El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Potentini, al ser entrevistado en los programas «Matinal 5» y «Revista tele-quince», fue reiterativo en asegurar que estaríamos en presencia de una quiebra de la institucionalidad y el estado de derecho si persisten en desconocer e inobservar la sentencia del Tribunal Constitucional, que revoca por incompetente la decisión del Tribunal Superior Electoral sobre el conflicto en la institución.

Potentini explicó que el Tribunal Constitucional acogió su recurso, y que una vez eliminada la sentencia del superior electoral, lo que queda firme es la decisión de la comisión nacional electoral que, a finales del mes de diciembre, nos proclamó y juramentó, fuera de ello no hay impedimento alguno para que el gobierno garantice el ejercicio pleno de nuestra presidencia.

El presidente del gremio que agrupa los abogados recordó que Jhoan López, no es parte del proceso y que la referida sentencia es fruto de un amparo inicial, que sometiera ante el superior electoral Diego José García, cuyo amparo aun cuando sea conocido en el superior administrativo, nunca sería suspensivo de nuestra condición de presidente del CARD.

Aceptar que estamos en un limbo o en una indefinición como han informado a la prensa, sería un atentado a la institucionalidad y desconocimiento de los fundamentos y funciones del Tribunal Constitucional.

El presidente del CARD, al ser cuestionado en ambos programas, sobre la eventual propuesta de reforma constitucional, que estará presentando el presidente Abinader, se rehusó a referirse al tema, bajo el alegato de que tendría poco sentido para el Colegio de Abogados hablar de reforma ante la desconsideración de que estaría siendo objeto el gremio con el desconocimiento de su institucionalidad.

Potentini reiteró su llamado a la unidad para salvar el gremio, particularmente a la parte institucional de los abogados del Partido Revolucionario Moderno, en la persona de su presidenta la Dra. Belgia Soler, el hacer la gestión de lugar a los fines de viabilizar la participación de los juristas del PRM en la gobernabilidad del CARD.

La entrada Trajano Potentini: «Desconocer sentencia del Tribunal Constitucional quiebra estado de derecho» se publicó primero en LaCronica.do.

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini al ser entrevistado en el tele-matutino 11, conducido por los periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, que se transmite de lunes a viernes en horario de 8 a 9 de la mañana, por Telesistema canal 11, pidió al gobierno dominicano reconsiderar los nuevos horarios del toque de queda, por entender que el mismo puede tener un efecto contrario al perseguido, además de afectar sensiblemente al sector comercial y al aparato productivo nacional. 

La entidad cívica pese a reconocer el impacto y la secuela negativa del Covid-19, y aun con el evidente repunte de la enfermedad en el país, entiende que ya es tiempo de ir asimilando que el coronavirus no se va a resolver en el corto tiempo, que tenemos que aprender a vivir con el virus, buscando alternativas que no sigan perjudicando la economía.

De acuerdo con Pontetini, es hora de que exploremos otras fórmulas diferentes al toque de queda, el cual pudiera estar ejerciendo un efecto contrario al perseguido, por ejemplo, los fines de semana si cerramos al medio día, estaremos obligando a los dominicanos a concurrir en masas a los supermercados u otros establecimientos, disponiendo apenas de 3 o 4 horas hábiles para hacer nuestras diligencias.

Tenemos que priorización el quehacer económico, como única alternativa de evitar una quiebra colectiva del sector productivo nacional; además del cansancio que tienen ya los dominicanos, de ser vejados y maltratados por la policía en las calles, en franca y abierta violación a sus derechos fundamentales.

La FJT entiende que ha sido más que aleccionador para el país, el efecto didáctico de la cuarentena, sirviendo, para concienciar a los dominicanos, observando cada día más los protocolos de rigor, con la experiencia de áreas vitales como los bancos, farmacias, supermercados y lugares de diversión. 

Pontetini recordó que ya la letalidad del Covi-19, ha disminuido a menos del 2%, resultando más letales para los dominicanos, otras enfermedades como la gripe, quedando sin justificación científica los prolongados e interminables toques de queda, que laceran la economía y violan lo más elementales derechos de los dominicanos, tales como la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, al trabajo y el libre desarrollo.

La entrada Trajano Potentini pide al gobierno reconsiderar horario de toque de queda se publicó primero en LaCronica.do.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció la flexibilización del toque de queda y la priorización del quehacer económico, como única alternativa de evitar una quiebra colectiva del sector productivo nacional; además del cansancio que tienen ya los dominicanos, de ser vejados y maltratados por la policía en las calles, en franca y abierta violación a sus derechos fundamentales.

