio y comprobar con sus propios ojos la realidad de nuestro país, la bondad de nuestra gente y las oportunidades que ofrecemos, son bienvenidos, como siempre lo han sido.
Muchas gracias, a todos los presentes, por permitirme informarles de estos asuntos de gran importancia para nuestro país, y que me consta encuentran un eco de reconocimiento en el conjunto de los países del SICA.
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