El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que es impostergable que se le preste atención al sistema penitenciario de la República Dominicana ya que muchos privados de libertad carecen de atención que garanticen sus derechos y estos centros siguen siendo lugares de origen de crímenes y delitos.

Señaló que en la actualidad las cárceles dominicanas están sobrepobladas lo que dificulta una atención con garantía de derechos para los internos. 

“No podemos continuar con cárceles que sean laboratorio de delitos y que sea bajo la supervisión o tutela de las autoridades y que los delincuentes continúen operando por falta de atención y condiciones de los recintos” expuso Ulloa.

Al presentar el estudio Cualitativo de las Condiciones de Salud en Centros Penitenciarios de la República Dominicana, el cual recoge la percepción de los internos, explicó que el 30 por ciento de la población penitenciaria padece algún problema de salud. 

De acuerdo con el estudio del Defensor del Pueblo, un 30 por ciento de la población carcelaria tiene problemas cardiacos, enfermedades oculares, enfermedad de células falciformes y un 20 por ciento padece problemas de salud mental; 10 por ciento de enfermedades renales, 8 por ciento de diabetes, 5 por ciento Tuberculosis y 3 por ciento con VIH, siendo un dato alarmante que de la población penitenciaria la mitad no recibe atención.

“En nuestro recorrido por las cárceles hemos visto la falta de atención y de condiciones para tratar temas fundamentales como la salud de nuestros internos” puntualizó, el titular del órgano constitucional. 

El estudio levantado por el Defensor del Pueblo y el primero de cinco que presentará la institución contó con el apoyo de la Defensa Pública, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, cuyos datos fueron trabajados por la reconocida antropóloga Tahira Vargas. 

Al presentar el mismo, Pablo Ulloa reconoció la apertura y el interés de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales en agilizar las mejoras en los recintos del país.

En el acto estuvo presente el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; la primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Martich; primer suplente, Roberto Quiroz; secretario general, Harold Modesto; director de la Oficina de Oportunidades, Julián Valdés; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes; la antropóloga Tahira Vargas, además de colaboradores de la institución.

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La Procuraduría General de la República valoró el informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde reconoce muchos de los importantes esfuerzos que realizan las autoridades del país, para perseguir el crimen de Trata de Personas.

El Departamento de Estado destacó en su informe correspondiente al 2019 como importante los esfuerzos que realiza el país en la persecución de este delito, destacando ser este último el año de más investigaciones, la laboriosa revisión de la ley sobre la trata para eliminar el requisito de fuerza, fraude o coerción de las víctimas menores de 18 años de la trata con fines sexuales, entre otros importantes avances. 

La institución indicó que el informe del Departamento de Estado de los EEUU también reconoció que el año 2019 fue el año donde las autoridades realizaron más investigaciones en materia de trata con relación a todos los años anteriores, observándose un sustancial incremento con respecto a los años 2018, 2017, 2016 y 2015.

En ese sentido, la institución informó que este incremento en las investigaciones demuestra los constantes esfuerzos que realizan y los resultados tangibles en la persecución del delito de Trata de la actual gestión, destacando que durante el 2019 logró judicializar 22 casos de trata, 19 de proxenetismo y obtuvo 7 sentencias condenatorias.

Al referirse a la cantidad de sentencias obtenidas, la PGR aclaró que las sentencias son emitidas por el Poder Judicial, y que son un reflejo de la conclusión de procesos iniciados varios años antes, indicando que muchas corresponden a procesos del 2014 y 2015 donde los números de investigaciones eran menores, razón por lo que hubo menos sentencias en el 2019.

Se recuerda que este informe se refiere a todas las instituciones, no solo a la PGR, reconociendo dicho informe de manera especial la labor de la Policía Nacional y su departamento de Trata, al valorar como positivos los enjuiciamientos y la capacitación de más personal de la policía turística en materia de trata y menores de la calle.