La entidad de sociedad civil considera que ya es tiempo de hacer acopio de la experiencia comparada, con el manejo de la pandemia, además de ir asimilando que el Coronavirus, no se va a resolver en el corto tiempo y que hay que aprender a vivir con el monstruo, procurando las opciones que permitan garantizar la sostenibilidad y el desarrollo armónico de la sociedad dominicana.

De acuerdo con Trajano Potentini, presidente de la FJT, el efecto didáctico de la cuarentena, del toque de queda y del estado de emergencia, han servido, para concienciar a los dominicanos, observando cada día más los protocolos de rigor, con la experiencia de áreas vitales como los bancos, farmacias y supermercados, que aun cuando los empleados interactúan con mucho público todos los días, no se registran contagios, además del avance y efectividad de los tratamientos de la enfermedad en clínicas y hospitales.

Potentini recordó que ya la letalidad del Covi­-19, ha disminuido a menos del 2%, resultando más letales para los dominicanos, otras enfermedades como la gripe, quedando sin justificación científica los prolongados e interminables toques de queda, que laceran la economía y violan lo más elementales derechos de los dominicanos, tales como la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, al trabajo y el libre desarrollo, entre otros.

Asimismo, Justicia y Transparencia condenó la falta de medidas compensatorias, ante la desgracia que ha sufrido el país con el coronavirus, en los bancos comerciales, con los préstamos e hipotecas, en el pago de la electricidad, el cable, internet y la justa devolución del 30% de las AFP a los trabajadores, todo ello sumado a las irracionales restricciones que indefectiblemente profundizaran la crisis y calamidad que hoy vive el pueblo dominicano.  

Justicia y Transparencia propuso que el toque de queda, solo permanezca desde las 12 de la medianoche, hasta la 5 de la mañana, fuera de ahí, ante las actuales circunstancias y la experiencia de otros países, que han tenido éxitos en el control de la pandemia, parecería tener poco sentido, el que hasta el tránsito en vehículos privados con una o dos personas sea también limitado, entre otras irracionalidades. 

Para la FJT resulta poco útil, el que nos estemos comparando con países de Europa y el propio Estados Unidos, donde el virus, producto de la condición climatológica, la sobre población y otros factores, tiene una mayor capacidad de contagio, diferente a las estadísticas y experiencia dominicana, donde todo parece indicar que ya la curva de la infección se ha atenuado.

La entrada FJT pide flexibilizar toque de queda y priorizar economía se publicó primero en LaCronica.do.

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini respaldó y apoyo el reciente anuncio del Gobierno dominicano, dando cuentas de su intención de poner fin a los contratos y negociaciones con la ODEBRECHT, se trata de un lastre que el país viene cargando por años, además del silencio cómplice de nuestras autoridades, sobre contratos que todo el mundo sabe tienen un origen espurio,  resultando inexplicable que al día de hoy, todavía se mantengan vigentes unos 17 contratos. 

Potentini recordó que se trata del caso más grande de corrupción que registra la historia moderna de la República Dominicana, un caso emblemático que trasciende las fronteras continentales, involucrando más de una docena de países y por tanto de una connotación internacional impresionante. 

La entidad cívica considera que el Gobierno Dominicano con esta iniciativa, valiente y por demás responsable, reafirma su compromiso con la transparencia, que hasta el momento ha venido y continúa predicando.   

La FJT pidió al Poder Ejecutivo, el prepararse con una batería de abogados, a quienes le duela el país, para litigar y pelear en cualquier escenario, la disolución de esos aberrantes contratos, leoninos, dañino y lesivos al interés nacional, sobre todo por tratarse de contratos que contaron con la complicidad de las autoridades, amarrados con todos los periquitos, más los alegatos de la ODEBRECHT, con la famosa seguridad jurídica y el supuesto daño a la inversión extranjera.

Justicia y Transparencia pidió al pueblo dominicano, el estar atento, apoyando al gobierno en cualquier iniciativa orientada a procurar la transparencia, y con ello el destierro de una cultura mafiosa que por tanto tiempo se ha aposentado en el manejo de la cosa pública, de igual forma recomendamos al poder ejecutivo, hacer extensiva la revisión y disolución de otros contratos, particularmente el conocido como la estafa del siglo, con la llamada concepción de la carretera Samaná Santo Domingo, que solo con el llamado peaje sombra, le cuesta al pueblo más de 3 mil millones de pesos todos los años.                         

