La Cámara de diputados dispuso que su Comisión de Medio Ambiente estudie la creación de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Elías Piña (Coraaeliaspiña), para dotar de agua potable a miles de personas que actualmente carecen del servicio en esta provincia, ante un proyecto de ley del senador Adriano Sánchez Roa.

La pieza marcada con el número 5280 2016-2020, aprobado por el Senado y presentada en el pleno de la Cámara de diputados instruirá un plan estratégico para la ejecución de las acciones que garanticen el adecuado suministro de agua potable, tratamiento y disposición de las aguas residuales en la provincia de Elías Piña.

Sánchez Roa, al mostrar su satisfacción por la acogida de los diputados, dijo que con la CORAAELIASPIÑA se garantizará la solución gradual de la ausencia de agua potable en más del 40% de la población, y se construirán las plantas de tratamiento de aguas, en coordinación con los ayuntamientos municipales correspondientes.

El proyecto de ley consigna un Consejo de Directores a los fines de que se aborde la problemática de agua potable uniendo las fuerzas vivas locales y los encargados de las entidades oficiales.

Sánchez Roa explicó que esta corporación coordinará con los ministerios  de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Defensa, así con el INDRHI, programas de protección de las cuencas hidrográficas, con el objetivo de evitar la deforestación y la adición de residuos sólidos, aguas servidas y cualquier otro contaminante que degrade los ríos, arroyos, cañadas, manantiales, lagos, lagunas, etc.

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La Fundación Prensa y Derecho planteó que las organizaciones partidistas, la sociedad civil y los medios de comunicación deben abrir una mesa de diálogo para debatir el anteproyecto de Ley de Partidos Políticos y así consensuar temas controversiales como los controles de los sistemas de financiación, las “cuotas reservadas” y las sanciones que se imponen por los ilícitos que se configuren contra el nuevo régimen electoral.

Namphi Rodríguez, presidente de Prensa y Derecho, reconoció como positivo que se haya avanzado en un anteproyecto de ley que tiene “luces y sombras”, pero que no debe ser debatido exclusivamente por los partidos políticos, sino por la sociedad en su conjunto.

“El tema es que los partidos políticos son instrumentos de lucha de poder y es impropio que se pretendan autorregular, una ley así debe ser debatida por los distintos sectores que inciden en la vida democrática del país”, dijo el jurista.

El abogado ponderó como valioso que el anteproyecto de Ley propuesto por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haya preservado la cuota de un 33% de las posiciones electivas a favor de las mujeres, incluya un conjunto de principios y valores que deben normar el régimen de partidos, así la prohibición de utilizar fondos públicos en campañas electorales de particulares.

“Sin embargo, subsisten muchas de las prácticas del pasado y el presente en el anteproyecto de ley, cuando lo que se desea es dar un paso de avance en la regulación de nuestras formaciones partidistas”, añadió.

Rodríguez entiende que dentro de esas prácticas que el anteproyecto de ley permite a los partidos crear y mantener sus propios sistemas contables, cuando debería ser la Junta Central Electoral (JCE) la que le imponga uno uniforme que facilite la fiscalización de los fondos públicos asignados.

Igualmente, criticó que pese a que tenemos un sistema de financiación público, no se pone tope a la financiación privada, ni se establece un registro de “donantes” que permita identificar las fuentes extras de apropiación de recursos para las compañas electorales.

Advirtió que una de las cuestiones más delicadas del anteproyecto es que el mismo parece desplazar las competencias de fiscalización de la Cámara de Cuentas a una Unidad de Control Financiero de la Junta Central Electoral, cuando lo deseable es que esas competencias se distribuyan complementariamente entre el propio órgano electoral y el de fiscalización externa del Estado.

“Tampoco compartimos el tema de la imposición de cuotas económicas para inscribir candidaturas, pues eso puede obstaculizar el libre ejercicio del derecho a ser elegido por razones materiales.

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Por considerar que viola preceptos constitucionales y tiene inconsistencias medioambientales, el presidente Danilo Medina observó hoy y devolvió al Senado, la ley sometida para su promulgación, declarando Parque Nacional a Loma Miranda.
 