La PGR indicó que trabaja hoy más de cerca que nunca con la Embajada de los EEUU en el país, y agradece el apoyo constante que ofrecen las autoridades de ese país a la presente gestión en la persona de su embajadora, Robin S. Bernstein. 

Con respecto al cambio de fiscales que hace referencia el informe, la Procuraduría General de la República aclaró que el informe se refiere a fiscales de Trata, y que el único cambio importante de fiscales en esa Procuraduría Especializada, se realizó en el Titular, porque ya había vencido el tiempo establecido por la Ley Orgánica que rige al Ministerio Público, y recordó que ese mismo titular concursó para la titularidad de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, ganando la plaza a través de un concurso para dicha titularidad, donde hoy ejerce sus funciones con mayor impacto regional, en beneficio del sistema de justicia. 

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Ena Inés Ortega Lajara fue nombrada como procuradora general adjunta del procurador general de la República. Sustituye en el cargo a Aris Yván Lorenzo.

La disposición está contenida en el decreto 240-17 emitido hoy por el presidente Danilo Medina.

En ese mismo decreto Virgilio Peralta De la Cruz  fue confirmado como procurador general adjunto.

Además, el artículo número tres de la pieza deroga el decreto 189-14, del 9 de junio de 2014.

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La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) remitió ayer martes a la Procuraduría General de la República copias certificadas de todos los documentos referentes a sus relaciones contractuales con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht.

Los documentos remitidos al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, están acompañados de una carta firmada por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, en la que hace constar que Odebrecht es parte de un consorcio integrado por otras dos empresas, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella, que ganó la licitación pública internacional para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

La CDEEE envió una caja contentiva de cuatro tomos que conforman la Gaceta Oficial No. 10763, año CXLVI, que recoge de manera inextensa en versión física y digital el contrato firmado por la empresa estatal con el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella para la referida planta con capacidad para generar 720 megavatios.

Asimismo, la CDEEE entregó a la Procuraduría General de la República otro pliego de documentos contractuales de años anteriores mediante los cuales la firma Odebrecht trabajó en la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pinalito y Palomino, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

La entrega de los documentos se realizó a través del área de correspondencia de la Procuraduría por parte de los señores Manuel Batista, subdirector Jurídico, y Leniza Hernández, gerente de Análisis Legal y Cumplimiento de la Dirección Jurídica de la CDEEE.

Los documentos fueron requeridos como parte de la investigación que realiza el Ministerio Público en referencia a la afirmación que hiciera la empresa Norberto Odebrecht de que habría entregado sobornos por el orden de los US$92 millones en el país entre los años 2001 y 2014.

Este lunes 26, en horas de la tarde, la Procuraduría General de la República otorgó un plazo de 48 horas a las instituciones del Estado que tuvieran o hayan tenido relación contractual con la empresa Norberto Odebrecht para que les remita los documentos. La CDEEE ha cumplido con esa solicitud en las primeras 24 horas.

El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE informó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que está en la mejor disposición de colaborar en todo lo que esté a su alcance con las informaciones que requiera en lo relativo a su investigación sobre las acciones de Odebrecht relacionadas con la empresa energética estatal.

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Para la politóloga Rosario Espinal los dos cambios más desacertados realizados  por el presidente Danilo Medina en los actos de juramentación del pasado 16 de agosto han sido el de Miguel Vargas Maldonado, como ministro de Relaciones Exteriores y Jean Alain Rodríguez, como Procurador General de la República.

Esto se lo adjudica a la alta tasa de rechazo que se ha ganado Vargas Maldonado y la inexperiencia de Alain Rodríguez.  Pero, este cargo al presidente del Partido de la Revolución Dominicana, (PRD), no fue una sorpresa ya que según Espinal esto fue la cuota pagada por el presidente por recibir el apoyo del PRD para hacer los cambios en la reforma constitucional.