La entrada FJT respalda Gobierno dominicano termine contratos con la Odebrecht se publicó primero en LaCronica.do.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), realizó durante los días jueves 18 y martes 23 de junio del presente año, el 1er. Estudio sobre Institucionalidad y Preferencias Democráticas en la República Dominicana, bajo la dirección y auspicios técnicos de la Empresa Servi-Marketing Interactivo SMI, SRL.

El sondeo tuvo como propósito, obtener la opinión y percepción de los dominicanos en relación con la participación e interés de los ciudadanos mayores de 18 años en la política, y en el actual régimen electoral imperante en la democracia dominicana, así como los parámetros jurídicos e institucionales del país en la actual coyuntura política electoral. 

El estudio abarcó las  principales 12 provincias del país, en las que se concentran más del 70% de la población dominicana, a saber, el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, San Juan de la Maguana, y Barahona, con una muestra de 1,200 personas, ubicadas en la zona urbana, con un 51% de mujeres y 49% de hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 75 años, procedentes de las diversas clases y estratos de la sociedad, con niveles de educación y ocupación, desde empleados públicos y privados, estudiantes, obreros, amas de casa, choferes, comerciantes, empresarios y profesionales de distintas áreas; conjugando dicha población una rica variedad de rasgos y características, que lo convierten en una muestra representativa del universo estudiado.

Asimismo, dejamos constancia que la muestra considerada, sólo recoge ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en consecuencia, excluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como a otros segmentos poblacionales con impedimentos de carácter legal para el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Para este diagnóstico, se utilizó un cuestionario, estruturado y altamente precodificado, contentivo de unas 15 preguntas, para una duración aproximada de 20 minutos por encuestado, en un muestreo proporcional y de selección aleatoria, con preguntas abiertas, cerradas y estruturadas, utilizando diversos métodos y técnicas de entrevista. El margen de error se estima en 2,7%, con un nivel de precisión estimado en un 95% de confianza, considerando varianza máxima.

Las entrevistas fueron aplicadas durante los días jueves 18 y martes 23 de junio del año 2020, mediante contacto directo, en visitas realizadas por los encuestadores en horarios regulares de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., contando para ello con un equipo de 20 encuestadores organizados, en 5 equipos de 4 personas cada uno. Cada grupo contó con su respectivo supervisor, quien fungió como jefe de grupo y responsable de garantizar la calidad de la información recogida.

En el proceso de entrevista se les informó y garantizó a los entrevistados sobre la protección, confidencialidad y el derecho a la intimidad, que tiene con sus datos personales, así como el mantener la discrecionalidad de sus opiniones y preferencias políticas.

Los resultados ofrecidos se corresponden con la población dominicana, compuesta de un universo de 9 millones 378 mil 818 de habitantes, de los cuales 4.6 millones son mujeres y 4.7 millones son hombres, todo ello de conformidad con los datos ofrecidos por el IX Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, divulgado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Cabe notar que además de estas estadísticas también fueron tomado como base los datos de la Junta Central Electoral, que ubican el padrón electoral al día de hoy, en más de 7.5 millones de electores, de los cuales el 51%, o sea, con más de 18 años, blanco o público meta considerado para este estudio corresponden a las mujeres, de ahí que la muestra prevista contenga una composición mayor de mujeres. 

Trajano Potentini, presidente de la entidad, presentó en rueda de prensa celebrada en el local de la FJT el estudio referido, donde explicó que, en términos generales, el estudio arrojó como datos relevantes, que solo el 59% de los dominicanos está motivado a votar el próximo 5 de julio y un 19% de indecisos, . Resaltó igualmente que el 67% de la población cree que las elecciones se definirán en una primera vuelta. La posible alta abstención se debe a que un alto porcentaje le teme al Covi-19, y otros no creen, ni en la política, ni en los políticos. 

Asimismo, el 86% de los encuestados no favorece el financiamiento público para los partidos políticos, y el 72% desaprueba la labor de estos en la democracia dominicana.