¿Significa esta decisión presidencial que la empresa minera está autorizada a explotar y extraer minerales del subsuelo de Loma Miranda? La respuesta es no. De acuerdo a las leyes de República Dominicana toda explotación minera debe ampararse en un estudio previo de impacto medioambiental que cumpla normas internacionales y dominicanas. Dicho estudio no ha sido presentado a la fecha.
 
El Gobierno de Danilo Medina, tal como ha dicho el presidente de la República, no se adhiere al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje.
 
El documento legislativo fue devuelto, acompañado por una carta dirigida por el mandatario a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo Mézquita, donde expone sus consideraciones en torno a la Ley.
 
El texto in extenso de la carta fue leído por el portavoz del Gobierno y director General de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, ente periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional

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La Junta Monetaria, mediante su primera resolución del 5 de junio de 2014, conoció el Anteproyecto de Ley del Sistema de Garantía Recíproca que crea en el país las figuras de las Sociedades de Garantías Recíprocas y Sociedades de Reafianzamiento, y autorizó su remisión al Poder Ejecutivo para su ponderación y aprobación, y posterior remisión al Congreso Nacional.

El objeto fundamental de las Sociedades de Garantías Recíprocas es dotar de garantías a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), mediante la expedición a su favor de avales, que les permitirá su acceso al crédito formal, a menores costos y mayores plazos, en las entidades de intermediación financiera.  Por su parte, las Sociedades de Reafianzamiento tienen por objeto el reavalar a las Sociedades de Garantías Recíprocas, para asumir los riesgos por las garantías otorgadas.

Los avales que emitan las Sociedades de Garantías Reciprocas se clasifican en tres: lasGarantías Financieras, que permiten obtener préstamos de las entidades de intermediación financiera, realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, entre otras; las Garantías Comerciales, que avalan operaciones entre empresas; y las Garantías Técnicas, utilizadas para el cumplimiento de contratos de obra y de contratos de suministros, así como para el cumplimiento de obligaciones frente a  entes públicos y privados, incluyendo las requeridas por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No.340-06 del 18 de agosto del año 2006.

Los aportes de capital para la creación de estas empresas serán provistos por personas físicas o jurídicas privadas, organismos internacionales y el Estado, clasificándose dichos socios en Partícipes y Protectores. El capital social de estas sociedades será aportado fundamentalmente por los socios protectores, toda vez que a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se les requerirá una participación accionaria mínima, cuyo límite individual no podrán exceder del 5% del capital social, para que pasen a ser socios participes y de esa manera adquieran los derechos de acceder al financiamiento. Los aportes de los socios protectores no podrán exceder del 30% a nivel individual.

Para el esquema operativo y funcional de las Sociedades de Garantías Recíprocas y Sociedades de Reafinanzamiento se contemplaron normas prudenciales para regular su solvencia, el apalancamiento, la liquidez mínima, requisitos y criterios a considerar para la inversión de las reservas y estableciéndose limites operacionales y prohibiciones, tales como otorgar créditos directamente, emitir avales o fianzas a sus socios protectores, recibir depósitos de ahorro, a la vista, a plazos, ni de ninguna naturaleza o realizar inversiones en el exterior, entre otras.

Determinados aspectos serán reglamentados por la Junta Monetaria y cuyo cumplimiento será debidamente supervisado por la Superintendencia de Bancos.

Este tipo de sociedades opera exitosamente desde hace décadas en España y varios países de América Latina, tales como Chile, Argentina, Perú y El Salvador.

Para la elaboración de este Anteproyecto de Ley se contó con la asistencia técnica de connotados consultores internacionales, especialistas en la materia, tomando como referencia la legislación comparada y el Acuerdo de Basilea II, así como las mejores prácticas internacionales en la materia, incluyendo las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales, como son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Cabe destacar, que este Anteproyecto se complementa con el conjunto de disposiciones adoptadas por la Junta Monetaria en materia de inclusión financiera, para facilitar el acceso al crédito, así como aumentar los niveles de bancarización en el país, congruente con las políticas públicas que ha venido adoptando el Presidente de la República, orientado a promover la canalización del crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Con la aprobación del Anteproyecto de Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas se profundizará significativamente el desarrollo de las MIPYMES, complementando la Ley sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales han sido consideradas como un objetivo fundamental en la actual gestión de Gobierno, para promover el desarrollo económico, a través de un aumento en la producción nacional, creación de nuevos empleos, aumento de las exportaciones y generación de divisas, todo lo cual contribuye con el aumento de la riqueza y por ende, en la reducción de los niveles de pobreza.