“Lo que sucede  es que el PRD recibe su cuota por haber sido instrumental en la reforma constitucional. Esto crea un problema, sobre todo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde eso fue un feudo del partido reformista. Yo supongo que formar un gabinete debe ser como un rompecabezas, muy difícil. ¿Qué yo hubiera querido? Más caras nuevas, más mujeres, por lo menos que de cuatro la elevaran a seis u ocho”, explicó Espinal en el programa «Lenis García Opiniones» que se transmite de 8:00 a 9:00 de la noche por el canal 25.

Aunque un miembro de un partido opositor tenga en su poder este cargo, Espinal entiende que no representa un peligro ni una amenaza para el Partido de la Liberación Dominicana ya que: “En términos políticos Miguel Vargas no va  a tener mucha autonomía, pienso que en términos políticos él va a tener que implementar la política del presidente, la política exterior. Un ministro de relaciones exteriores, tiene poco margen para desviarse, porque el jefe  de la política exterior es el presidente. Solamente si el presidente de la república decide no involucrarse y dejar que la cancillería ande por su cuenta, podría crearse un espacio”, explicó.

Por otro lado, comentó que la gente no ha visto bien la designación del nuevo Procurador General, porque en medio del escándalo de los tucanos debían de dejar a Domínguez Brito o en su lugar poner a alguien con la trayectoria jurídica “para poder tener la esperanza de que esos casos se iban a seguir, pero, nombran a una persona que yo realmente no puedo hacer ningún comentario al respecto porque no lo conozco”, apuntó.

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La Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, incautaron hoy 169 celulares ilegales en la Penitenciaria de La Victoria.

La acción forma parte del operativo contra los denominados teléfonos macos.

Los aparatos incautados hoy, se suman a los más 700 decomisados en los últimos tres días mediante 39 inspecciones y 7 allanamientos en igual número de establecimientos de ventas de celulares.  Dos de estos allanamientos se realizaron en el ensanche Espaillat y otro en el barrio 27 de Febrero, donde se incautaron aparatos inalámbricos y accesorios telefónicos.

En ambos casos, las autoridades están investigando si las tiendas allanadas operan de manera regular y han solicitado a los comerciantes que presenten documentación que respalde la procedencia de los objetos incautados. Los allanamientos se ejecutaron con órdenes judiciales.

Estos operativos se inician dos días después de que el ministro de la Presidencia se quejara sobre la proliferación de los llamados “teléfonos macos” y mostrara su preocupación por los altos índices de hechos delictivos cometidos con esos aparatos. De acuerdo con la Policía, solo en el mes de mayo el robo de celulares en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo representaba el 86 % de los delitos reportados.

911 asistió a piloto. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 brindó asistencia al piloto de un helicóptero que se precipitó sobre una vivienda, en el sector Maquiteria, en Villa Duarte.

El piloto sufrió golpes en el abdomen, fractura del tobillo derecho y varias heridas en diferentes partes del cuerpo; en todo momento se mantuvo consciente y orientado, según el informe de la unidad médica que atendió la emergencia.

También fue necesaria la intervención de las unidades de soporte del cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional, para establecer un cordón de seguridad ya que con el impacto, el combustible del helicóptero comenzó a derramarse y existía el riesgo de que se originara un incendio.

Gracias al esfuerzo y a la coordinación de varias agencias del 911, la situación fue controlada rápidamente.

Varios agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) fueron dispuestos para dirigir el tránsito.

El piloto herido fue trasladado hacia el Hospital Dr. Darío Contreras, donde fue recibido y atendido por el personal médico de este centro.

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El procurador general de la República ordenó investigar irregularidades destetadas en expedientes donde acusan imputados de violar la ley 50-88, donde fueron supuestamente falsificadas las actas de allanamientos para buscar la libertad mediante el juzgado de la instrucción.

Francisco Domínguez Brito, designó la comisión encabezada por un procurador adjunto de la Procuraduría General de la República, donde han investigado a tres fiscales adjuntos y otros empleados de la Fiscalía de San Cristóbal.