La entrada Estudio de FJT: 59% del electorado irá a votar en las elecciones presidenciales del 5 de julio se publicó primero en LaCronica.do.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), aseguró que el cierre desproporcionado y los planes de virtualizar la justicia casi en su totalidad, daña la economía y viola derechos constitucionales de los dominicanos; quienes hoy día se encuentran restringidos y con un escaso acceso a los servicios más básicos e indispensables para la vida en sociedad.

La entidad cívica ve con mucha preocupación la poca movilidad y cuello de botella existente en el sector financiero con los contratos e hipotecas, entre otros servicios de la jurisdicción inmobiliaria y de estamentos también pertenecientes al Poder Judicial, hoy con un acceso muy limitados para los ciudadanos y usuarios que gestionan alguna operación comercial.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, explicó que no se trata solo del derecho al trabajo, que les asiste a los profesionales de la toga y el birrete, sino también de la economía del país, que requiere para su operatividad, tributar y hacer negocios con una logística efectiva y un clima de facilidades, en la actualidad ausente y más grave aún sin contar con la indispensable intermediación de la justicia y el profesional del derecho, incluyendo abogados, notarios, alguaciles y otros.

Potentini reconoció que perfectamente podría ir consensuándose y preparando la necesaria reingeniería legislativa y administrativa, que habría que hacer para aprovechar el uso y las virtudes de la tecnología, específicamente en las áreas donde la naturaleza y particularidad de los servicios así lo permita, fundamentalmente en operaciones de mero trámites, tales como acoger el testimonio de personas que están fuera del país, consulta de expedientes, recepción de documentos, deliberación de jueces de forma virtual.

Entiende el prestigioso abogado que no así para la mayoría de las audiencias penales, en las cuales, al igual que otros servicios estarían sometidos a un mayor rigor de plazos y garantías constitucionales, como el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, escenarios donde no sería viable la virtualidad.

«Dejamos en el ánimo del país, algunos de los escollos que habría que superar con los pretendidos planes de la virtualización y hoy justicia muy limitada en sus operaciones, primero: El derecho fundamental al acceso a la justicia restringido bajo las condiciones proyectadas, sólo a los dominicanos que tienen celular e internet; Segundo: el despido masivo de personal delPoder Judicial por el nuevo enfoque de la virtualización.

Asimismo, la reglamentación de carácter general y en asuntos judiciales que estaría resolutando el consejo del Poder Judicial, un órgano limitado a la administración y disciplina de los asuntos internos del Poder Judicial, vulnerando además el principio de legalidad y de jerarquización de las leyes sobre las resoluciones y la violación al juez natural, en el conocimiento asignación de expedientes.

El principio de publicidad en las audiencias, en fin no podríamos ni siquiera imaginar cómo sería el cantarle a un imputado de forma virtual, 30 o 40 años, o una subasta de forma virtual para la adjudicación de un bien inmueble, entre una larga lista de situaciones ajenas a la virtualidad.

La entrada FJT asegura cierre y virtualización de la justicia daña la economía y viola derechos constitucionales se publicó primero en LaCronica.do.

Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), lamentó este miércoles el derrotero que viene observándose en el actual proceso electoral, carente de propuestas y debates constructivos, con la atención centrada en el narcotráfico, la corrupción administrativa, una guerra y manipulación de encuestas y la generalización de prácticas difamatorias y campañas sucias, provenientes prácticamente de todos los sectores políticos.  

La entidad cívica ve con mucha preocupación el que los políticos hayan convertido el escenario electoral en un infierno, donde todo se vale, justificando los medios por el fin u objetivo perseguido, en prácticas y acciones despiadadas y maquiavélicas, propias de tiempos que ya creíamos haber superado.

Potentini entiende que el debate político y discusión de las ideas, como presupuesto base de toda interacción democrática, hoy en República Dominicana se encuentra ausente, llegando a los niveles más bajos que pueda registrar la historia, con la agravante de un panorama electoral tenso, y pudiéndose tornar hasta violento, faltando apenas menos de 20 días para las elecciones congresuales y presidenciales.  

La FJT hace un llamado a la clase política, para que reflexiones sobre el daño que le están haciendo al sistema democrático, posiblemente produciendo un desinterés y apatía colectiva en contra de los políticos y de la política, restándole calidad a la democracia y al interés del pueblo dominicano en participar de las elecciones venideras, generando una baja votación y con ello la falta de legitimidad del proceso electoral y la afectación de la futura gobernabilidad democrática.

La entrada FJT lamenta debate político haya caído a los niveles más bajos, sin propuestas y entrampado en narcotráfico se publicó primero en LaCronica.do.