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Danilo Medina ha presentado al Congreso el proyecto de Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente por el Estado Dominicano en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

El proyecto de ley enviado por el Presidente Medina al Congreso se ha logrado tras un amplio y plural proceso de reflexión y consulta, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones de diversos sectores de la sociedad dominicana.

Esta iniciativa legal responde al compromiso del Presidente de encontrar «una solución humanitaria, mesurada y responsable, para las personas nacidas en la República Dominicana», cuyos padres son de origen extranjero y se encontraban en el país en situación irregular.

Ha tomado tiempo llegar a este texto, porque debíamos encontrar un punto de equilibrio entre posiciones encontradas. El proyecto que se propone cuenta con un gran respaldo, porque logra ese objetivo y es fruto del consenso.

La meta siempre fue llegar a una solución que cumpliera con dos objetivos fundamentales: por un lado, salvaguardar los intereses nacionales y el estricto cumplimiento de la legalidad de la República y, en particular, las sentencias del Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, garantizar los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio dominicano, especialmente los de aquellas personas que han nacido y se han criado en el país.

Aunque todas las personas que son objeto de este proyecto de ley comparten dos características -haber nacido en la República Dominicana y ser hijos de padres extranjeros- se han dividido en dos grupos distintos, de acuerdo a su estatus documental actual y, en consecuencia, se han establecido soluciones distintas para la problemática de cada uno.

En un primer grupo se encuentran aquellas personas, nacidas en la República Dominicana, cuyas actas de nacimiento fueron otorgadas por funcionarios públicos de manera irregular.

En este caso entran las personas nacidas en la República Dominicana, que siempre han vivido en nuestro país, que se sienten dominicanos y que en todos los casos cuentan, además, con un documento oficial emitido por el Estado Dominicano que les permitió desarrollar su vida civil con certezas y expectativas concretas basadas en dicha documentación.

Para ellos, la ley dispone que sus documentos sean regularizados. Se evita así la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por circunstancias en las que no tuvieron participación alguna.

Un segundo grupo, de características distintas, es el de hijos de extranjeros que nunca han tenido documentos. Esta población deberá acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular, actualmente en proceso, para obtener un estatus migratorio que le permita residir legalmente en el país.

Además, aquellos que puedan acreditar fehacientemente su nacimiento en el país, tendrán un plazo de 90 días para solicitar su registro en el libro para extranjeros, contemplado en la Ley General de Migración No. 285-04.

Tras completar el debido proceso de regularización y obtener el estatus migratorio correspondiente, de acuerdo a las categorías existentes en la actual Ley de Migración, los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, solo podrán optar al proceso ordinario de naturalización, tal y como está ya estipulado en la ley que rige la materia, pasados 24 meses desde la obtención de su estatus regular.

En conclusión, la Ley que el Congreso tiene ahora en sus manos es una solución justa, fruto del consenso social y de la reflexión. Alejándose de los extremos retóricos, esta iniciativa supone una oportunidad de modernizar nuestros registros documentales, al tiempo que da una solución práctica para que todas las personas nacidas en el país puedan continuar sus vidas con dignidad y terminar así con este ciclo de irregularidades que permitirá al Estado Dominicano en lo sucesivo una mayor regulación de los flujos migratorios.

Tal y como afirma la exposición de motivos que el Presidente Medina ha remitido junto a la propuesta “este proyecto es una ocasión histórica para avanzar en la construcción de un país con verdadera igualdad y justicia social. Un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.”

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El anuncio del presidente Danilo Medina de que observaría el proyecto de Ley que modifica el actual Código Procesal Penal es un triunfo de la lucha organizada de la ciudadanía y sus organizaciones, ante los intentos de retroceso en materia de  derechos adquiridos que significa la mutilación del Art. 85 del referido código.

