La procuradora general Miriam Germán Brito presenta una evolución adecuada en sus parámetros clínicos, según el más reciente parte médico ofrecido por el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS).

Un equipo médico encabezado por Nepomuceno Mejía Severino, director médico del hospital, tiene a su cargo el cuidado de la magistrada que en estos momentos recibe el tratamiento para una infección de las vías urinarias y una neumonía bilateral. 

La gerente de comunicaciones del HGPS, Dashira Martínez, recordó que se trata de una paciente diabética tipo 2 y que fue hidratada debido a la descompensación inicial que tuvo. 

Al difundir el parte médico, Martínez resaltó que el problema de la diabetes ha sido estabilizado, al igual que su hipertensión. “Ambas están controladas”, dijo.

“El equipo médico se está encargando 24 horas de darle la asistencia necesaria para que pueda salir pronto del hospital, que es lo que queremos, pero ya en perfecto estado de salud”, añadió.

Explicó que en estos momentos Germán Brito recibe el tratamiento recomendado para la infección y la neumonía y “se encuentra en una evolución satisfactoria”.

“Sus parámetros son los adecuados y nosotros decidimos colocarla en la unidad de cuidados intensivos por el hecho de que en esta unidad ella va a estar 24 horas monitoreada”, sostuvo la gerente de comunicaciones del Hospital Plaza de la Salud.

La Procuraduría General de la República reitera su agradecimiento a quienes muestran interés por la salud de la magistrada Germán Brito y expresan sus deseos de pronta recuperación.

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que el Ministerio de Salud Pública intervino la Penitenciaría Nacional de La Victoria, dentro de las labores que llevan a cabo para la prevención y detección de casos de coronavirus (COVID-19) en ese recinto.

El personal del Ministerio de Salud Pública estará realizando en las primeras jornadas de trabajo pruebas a más de mil internos y, posteriormente, implementarán un sistema de pruebas periódicas con médicos fijos para darle seguimiento a esos casos.

Para tales fines, se ha establecido un esquema de trabajo preventivo en el que todo aquel que presente síntomas sea colocado inmediatamente en un área de observación y se le haga la evaluación y pruebas correspondientes, procediéndose en caso de que las mismas den positivo con el traslado del interno a uno de los 10 centros regionales destinados por la Procuraduría General y el Ministerio de Salud para la atención y aislamiento de privados de libertad con COVID-19.

Hasta el momento, lamentablemente, dos internos han fallecido en el penal de La Victoria, presumiblemente afectados por COVID-19, en tanto que uno de los internos a los que se les aplicó ayer sábado la prueba y que dio positivo, fue aislado, y otros ocho se encuentran en observación, también en aislamiento.

Mientras, el personal de Salud Pública continúa con las labores de detección y seguimiento a los internos con síntomas propios de la enfermedad.

La Procuraduría y el Ministerio de Salud Pública continúan trabajando para proteger la población penitenciaria nacional, ofreciéndole la atención y el tratamiento requerido en esos casos, principalmente, aquellos más vulnerables, como los de más de 60 años de edad, los afectados por hipertensión arterial, diabetes o enfermedades terminales.

En una labor conjunta, este fin de semana, personal del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección General de Prisiones continúan realizando labores de desinfección y la realización de pruebas en el penal de La Victoria.

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El Gobierno dominicano dio a conocer su posición con relación a los reclamos de explicación sobre la suspensión de las Elecciones Municipales, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

El encuentro estuvo encabezado por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia; José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien leyó la siguiente declaración:

“Desde que la Junta Central Electoral anunció a media mañana del domingo 16 de febrero la suspensión completa del proceso de votación en las elecciones municipales, la sociedad dominicana ha demandado una explicación transparente y creíble de lo que sucedió en el sistema automatizado instalado por el máximo órgano electoral.

Ciudadanos y ciudadanas se han manifestado en diferentes puntos del país reclamando una respuesta seria y contundente a la pregunta de qué pasó ese día o días antes que impidió la celebración de las elecciones para elegir las autoridades municipales.

Lo que ocurrió, sin duda alguna, fue un hecho lamentable, bochornoso y frustrante. Los ciudadanos manifestantes y la sociedad entera demandan y merecen una explicación.

La indignación de la población pone de manifiesto que la gente no es indiferente ante el hecho de que no se le permitiera ejercer el derecho al voto. La democracia comienza, aunque no termina ahí, en el ejercicio del sufragio con libertad plena de la ciudadanía.

Sin elecciones libres y competitivas, justas y transparentes, no puede haber democracia.

Garantizar ese derecho es una responsabilidad de todos, pero especialmente de la Junta Central Electoral, a la que la Constitución y las leyes le otorgan esa potestad como órgano autónomo e independiente.

La respuesta que la sociedad reclama tiene que tener credibilidad. No se logra nada si la explicación que se ofrezca, aún pueda ser verdadera, no cuenta con esa credibilidad que es la base de la confianza que debe existir entre gobernantes y gobernados.

Reconociendo esto, hay que buscar una vía para dar credibilidad a cualquier investigación que se lleve a cabo para determinar qué pasó y si hubo alguna actuación dolosa en esa interrupción inesperada de las elecciones municipales.

El Gobierno dominicano reconoce que en un ambiente de tanta desconfianza como en el que nos encontramos, cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo al Gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición como en amplios segmentos de la sociedad dominicana.

Lo mismo puede decirse de la Junta Central Electoral, órgano que determinó la suspensión de las elecciones ante los fallos en los equipos técnicos del voto automatizado.