Por Trajano Potentini
(Caso Fondos de Pensiones y las AFP)
 
Constituye un hecho sin precedentes para el mundo y en particular para la República Dominicana, la aparición inicialmente en China, específicamente en el mes de diciembre del 2019, de un virus denominado como el Nuevo Coronavirus o Covid-19, de naturaleza infecto contagiosa y con graves consecuencias para la salud, atacando básicamente el sistema respiratorio, produciendo enfermedades como la neumonía y la insuficiencia en varios órganos.
 
El Covid-19 se ha convertido de conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una pandemia, hoy día con presencia en casi la totalidad del planeta tierra, en unos 187 países, más de cuatro millones doscientos mil infectados (4.2), con muertes que superan las doscientas ochenta y cinco mil (285,000,00), en todo el mundo, en el caso particular de la República Dominicana, con más de 11 mil infectados y ya superando la barrera de las 400 muertes, cifras que van en aumento cada día, en atención a los boletines oficiales que emite el Ministerio de Salud Pública.
 
La propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado la adopción de un protocolo uniforme de medidas y acciones por parte de los gobiernos para contener el avance y contagio del Coronavirus, consistentes en cuarentena y toque de queda, conducente como política casi universal al confinamiento de los habitantes en sus hogares, y con ello cerrando prácticamente todo la actividad comercial y productiva, deviniendo dichas medidas en la paralización de las economías y la pérdida de millones de empleos, con un impacto social y económico para los países, llevando a adoptar el estado de excepción de emergencia, previsto en la mayoría de las constituciones del mundo, situación que hoy describe puntualmente a la República Dominicana, con la agravante de una posible crisis por el tema político y las dificultades para la realización de las elecciones congresuales y presidenciales.
 
En el contexto anteriormente descrito se ha instaurado en la República Dominicana el estado de excepción de emergencia, varias veces reiterado, así como un toque de queda y en general, se ha restringido el ejercicio de los derechos: a la libre circulación, a la reunión y asociación, entre otros. De igual forma y por una nueva extensión del estado de emergencia, también por 17 días se extiende hasta más de mediado del mes de mayo la cuarentena, hoy día con una nueva solicitud del gobierno al congreso para plantearse su extensión hasta principios de junio, con el toque de queda y prácticamente todos las disposiciones precedentemente señaladas y mantenidas y en muchos casos ampliadas por el gobierno, con relación al descrito estado de emergencia.
 
Si bien no está descrita específicamente ninguna restricción al trabajo, resulta que los medios de transporte fueron también suspendidos, y se exigió a las personas observar medidas de distanciamiento social recomendadas por las autoridades y por los organismos especializados y, en tal virtud, limitar las salidas del hogar a diligencias estrictamente necesarias –pero no de carácter laboral, puesto que las industrias y el comercio están cerrados vía Resolución del Ministerio de la Presidencia, medida que se ha renovado cuando menos hasta la expedición reiterada de las renovadas autorizaciones para el estado de emergencia, por medio de los sucesivos Decretos presidenciales, donde solo le permiten laborar a una pequeña parte del sector comercial, a saber: bancos comerciales, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustibles y los establecimientos que se dedican al expendio de alimentos crudos o cocidos.
 
En semejante situación jurídico-fáctica, los trabajadores se encuentran impedidos de trabajar. No pueden laborar. Están incapacitados o bajo una especie de discapacidad eventual o social por los efectos del Coronavirus, esto sumado a la suspensión del contrato de trabajo de más de un millón de trabajadores de conformidad con estadísticas y apreciaciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada y del Ministerio de Trabajo, esto sin considerar también una cantidad similar o superior de dominicanos, que, desde ya, han perdido su empleo.

El panorama actual que está sorteando la República Dominicana, con las circunstancias actuales, de la declaratoria de estado de emergencia, una justicia cerrada casi en su totalidad y el estado de calamidad, desempleo, confinamiento y carencia que vive el pueblo dominicano, por los efectos del Coronavirus, se impone que el Tribunal Constitucional Dominicano (TC), de manera excepcional tutele por amparo y proteja los derechos fundamentales de los trabajadores dominicanos, frente a la negativa y resistencia por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a devolverle el 30% de sus ahorros.
 
