Desde antes de su reelección, el presidente Luis Abinader tenía en carpeta un paquete de reformas que, desde la misma campaña, fue socializando con la ciudadanía en sus aspectos generales. El tiempo de un segundo período anticipaba la gestión de estas iniciativas que se empezaron a concretizar a partir de la reforma constitucional, la primera que sometió el mandatario al Congreso Nacional, a tres días de su juramentación. En manos del Senado se trabaja en esta nueva reforma a la Constitución, que consiste en cuatro puntos debatidos a todos los niveles.

Uno de los puntos de mayor confrontación con los representantes en el Congreso del Partido Revolucionario Moderno, se alcanzó ayer un acuerdo de consenso: no se eliminarán 53 diputaciones, sino 20. Es probable que este fuera el punto intermedio entre lo que aspiraba el presidente Abinader y sus compañeros de partido, para que el proyecto pudiera seguir avanzando en otras instancias, antes de que sea sometido a la Asamblea Nacional Revisora. El espíritu del mandatario es poder pasar los aspectos de gran calado, y está consciente que para ello tendrá que maniobrar y negociar con sus subalternos.

El pasado lunes en «LA Semanal con la Prensa», Abinader encabezó la presentación de propuestas de reestructuración y racionalización de la administración pública. Racionalizar el gasto es una tarea imperiosa en el sector público. El índice de endeudamiento, el barril sin fondo en que ha devenido la política de subsidios del Gobierno, obliga a seguir apretando la tuerca para frenar el sangrado de una herida casi incurable. El presidente fue optimista cuando cifró en 25,000 mil millones el monto que se ahorraría el Estado con la eliminación y las fusiones de instituciones importantes en la burocracia gubernamental.

Todo esto sin que la ciudadanía conozca el inminente proyecto de reforma tributaria, que vendría a complementar el de la reestructuración y racionalización de la administración pública. Incrementar los ingresos es una necesidad impostergable. En ruta hacia otros cuatro años en los que se supone deberá cimentar su legado como estadista –el político ya está confirmado–, Luis Abinader quiere cerrar este 2024 en una posición que le permita administrar desde Palacio la etapa que inicia en enero próximo.

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El presidente Luis Abinader se propuso impulsar un paquete de reformas en el tramo inicial de su segundo período, consciente de los esfuerzos que imponen estos proyectos para lograr su aprobación, aun cuando cuenta con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso Nacional. Salir en cuanto antes del camino malo es una decisión inteligente.

Confirmada su victoria en mayo pasado, pisó el acelerador en los siguientes tres meses de la transición y ordenó a su equipo estratégico la ejecución de estudios, consultas, diálogo y evaluación para concebir su propuesta de reestructuración y racionalización de la Administración Pública. El país pudo conocer de su voz y de los ministros involucrados en esta fase, en «LA Semanal con la Prensa» del pasado lunes, cuan profundos serían los cambios que impactarían en la eliminación y fusiones de direcciones y ministerios.

El impacto mediático que todavía se manifiesta desde entonces se corresponde con la dimensión de las reformas que promueve Luis Abinader. Tomándole el pulso al equipo estratégico de Presidencia, el mandatario apura el paso para cerrar cada uno de los ciclos que agotarán estos proyectos en las instancias correspondientes, y concentrarse en la gobernanza, es decir, aglutinar esfuerzos en las obras que definirán su legado en el Estado.

Sin una política administrativa que eficientice y racionalice el gasto público, con los índices de endeudamiento del Gobierno, el Poder Ejecutivo confrontaría problemas para concluir con proyectos que ameritan inversiones muy altas, afectando el desempeño de su segundo período, históricamente mucho más convulso para un presidente que va de salida y que a partir del 2026 entra en una etapa de competencia interna que –indefectiblemente– incide en la agenda oficial.

Esto explica por qué el jefe de Estado advirtió en la rueda de prensa que las propuestas irán al Congreso Nacional para que sean aprobadas, ya que desde el punto de vista económico «se podrán ir haciendo los ahorros debidos». El Gobierno necesita dinero, mucho más dinero para seguir obrando a favor del desarrollo del país, la dinamización de la economía y, naturalmente, afianzar el posicionamiento electoral del Partido Revolucionario Moderno.

Las fusiones en el ojo del huracán
Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, con pose solemne y palabras santificadas, nombró a los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y de Educación (Minerd), como la primera propuesta de fusión institucional.

Como un «absurdo olímpico» se viene calificando desde la oposición, la Asociación Dominicana de Profesores y otros ámbitos de influencia, la unificación de estos dos ministerios. El codiciado 4% reservado en el presupuesto nacional para el Minerd –concluyen quienes critican esta idea– es el propósito principal para encaminar el proyecto en esta dirección.

«Con esto se busca la optimización de recursos y eficiencia en el gasto educativo, con una distribución más estratégica e integral de los recursos, fortaleciendo la calidad educativa y reduciendo costos». Alcanzar una mejora en la calidad educativa, facilitar un enfoque integral de la educación, desde la formación básica hasta la superior –alineando los currículos con «las demandas del mercado laboral»– es un argumento que expuso Sigmund Freund en su participación en «La Semanal».

Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su oposición a esta idea: «La incapacidad del Ministerio de Educación para responder de manera efectiva a las necesidades del nivel preuniversitario solo empeoraría las deficiencias actuales». En ese mismo espíritu reaccionó Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo.