Esto lo pudimos constatar en una ronda de consultas que, por instrucción del Presidente de la República Lic. Danilo Medina, llevamos a cabo a principios de semana el ministro de la Presidencia, el ministro Administrativo de la Presidencia y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con importantes líderes de opinión del país, así como con líderes del sector empresarial.

En vista de lo anterior, el presidente Danilo Medina instruyó al ministro Administrativo de la Presidencia, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunirse con el Secretario General de la OEA Luís Almagro para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder ante una situación como la que enfrentamos los dominicanos en esta coyuntura. La reunión con el Secretario General Almagro se produjo en el día de ayer en la sede de la OEA en la ciudad de Washington, D. C.

Como resultado de esta reunión, el Gobierno dominicano considera que el curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría-investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales.

Para lograr este objetivo, la Junta Central Electoral debe cursar una invitación a la OEA para que lleve a cabo esta tarea, al tiempo que el Gobierno dominicano firme el protocolo de rigor que se corresponde con este tipo de misión especial.

Del mismo modo, instituciones como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) pueden participar en ese proceso de investigación, de modo que haya la mayor transparencia y credibilidad en los resultados que arroje dicha investigación.

En vista de lo anterior, le estamos solicitando al Ministerio Público que suspenda su investigación sobre este caso para dar oportunidad que la OEA y demás organismos de carácter internacional puedan llevar a cabo una investigación sin contaminación de los actores políticos.

Lo que procuramos con esta iniciativa es que la investigación que se lleve a cabo sea independiente, transparente, rigurosa y objetiva”.

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El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, declaró que serán sometidos a la justicia quienes lanzaron heces fecales en las sedes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y Suprema Corte de Justicia del Centro de los Héroes este lunes “Día del Poder Judicial”.

El Magistrado expresó que los principales enemigos del Sistema de Justicia y del ciudadano son los que tienen comportamientos al margen de la Ley.

La mañana del lunes dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) fueron apresados por haber lanzado fundas con excremento a la edificación de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en el Centro de los Héroes. 

Al ser entrevistado en exclusiva por el comunicador y político Víctor Gómez Casanova, en el programa televisivo “Víctor en Vivo”, que se transmite de lunes a viernes por TeleRadio América, canal 45, en horario de 11 de la noche, el magistrado Rodríguez dijo que el que decide alterar el orden público, deñar la propiedad pública y desafiar la autoridad, debe ser apresado.

Agregó que a nadie se le ocurre hacer eso en países como Estados Unidos, Francia o España.

“Debemos respetar la ley y no apoyar este tipo de delincuencia, de criminalidad, ya está bueno de un exceso de tolerancia por algunas autoridades o por algunas personas, quien viole la ley debe de ir preso no importa quien sea”, exclamó.

Sobre el Consejo de la Magistratura consideró es buena elección y que ha sido un trabajo conforme  a como manda la ley, y que entiende que la próxima etapa continuará en una muy buena elección.

De otro lado, sobre la acogencia de un tribunal de la solicitud de habeas courpus interpuesta por la defensa del popular merenguero Antonio Peter De La Rosa (Omega), con la cual se le otorgó una libertad condicional luego de que cumpliera la mitad de la pena a la que fue condenado, el  Procurador dijo que este caso no ha concluido.

Agregó que se trata de la más amplia condena de violencia de género en la República Dominicana, y que si vuelve a cometer este tipo acciones volverá de nuevo al cumplimiento de su condena por 5 años.

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La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), planteó este domingo al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, que convoque al Concejo del Ministerio Público a los fines de dar cumplimiento a la ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, que en su artículo 41 establece: procurador Fiscal Titular. Las fiscalías se integran por un equipo de procuradores fiscales y fiscalizadores que estarán dirigidos por un Procurador Fiscal designado como Titular, conforme al escalafón, por el Consejo Superior del Ministerio Público por un período de cuatro años. Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño.

El pedido de la organización de la sociedad civil se produce ante el descontento de algunos miembros del ministerio público que han sido evaluado obteniendo calificaciones que ameritan ser promovidos, lo que a la fecha no se ha producido por la permanencia en sus puestos de los titulares, que también deben ser promovidos a procuradores de cortes y los actuales procuradores de cortes evaluados y que han obtenidos buenas calificaciones a procuradores generales adjuntos, tal como lo establece el Estatuto del Ministerio Público, entre los titulares que ya cumplieron 4 años y meses en sus cargos sin ser evaluadas y ratificadas se encuentran las procuradoras fiscales de los distritos judiciales más importantes Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Santiago.

Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, calificó de grave el proceso de allanamiento y cierre simultáneo de varias clínicas en el municipio de Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo dispuesto por el Ministerio Público de esa demarcación, donde se evidencio la comisión de varios errores procesales que luego obligaron a las autoridades a reabrir los centros de salud por el incumplimiento del debido proceso, lo que ha sido una práctica recurrente de miembros del ministerio público que más que atacar el crimen con esas acciones lo favorecen, ya que los casos al llegar a la jurisdicción de juicio se caen, recayendo la responsabilidad en los jueces.

“Desde el punto de jurídico un proceso que empieza mal termina mal, ningún caso de investigación por delito debe ventilarse a la luz pública en la fase de investigación o preparatoria porque la ley establece que es privado,  en cualquier país, con un error de esa naturaleza en un proceso, es anulable, siendo esa una razón por la que la mayoría de los procesos se caen en los tribunales, por violar las disposiciones del Código de Procesal Penal y muestra de ello están los casos donde se encontraban ex funcionarios públicos, cuyos caso fueron llevados primero en la jurisdicción de los medios de comunicación y sin fundamentos en los tribunales ordinarios”.

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