No hay dudas de que estamos en presencia de una conculcación masiva, de indignidad y carencias de la clase trabajadora, por los efectos del Coronavirus, reiteramos más de un millón de personas que han perdido su trabajo, además de una economía devastada y sin esperanzas en el corto tiempo de recuperase, una incertidumbre de magnitudes inconmensurables.
 
En este contexto es oportuno recordar que recientemente intentamos depositar un amparo colectivo y de extrema urgencia por ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de lograr concretar el clamor y aspiración de los trabajadores dominicanos, de que al igual que en otros países, como en Perú por ejemplo, ya se aprobó una ley para la devolución del 25% de los ahorros de los trabajadores en las AFP, y en un hecho insólito y sin precedentes, una empleada de la secretaria del tribunal se negó a recibir la instancia, como si se tratará de un filtro para discriminar de que apoderan, y de que no, al pleno del tribunal.
 
Resultando más preocupante aún, el que el propio tribunal pretendiera justificar mediante comunicado oficial, semejante y deplorable acción, posiblemente única en el mundo jurídico del neoconstitucionalismo, por demás impensable que en tiempos modernos el tribunal guardián de la constitución, protector y garante de los derechos fundamentales, se niegue a una garantía tan elemental como la recepción de una instancia, para que su jueces tomen conocimiento de lo impetrado y actúen en el sentido que entiendan.
 
A seguidas pasamos a plantear los fundamentos, pertinencia y las razones para que el Tribunal Constitucional tutele y de forma excepcional asuma la competencia de las acciones de amparo. De entrada, podríamos decir que no está en dudas o discusión, la obligación que tienen todos los tribunales de la República, de recibir cualquier solicitud que le deposite un ciudadano, hoy día, incluso extensiva a los funcionarios públicos, cuando reciben también cualquier solicitud de información o detalles de algún servicio público, o en mera interacción con el solicitante, repuesta que deberá dársele en atención al debido proceso que deben observar las autoridades administrativas, esto así llenando los requisitos del debido proceso de ley, con la responsabilidad hasta de motivar la repuesta, decisión o información solicitada.
 
Asimismo pese a reconocer como de manera objetiva lo planteáramos en la instancia del referido amparo, el tribunal competente por expresión y desarrollo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No. 137-11, lo es el de primera instancia, de donde se desprende la naturaleza dual del amparo, primero como una acción y luego como un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, criterio incluso reiterado por el Tribunal Constitucional, por ejemplo en la sentencia TC-0089-18, donde también deja claro que es al propio tribunal a quien corresponde determinar, si es, o no competente, nunca a un secretario, no obstante, esa pauta, en su momento no consideró en modo alguno, la situación muy particular de una justicia cerrada en más de un 97%, escasamente con una resolución del Consejo del Poder Judicial, (002-2020, de fecha 19/03/20), habilitando al juez de la instrucción, en funciones de atención permanente, para que este reciba los amparos, sin la logística, ni la empatía procesal, el conocimiento especializado o el criterio de afinidad que configura el amparo para los diferentes casos, solo con la capacidad para recibirlos vía correo electrónico.
 
Evidentemente que con el juez competente cesado provisionalmente, en una especie de vacaciones sin fecha de regreso, por el estado de emergencia, como lo sería el Tribunal Superior Administrativo, no quedaría otra instancia más idónea y oportuna acorde con sus altas funciones, de máximo interprete y garante de la supremacía constitucional, como es el caso del Tribunal Constitucional, para asumir la competencia y sentar las bases y líneas jurisprudenciales, para reorientar y hacer efectivo el derecho fundamental del acceso a la justicia, además de la garantía que plantea la constitución en los artículos 72 párrafo y 266 numeral 5, de someter los actos adoptados en los estados de excepción al control de constitucionalidad.
 
Otro aspecto a resaltar son las decisiones revolucionarias y hasta atrevidas y desafiantes que en aras de garantizar los derechos fundamentales ha venido adoptando el tribunal durante los 8 años de su funcionamiento, criterios que hemos venido apoyando, en muchos casos bajo el entendido de ir desarrollando una nueva cultura de justicia social y respeto a la constitución, así podemos calificar de trascendente la sentencia No. 168-13 sentando las bases de la dominicanidad, o las reiteradas decisiones dándole la connotación de derecho fundamental al derecho al voto y a la buena administración, la protección del medio ambiente (caso Loma Miranda), con la sentencia No. 167-13, la declaratoria de inconstitucionalidad del Código Penal, también garantizándoles a los dominicanos la exoneración de las compras por internet que no superen los 200 dólares, entre innumerables conquistas y correcciones de injusticias.
 
