El senador Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana, reintrodujo este miércoles en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley de evaluación de la efectividad de los incentivos fiscales, económicos y exenciones fiscales que otorgue el Estado dominicano.
Este proyecto tiene como propósito adoptar el marco legal para viabilizar la evaluación periódica de incentivos fiscales gubernamentales existentes y requerir, como política pública, que toda medida de incentivo fiscal aprobada a partir de que el mismo sea convertido en ley, contenga parámetros para la adecuada evaluación del incentivo otorgado.
“Por este motivo estamos introduciendo este Proyecto de Ley, a fin de garantizar un fortalecimiento de las políticas públicas en la República Dominicana y la optimización de la administración recursos del Estado, de las finanzas públicas a fin de garantizar un mejor porvenir para los hombres y mujeres de nuestra Patria”, dijo en rueda de prensa en su despacho el legislador.
Agregó que en “términos generales puede decirse que los incentivos tributarios constituyen instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores económicos a un costo fiscal limitado”.
En el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2015 se estiman unos RD$201,751 millones, un 6.7% del Producto Interno Bruto, a Gasto Tributario.
Galán señaló que “pese a los altos costos que dicho gasto tributario representan para el Estado dominicano, éste último no cuenta con el dispositivo legal que instrumente un mecanismo de evaluación y medición del impacto de dichos incentivos, pues se desconoce los costos y los beneficios que presentan para el Gobierno y Estado, y en especial, habría que determinar si los mismos cumplen con los objetivos que le dieron origen. Nosotros creemos que, el Estado Dominicano deben evaluar regular y constantemente los incentivos que otorga para determinar si están funcionando correctamente o no, pues, dichas evaluaciones constituyen piezas fundamentales a la hora de tomar decisiones de política pública”.
El senador de la República por la provincia de San Cristóbal, explicó que de “esta forma se pueden tomar decisiones de política pública en torno a ampliar, continuar, reformar o terminar un programa de incentivo, y evitar pérdidas innecesarias de los escasos recursos del estado o por el contrario potenciar un resultado beneficiador. Esta flexibilidad que establece el proyecto de Ley, es de suma importancia, pues el otorgamiento de incentivos fiscales o cualquier tipo de preferencias contributiva es una decisión de política pública, que requiere el balance entre invertir fondos públicos para propósitos tales como educación, salud, seguridad ciudadana, u otorgar dichos incentivos».
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