Así lo calificó el movimiento La Multitud. Según sus dirigentes «ahora toca estar alerta para conocer las observaciones que el Presidente Medina  hará sobre este proyecto, que deben ser debatidas por toda la sociedad, cuantos antes”.

El martes, el presidente Danilo Medina anunció a través del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, que observaría las propuestas de modificaciones al CPP que hiciera el Congreso Nacional, hasta tanto se logre un proyecto emanado del consenso social y político.

Franiel Genao, vocero del movimiento, llamó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, como al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados a hacer una reflexión sobre su posición en relación a la modificación del Código Procesal Penal, ya que con sus actos «apañaron la corrupción».

«Desde La Multitud nos hacemos eco de la denuncia de la diputada, Minou Tavarez en relación a que la Comisión Ética de la  Cámara Diputados, investigue  e identifique si ciertamente se violó el procedimiento de la Cámara de Diputados al ser introducido el proyecto de modificación del Código Procesal Penal», afirmaron.

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Franklin García Fermín, ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo domingo, se unió al grupo de juristas que solicitan al presidente Danilo Medina observar la Ley que reforma el Código Procesal Penal por contravenir disposiciones establecidas en la Constitución de la República.

Afirma que la ley que busca modificar el Código Procesal Penal viola la Constitución en puntos fundamentales, así como convenciones internacionales de la Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

El ex-presidente del Colegio de Abogados,  expresó que la exclusión del artículo 85 del referido Código constituye un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que prohíbe a los ciudadanos querellarse contra funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones violenten derechos humanos y que sean señalados por la comisión de actos de corrupción.

García Fermín criticó al procurador general de la República,  quien afirmó que la reforma al Código Procesal Penal que elimina la posibilidad que tienen los ciudadanos de querellarse contra funcionarios públicos,  no frenará la lucha contra la corrupción, sino que forzará al ministerio público a asumir una posición más activa.

«Los primero es que el ministerio público es un dependiente del presidente de la República, quien nombra a los demás funcionarios públicos, por tanto un subalterno nunca perseguirá a su superior; segundo, la práctica está ahí, los casos por corrupción que han llegado a los tribunales ha sido por la acciones de particulares», sentenció el doctor Franklin García Fermín.

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El empresario Alejandro Asmar Aponte sugirió al Presidente Danilo Medina posponer la reforma al Código Laboral porque si se modifica en estos momentos se enviaría una mala señal a los más de 700,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian.

Asmar Aponte entiende que lo más preocupante de esos jóvenes es que se trata de muchachos que no tienen ninguna motivación ,debido a que no creen en que su esfuerzo será recompensado, y por eso optan por no hacer nada, ni trabajar ni estudiar.

El empresario aseguró que quienes integran esta generación de los que ni trabajan ni estudian son generalmente jóvenes en situación de vulnerabilidad, a quienes les resulta dificultoso conseguir trabajo porque tienen escasa o nula experiencia laboral y un nivel educativo bajo.

«Creo que el presidente Medina debe esperar los resultados de sus esfuerzos en materia de educación y la erradicación de los oligopolios, mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas», y entonces más adelante, ya con esos resultados, sería más factible modificar ese Código, que genera tanta discordia entre patrones y trabajadores, dijo el doctor Alejandro Asmar, quien es presidente del Grupo Empresarial APS.

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La Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, creada por el Decreto 286-13, presentó el borrador preliminar del anteproyecto para revisión, evaluación y sugerencias de los distintos sectores de la sociedad dominicana.

Este  borrador está disponible en la página www.codigodetrabajo.do, de manera que cualquier institución o persona interesada en el tema pueda revisarlo y canalizar sus inquietudes a través de la Comisión Especial, como organismo receptor para la discusión de las diferentes propuestas.

El Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo declaró que: “estamos a la espera de que la Comisión Especial realice las discusiones programadas con los demás sectores, tanto empresarial como sindical,  a fin de consensuar qué puntos integrarán la propuesta del anteproyecto final que será entregada al Presidente Medina”.