Reducción de empleos
Todavía no está del todo claro cómo el Gobierno se ahorraría 25,000 millones de pesos con el proceso de fusión de las instituciones que sufrirían esta modificación. El temor de los sectores que se oponen a reformas de esta índole argumentan que no sería posible un ahorro significativo sino se eliminan empleos en aquellas instituciones que involucra la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.

En el Congreso Nacional, legisladores del partido de Gobierno calificaron como positivo el paquete de reforma gubernamental, pero expresaron su temor a que esto tenga como consecuencia el despido de empleados en el sector público.

Sigmund Freund no especificó cuál será el impacto de las reformas en relación con el porcentaje de trabajadores que serían desvinculados, pensionados o reubicados, estatus en que caerán las personas si se materializa la fusión de las instituciones involucradas en estas reformas.

El 2024 está a las puertas de su último trimestre, con las reformas impulsadas desde el Gobierno ocupando titulares de primera página. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, anunció ayer que serán 20 y no 53 la cantidad de diputados que impactaría la reforma constitucional sometida por Luis Abinader, que va cerrando fila con los sectores en conflicto para lograr pasar el proyecto en el Poder Legislativo. 

Los comisionados del Senado están inmersos en los trabajos para elegir a la nueva Junta Central Electoral, que debe ser sancionada en noviembre, mientras se preparan para recibir la propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública. El mandatario, que transita por una ruta crítica en estos días, se propuso planchar estas iniciativas antes de pasar la página para dar curso a una inminente reforma tributaria que posibilite incrementar los ingresos del Gobierno. Iniciar el 2025 liberado de todo este peso es el deseo número uno en la lista de propósitos de fin de año del presidente Luis Abinader.

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El gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader, ha anunciado un plan ambicioso para la fusión y eliminación de diversas instituciones públicas como parte de un esfuerzo por optimizar el aparato estatal, mejorar la eficiencia y reducir costos. Estas reformas apuntan a crear un Estado más ágil y eficaz, capaz de responder a las necesidades actuales del país sin comprometer la calidad de los servicios públicos esenciales. Esta iniciativa, aunque ambiciosa y compleja, tiene el potencial de generar un impacto positivo significativo si se implementa de manera adecuada.

El proceso de fusión y eliminación de instituciones no es una idea nueva ni exclusiva de República Dominicana. Países de la región, como México, Argentina, Chile y Perú, han emprendido reformas similares en diferentes momentos, con el objetivo de reducir la burocracia, evitar la duplicación de funciones y mejorar la administración pública. Estas reformas han tenido diversos grados de éxito, pero todas comparten la misma motivación: lograr que el Estado sea más eficiente y que los recursos públicos se utilicen de manera más efectiva.

En el caso dominicano, el presidente Abinader ha dejado claro que su objetivo es construir un legado como un «presidente reformador», y una de las claves de este legado será la modernización del aparato estatal. El país cuenta con 366 instituciones públicas, muchas de las cuales cumplen funciones similares o que podrían ser asumidas por otras entidades ya existentes. La fusión de ministerios y la eliminación de direcciones busca corregir esta situación y lograr un uso más racional de los recursos. Este tipo de reformas, aunque puede generar resistencia inicial, son necesarias para adaptar el Estado a los desafíos contemporáneos.

Este tipo de reestructuración no está exento de desafíos. La resistencia al cambio es un factor inevitable en cualquier proceso de reforma. Los empleados públicos y otros sectores beneficiados por el statu quo suelen expresar preocupación por posibles despidos o la pérdida de autonomía de ciertas instituciones. Sin embargo, el gobierno dominicano ha sido claro en que no se trata de un despido masivo, sino de una reubicación del personal donde sea necesario, con el objetivo de mejorar la eficiencia del aparato estatal sin sacrificar empleos ni afectar la prestación de servicios esenciales.

Además de enfrentar la resistencia interna, otro reto importante es asegurar que las fusiones y eliminaciones se realicen de manera estratégica y bien planificada. Si estas reformas no se implementan cuidadosamente, podrían generar nuevos problemas, como una sobrecarga en las instituciones restantes o la pérdida de especialización en áreas clave. Es fundamental que el gobierno realice una evaluación exhaustiva de las funciones y capacidades de cada institución antes de proceder con su eliminación o fusión, para evitar consecuencias negativas a largo plazo.

A pesar de estos desafíos, es posible ser optimista sobre el éxito de estas medidas. En México y Argentina, las reformas han logrado generar ahorros significativos y mejorar la eficiencia administrativa, aunque también han enfrentado críticas y desafíos en su implementación. Si el gobierno dominicano aprende de estas experiencias y ajusta su enfoque en función de las lecciones aprendidas, las reformas podrían marcar un antes y un después en la administración pública del país.

En última instancia, el éxito de esta reestructuración dependerá de la capacidad del gobierno para comunicar los beneficios de las reformas a la sociedad y gestionar el proceso de manera transparente y eficiente. Si se logra este objetivo, las fusiones y eliminaciones de instituciones podrían no solo reducir la carga burocrática y los costos del Estado, sino también mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La clave será mantener un enfoque claro en los objetivos a largo plazo y asegurarse de que los cambios estructurales no comprometan la capacidad del gobierno para cumplir con su misión de servir al pueblo dominicano.

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