Desde luego no todo ha sido color de rosa, cuando este tribunal lo ha querido, no ha reparado en imponer su criterio, incluso más allá de la propia constitución; veamos: nuestro Tribunal Constitucional, para agenciarse poderes y capacidades fuera de sus facultades ordinarias, como lo sería el abrir como acción prácticamente popular, la acción de inconstitucionalidad, reservada aun en la letra de la constitución, artículo 185 numeral 1, para aquellas personas que tengan un interés legítimo y jurídicamente protegido, llámese el presidente de la República y un porcentaje equivalente a una tercera parte de una u otra Cámara del Congreso, calidades que en principio eran indispensables para poder radicar una acción de inconstitucionalidad, todo ello pese a que el criterio constitucional estaba más que definido, por la tradición jurisprudencial de la anterior Suprema Corte de Justicia, la cual además lo hizo bajo la investidura de la facultad del control concentrado de la constitucionalidad. Todo ello variado sistemáticamente por el constitucional, en las sentencias TC /0047/12 del 3 de octubre del 2012 y TC /0031/13 del 15 de marzo 2013, entre otras tantas, al referirse a la legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad.
 
También hemos visto como el Tribunal Constitucional, en diversas ocasiones ha fungido como legislador positivo, invadiendo con ello las labores y funciones del más representativo de los poderes del Estado, el Congreso Nacional, al no solo expulsar una norma del sistema, caso de las nuevas leyes electorales, (Partidos Políticos, No. 33-18 y Régimen Electoral No. 15-19), donde el TC, también ha agregado textos al contenido de las leyes, reitero en detrimento de las facultades del congreso a la hora de legislar, con la agravante de que los textos agregados cuentan con un blindaje parecido al de la propia constitución, por tratarse de temas ya establecidos y valorados desde la óptica constitucional por el TC, los cuales en teoría, no podrán ser ni siquiera cuestionado, ni por control difuso o concentrado de la constitucionalidad, con la discusión e interrogante, incluso de si esos artículos podrían ser tocados, hasta por el propio Congreso, trastornando con ello la independencia y separación de poderes e inobservando la nueva tendencia que platea un constitucionalismo dialógico, como forma de evitar choques entre los poderes públicos.
 
Estamos hablando de un tribunal con la determinación y el suficiente arrojo, para generar los cambios que ha entendido, variando de criterio sobre muchos temas, cuando así lo ha estimado, además de reescribir el derecho dominicano en todas sus materias, con las privilegiadas decisiones que con categoría de precedentes vinculantes le acuerda la constitución en su artículo 184, todo un tribunal revestido de los más amplios poderes jurisdiccionales, lo que nos lleva a estar atónitos y aún sin comprender este funesto precedente.
 
Finalmente lamentamos que el TC desaprovechara la oportunidad de este trascendente amparo, en el marco de un litigio de alto impacto, por los intereses generales y colectivos que envuelve, para sentar jurisprudencia frente el estado de indefensión en que se encuentran los dominicanos, decretando con esta negativa de asumir su rol histórico, la muerte de la tutela y protección de los derechos fundamentales en los estados de excepción, una falta de sentido histórico, que de seguro empañará el camino positivo que venía trillando esa alta corte.

El autor es abogado, politólogo y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Correo electrónico: trajanopotentini1@gmail.com

La entrada El Tribunal Constitucional y los derechos fundamentales en los estados de excepción se publicó primero en LaCronica.do.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), condenó la reiterada negativa y renuencia del secretario del Tribunal Constitucional, de no recibir una acción de amparo colectivo de extrema urgencia, con el objetivo de lograr que las AFP devuelvan a los trabajadores el 30% de sus ahorros, ellos así motivado en la declaratoria de estado de emergencia y la evidente y profunda crisis social, económica y sanitaria que vive el país.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, calificó de precedente negativo y funesto para el constitucionalismo dominicano, el que una empleada de la secretaria del Tribunal Constitucional, sin poseer la calidad, el conocimiento o la facultad, se tome las atribuciones de decidir que instancia o expediente se recibe, y cual no, todo ello sin permitirle a los jueces del tribunal, el que instruyan el proceso y en consonancia, con el debido proceso de ley y la constitución se expresen por resolución, en el sentido que previa motivación lo encuentren pertinente.