Según se informó, las actas de allanamientos de los expedientes de los imputados Jorge Luis Rivera y Rivera y Franklin Mieses Rosario, fueron falsificadas por desconocidos hasta el momento para lograr las libertades, donde en el juzgado de la instrucción se descubrieron las presuntas, lo que provoco una investigación.

Los imputados Jorge Luis Rivera Rivera y Franklin Miéses Rosario, fueron apresados en allanamientos por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde fueron acusados de posición de una gran cantidad de estupefacientes.

También la comisión investigadora tiene una agenda investigar uno de los abogados de los imputados, el cual fue apresado el pasado año, al ser acusado por la DNCD y la procuraduría General de la República supuesta implicación del cartel, que fue desmantelado en esta provincia.

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El senador de San Juan, Félix Bautista, dijo que no es cierto que haya distraído bienes y enfatizó que no es propietario de la aeronave Gulfstream American 2 modelo G-1159, serie No. 253, matrícula N16YY y/o N522HS, que el Ministerio Público inmovilizó en Puerto Plata.

De esta forma, el legislador respondió a las afirmaciones de la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Pelletier, quien había declarado que dicha aeronave forma parte de los bienes investigados en el proceso contra éste por crímenes de corrupción y lavado de activos.

«Yo no he incurrido en el delito de Lavado de Activos y eso lo demostraremos en los tribunales. La señora Pelletier sabe que lo del avión y todas las demás imputaciones que formulan en el expediente acusatorio, fueron investigadas por el propio Ministerio Público, donde ella participó siendo Sub Directora de la DPCA», manifestó el senador mediante un comunicado. Explicó que en el archivo No. 03093 del 13 de agosto de 2012, en el numeral 167, de la página 84, se consigna que «así las cosas, al examinar todas las evidencias reunidas durante las pesquisas, ninguna de ellas vinculan al senador Félix Bautista con las operaciones de la aeronave en cuestión».

Todo esto, según el legislador, fue ratificado además por dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia: la No. 7915-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, dictada por la magistrada Esther Agelan Casasnovas, en su condición de jueza de la Instrucción Especial; y la No. 2012-3832, de fecha 17 de febrero del año 2014, emitida por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que confirmó en todas sus partes la decisión de la jueza de la Instrucción Especial.

«La señora Pelletier tiene todas las pruebas que demuestran que no soy propietario del avión. Por tanto, al insistir en que es de mi propiedad, a sabiendas de que fue investigado por el Ministerio Público y ratificado por dos sentencias de la Suprema Corte de Justica, estamos frente a una doble persecución, violando el Art. 69.5 de la Constitución y el Art. 9 del Código Procesal Penal» expresó Bautista.

Recomendó a Pelletier, «no prestarse al juego político del Procurador General de la República, quien ha sometido un expediente mediático, investigado y archivado por los tribunales, sin fundamento legal ni base probatoria, el cual tendremos oportunidad de debatir y contrastar en los tribunales».

Guerrero Pelletier sostiene que la aeronave habría sido sacada del país en septiembre del presente año hacia el estado de la Florida con la matrícula N16YY, y regresó nuevamente a la República Dominicana en el mes de noviembre con la matrícula N522HS, luego de operarse una transferencia simulada, todo a raíz de la presentación de la acusación en fecha 22 de octubre del 2014 contra Félix Bautista Rosario y seis personas más.

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El Ministerio Público procederá en contra de 131 personas por realizar llamadas molestosas al Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911; mientras que los conductores con infracciones no podrán renovar sus licencias.
 
Así lo advirtió el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, al participar en el Encuentro con los Medios y Ciudadanos que organiza cada lunes la Dirección General de Comunicación.
 
El magistrado informó también que se utilizarán las imágenes captadas mediante el Sistema de Cámara de Video Vigilancia a los fines de instrumentar los expedientes correspondientes y presentar ante la justicia a las personas sorprendidas cometiendo algún tipo de delito.
 
