La Procuraduría General de la República solicitó a la jueza de la Cámara Penal de Santo Domingo, Wendy Martínez, que los imputados del caso Dican sean trasladados a la cárcel Najayo Hombres.

Según Tessie Sánchez, directora de comunicaciones, están a la espera de la autorización de la jueza para realizar el traslado ya que la cárcel de La Victoria, donde fueron enviados a cumplir un año prisión preventiva los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, así como Fernández Valerio, el teniente coronel Félix Humberto Paulino López (director de Operaciones del Dican), el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Balbaro Torres Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el sargento Pedro J. Almánzar González y Antolin de los Santos Zabala , no es segura.

Refirió que debido a que son fiscales y policías que han trabajado en distintos casos de delitos corren peligro en ese recinto, debido a que algunos imputados podrían estar recluidos.

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La Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción en contra de dos fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, y de varios agentes de la Policía Nacional, acusados de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) de la institución del orden.

La solicitud fue presentada por ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro Pérez García, en contra de los fiscales y otros agentes cuyos nombres no fueron revelados.

La Secretaría del tribunal no informó si la solicitud de medida de coerción consiste en prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida o presentación periódica.

Se informó que en el transcurso de hoy, viernes, el presidente del tribunal apodere del caso a uno de los magistrados de alzada para que haga las funciones de juez de instrucción.

Al principio, la solicitud de medida de coerción y asignación de juez fue depositada por ante el juzgado de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo, pero luego fue retirada y apoderada a la presidencia de la Corte, en vista de que los fiscales adjuntos involucrados en el hecho tienen jurisdicción privilegiada.

En torno al hecho fueron interrogados por la comisión investigadora los fiscales adjuntos Máximo Díaz y Leonidas Suárez, quienes participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, en el municipio Santo Domingo Este.

Por el hecho también fueron interrogados por la comisión que integran los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz e Iván Lorenzo, el sargento mayor, Antolín de los Santos, Agapito Mena Almánzar, Pedro José Almánzar, el raso Rainier García, entre otros.

El propio procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de “delicado y muy serio”, el caso de la Dican. Durante el curso de la investigación salió a relucir que los oficiales de la Dican y los dos fiscales adjuntos recibieron más de 107 millones de pesos y que la droga había sido devuelta a sus propietarios.

El caso ha concitado la atención de la opinión pública, al ocurrir en tiempos cuando el gobierno desarrolla una reforma estructural en la Policía.

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La Procuraduría General de la República iniciará esta semana un plan piloto en la cárcel del 15 de Azua, para bloquear las señales telefónicas móviles en ese recinto carcelario, para impedir que desde allí se cometan hechos criminales.

Así lo informó el procurador Francisco Domínguez Brito, quien se abstuvo a mencionar el costo de los aparatos para bloquear las señales telefónicas.

El jefe del Ministerio Publico dijo que en la medida en que haya fondos se irán instalando los bloqueadores en cada cárcel del país, porque no hay dinero para hacerlo todo junto.

Domínguez Brito manifestó que con el bloqueo se busca que los reos no utilicen los teléfonos para actos criminales, sicariato y otros hechos delictivos.

Explicó que las llamadas solo se podrían hacer desde cabinas telefónicas supervisadas, para lo cual se fijarán los días, horas y tiempo en que los reclusos podrán comunicarse.

El procurador valoró que el Congreso Nacional apruebe por ley, el bloqueo a las señales telefónicas móviles en los centros penitenciarios del país.

De su lado, el director y coordinador del Modelo de Gestión Penitenciaria y de la Escuela Nacional Penitenciaria (Enap), Ysmael Paniagua Guerrero, favoreció la colocación de bloqueadores de celulares en las cárceles del modelo tradicional y del nuevo, ya que permitiría reducir la criminalidad y la delincuencia que se gesta desde esos centros.

Paniagua afirmó que con los bloqueadores no se podrán organizar secuestros, extorsiones e instruir homicidios y asesinatos desde la prisión, tras señalar que frenaría el sicariato y el narcotráfico y todo tipo de crimen organizado.

Se recuerda que el 12 de setiembre del 2011, el ex procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, había anunciado una serie de medidas para controlar el uso de celulares en las diferentes cárceles del país, entre ellas perros amaestrados importados de Estados Unidos, inhibidores de señal para esos aparatos y de internet y la incautación de parábolas.

La pieza es de la autoría del peledeísta Juan Julio Campos, de la provincia La Altagracia, quien subrayó que muchas estafas las cometen personas desde los diferentes centros penitenciarios del país, a través de teléfonos celulares.

El artículo 1 del proyecto establece que tiene por objeto prohibir a los internos o presos el uso de todo tipo de aparato de telecomunicaciones, como teléfonos celulares o accesorios para comunicación como chips, tarjetas telefónicas u otros objetos, y establece el bloqueo de señales de telefonía móvil en los centros penitenciarios de la República Dominicana.

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