Potentini considero aún más preocupante que el secretario del Tribunal Constitucional, mediante comunicado oficial del tribunal justifique tal barbaridad, decretando la muerte de la tutela de los derechos fundamentales en el marco de la declaratoria de un estado de emergencia, donde la justicia está casi cerrada en su totalidad, con el argumento de que estarían violando la constitución, su ley orgánica y reglamento, al recibir un amparo sin llenar a juicio de ellos los requerimientos, sobre todo el de la competencia.

La FJT recordó que bajo las circunstancias actuales se justifica la competencia del Tribunal Constitucional, por estar el país bajo los efectos de un estado de emergencia, como consecuencia del coronavirus, donde reiteramos la justicia ordinaria está casi cerrada en su totalidad, solo con una resolución que habilita a los jueces de atención permanente a recibir los amparos, ello así sin ninguna esperanza objetiva, ni empatía procesal, ni facilidades para conocer de una acción como la planteada al Tribunal Constitucional. 

«Con esta aptitud y negativa, la secretaria del Tribunal Constitucional, parecería que desconoce, que ya el propio Tribunal Constitucional en otras oportunidades, ha sentado criterios revolucionarios, incluso al margen de la propia constitución, para agenciarse poderes y capacidades fuera de sus facultades ordinarias, como lo sería el abrir como acción prácticamente popular, la acción de inconstitucionalidad, reservada aun en la letra de la constitución, articulo 185 numeral 1, para aquellas personas que tengan un interés legítimo y jurídicamente protegido, llámese el presidente de la república y un porcentaje de una u otra cámara del congreso, calidades en principio eran indispensables  para poder radicar una acción de inconstitucionalidad, todo ello pese a que el criterio constitucional estaba más que definido, por la tradición jurisprudencial de la anterior Suprema Corte de Justicia, la cual además lo hizo bajo la investidura de la facultad del control concentrado de la constitucionalidad», comentó el prestigioso abogado.

Asimismo, también hemos visto como el Tribunal Constitucional, en diversas ocasiones ha fungido como legislador positivo, usurpando con ello las labores y funciones del más representativo de los poderes del estado, el Congreso Nacional, al no solo expulsar una norma del sistema, caso de las nuevas leyes electorales, donde el TC también a agregado textos al contenido de las leyes, reitero en detrimento de las facultades del congreso a la hora de legislar.

La entrada FJT condena negativa del Tribunal Constitucional para recibir amparo contra las AFP para devolución del 30% se publicó primero en LaCronica.do.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) favoreció este martes la puesta en marcha de un plan piloto para ir normalizando la economía y los servicios públicos, cree es tiempo de ir asimilando que el coronavirus no se va a resolver en el corto tiempo y como tal hay que aprender a vivir con el «monstruo».

Trajano Potentini ve como positivo el ir aprovechando el efecto didáctico de la cuarentena, del toque de queda y del estado de emergencia, los cuales han servido, con la experiencia de áreas vitales como los bancos, farmacias y supermercados, que aun cuando los empleados interactúan con mucho público todos los días, no se registran contagios, todo ello por los protocolos que se llevan a cabo.

Potentini entiende que es un imperativo el que el estado, aún de forma limitada siga funcionando, como el Poder Judicial y la Junta Central Electoral, esta última con la organización de las elecciones y el manejo y administración del registro civil, servicios indispensables para los dominicanos. 

Para el presidente de la FJT, resulta un tanto paradójico la acción descabellada e imprudente, además de violatoria a las leyes sanitarias, que se llevará a cabo, con la marcha caravana multitudinaria de recibimiento de un peregrino en Puerto Plata, bajo la promesa de que este podía erradicar el Coronavirus, todo ello ante la mirada cómplice de las autoridades, en un acto temerario y poniendo en peligro la vida de todos los dominicanos, con la expansión y contagio del Coronavirus. 

«Pedimos a las autoridades y al pueblo dominicano, el asumir con gallardía y valentía este gran reto, entendiendo que lo peor como explicará la Organización Mundial de la Salud, aún está por venir, de ahí la necesidad de prepararnos para vivir con la pandemia, llevando nuestra vida normal, siempre con el cuidado y la prevención que demandan las circunstancias», comentó el prestigioso jurista dominicano.

La entrada Trajano Potentini favorece plan piloto para normalizar economía y abrir servicios se publicó primero en LaCronica.do.