Agregó el Ministro Montalvo: “Una vez más, reitero que esta revisión y modificación  al Código de Trabajo debe ser el producto de un consenso de las partes”.

El proceso de revisión de la pieza legal en su primera etapa conllevó una serie de consultas y jornadas de participación de los sectores involucrados y la ciudadanía en general, para lo cual se habilitaron varios medios, incluyendo consultas regionales en las zonas Norte, Sur, Este y el Distrito Nacional, reuniones con los representantes de los sectores laboral, empleador y otros sectores interesados que solicitaron ser escuchados.

De igual forma, se habilitaron medios para la recepción de sugerencias a través de una página web y un correo electrónico para tales fines.

Una vez concluidas las consultas, la Comisión se empleó por varios meses en el análisis y discusión de todas las propuestas presentadas, así como de las surgidas en el seno de la misma Comisión. Este proceso permitió redactar el anteproyecto preliminar de modificación del Código de Trabajo que fue presentado  ayer a la consideración de todos los interesados.

La Comisión resaltó que los puntos  aprobados a lo interno han sido por unanimidad o mayoría absoluta de todos sus integrantes, para lo cual se tomaron en cuenta los cambios producidos en el ordenamiento jurídico dominicano por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Congreso Nacional y otros instrumentos legales.

Tal como ha sido enfatizado por el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y la Ministra de Trabajo, la propuesta a remitir al Congreso será de consenso entre todos los sectores, razón por la cual se hace público el borrador del ante proyecto de ley, para que pueda ser discutido ampliamente por todos aquellos que quieran hacer aportes.

La Comisión Especial para  la Revisión y Actualización del Código de Trabajo está integrada por los abogados Joaquín Luciano, José Darío Suárez y Marisol Vicens Bello, así como los economistas Jefrey Lizardo, Manuel Adriano Jiménez y José Manuel Vicente.

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La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, solicitó hoy al presidente Danilo Medina retirar el proyecto Código de Familia, que fuera depositado ante el Congreso Nacional para su conocimiento y aprobación, con el objetivo de que el contenido de la pieza sea debatido por los diferentes sectores de la sociedad.

La decisión responde a las inquietudes y comentarios que suscitó la pieza legislativa, las cuales llevaron a la Vicepresidenta proponer al primer mandatario el retiro de la misma y someterla a mayores debates por parte de la población.

Cedeño de Fernández afirmó haber visto «comentarios que merecen ser discutidos con la comisión redactora del proyecto, para que nuestras familias cuenten con una ley que les proteja».

El Proyecto de Ley será sometido a debates en modalidades que serán anunciadas próximamente. Sin embargo, se recuerda que el Anteproyecto estuvo en discusión por nueve años, desde la formación de la comisión encargada de su redacción, con la participación de varias instituciones de la sociedad y con el apoyo de todas las instituciones públicas vinculadas al tema.

La Vicepresidenta aseguró que «sin familias sanas y protegidas no hay sociedades sanas y seguras», a la vez que reiteró que el país requiere de un Código de Familia de manera «urgente» para así «vivir desde derechos y valores, y garantizar la convivencia y el bien común».

Asimismo, informó que el documento íntegro del Código de Familia está publicado en el portal www.vicepresidencia.gob.do, para el conocimiento y estudio de todos en el país.

Mediante el Código de Familia se pretende unificar la legislación dispersa en materia de familia contenida en el Código Civil y leyes complementarias, y además establecer un Sistema Nacional de Atención Integral a familias. La pieza fue sometida el pasado 20 de febrero al Poder Ejecutivo.

La comisión redactora del Código de Familia se creó mediante el decreto presidencial 1602-04, el cual también instituye la comisión asesora, encabezada por la doctora Cedeño de Fernández, integrada además por representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), los ministerios de la Mujer, Trabajo, Agricultura, Salud Pública, Educación, entre otras entidades.

El objetivo del Código de Familia es contribuir al desarrollo integral de la familia dominicana, con atención especial a aquellas que se encuentran en extrema pobreza o vulnerabilidad. Entre los países que tienen Código de Familia se encuentran Bolivia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Cuba.

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