En ese sentido, Domínguez Brito informó que en las tres semanas que lleva de funcionamiento el exitoso programa 911 las cientos de cámaras colocadas en el Gran Santo Domingo han captado 358 casos, de los que 53 correspondieron a accidentes de tránsito.
 
El máximo representante del Ministerio Publico refirió que siete de los casos grabados en el referido período corresponden, entre otros, a agresiones, 20 a riñas y  tres de narcotráfico.
 
Llamadas molestosas. Francisco Domínguez Brito refirió que los 131 casos que se han presentado por llamadas molestosas al 911 ya están debidamente instrumentadas con sus respectivas actas de investigación y la instrucción correspondiente.
 
Adelantó que en cada uno de esos casos se asegurará la aplicación la ley, solicitando para las multas reglamentarias que van desde el pago de cinco salarios mínimos hasta prisión.
 
Las multas. En cuanto a las multas por violaciones a las leyes de tránsito, el procurador general de la República dijo que se ha establecido un sistema que permite que la base de datos del Ministerio Público sea consultada por diferentes organismos del Estado.
 
“Lo que estamos diciendo es que ningún ciudadano que tenga una multa pendiente dentro del sistema por infracciones de tránsito podrá renovar la licencia de conducir.  Anteriormente este requisito era exigido para la primera licencia que se expidiera”, dijo el funcionario.
 
Añadió que los conductores con multas pendientes de pago tampoco podrán obtener el certificado de antecedentes penales, requerido para un sin número de diligencias, tras agregar que lo que se pretende con la medida es que se cumpla el imperio de la ley.

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El procurador General de la República durante una visita al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, anunció el inicio de una campaña por la conciencia en el uso del casco protector, y  dijo que arreciarán la parte punitiva.

El magistrado Domínguez Brito dijo que lo más importante que se lanza desde el Hospital Ney Arias Lora, es la conciencia social ciudadana, que cada dominicano sepa que están protegiendo la familia, los hijos y los padres, y que por irresponsabilidad no tienen derecho de llevar dolor a la familia que le rodea.

“Prudencia con el casco, conciencia protegiendo nuestras cabezas, visión clara de que nuestra vida es única y que somos seres únicos en la vida y que por algo tan sencillo como un casco protector no tenemos derecho a dañar”, dijo Domínguez Brito.

El procurador General de la República, quien estuvo acompañado del director general del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y el presidente de FundaRed, Mario Holguin, hizo un llamado a la vida, a la conciencia de los dominicanos, al castigo social y moral de la comunidad para garantizar el uso del casco protector.

Domínguez Brito dijo que cuando habla del castigo social y moral es el llamado del niño cuando vea al padre salir sin el casco protector que le diga papi el futuro está en peligro cuando sale así, las madres cuando vean al joven sin el casco protector le digan no tiene derecho a exponerte tan fácil y dejarme a mí abandonada.

El funcionario manifestó que en este día desde un hospital modelo, traumatológico, que le  brinda un servicio profesional a todo el país de que el motorista tome conciencia del uso del casco protector para salvar vida.

Domínguez Brito dijo que a veces se habla de que la tasa de homicidios de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas de 10 por cada 100,000 habitantes es una epidemia, sin embargo, aquí se está hablando de 41 cada 100,000 habitantes de personas que mueren cada año en la República Dominicana.

«Lo más preocupante de las personas que fallecen por accidentes de tránsito es que están relacionadas con las motocicletas, y sobre todo la falta del casco protector», declaró el procurador en una nota.

Manifestó que en Semana Santa se registraron  388 accidentes de tránsito y 787 personas afectadas de las cuales 229 fueron por motocicletas los afectados; y que estas personas fallecidas son muy jóvenes, de 18 a 30 años, y es lamentable que en la plenitud de la vida se pierdan.

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