El Partido Revolucionario Moderno luce empantanado en un terreno al que saltó el presidente Luis Abinader cuando de manera muy anticipada, a días de su reelección para un segundo período en Palacio, convocó a los «presidenciales» para poner sobre la mesa el proceso electoral del 2028. La reunión organizada por el mandatario sorprendió dentro y fuera, naturalmente, debido a una conversación muy prematura, cuyos antecedentes en otros litorales desembocó en un desempeño negativo para el incumbente de turno.

Todavía la reforma constitucional no había iniciado su curso en el Congreso Nacional, proyecto de modificación que ya concluyó su ciclo –que inhabilita al presidente para aspirar en el 2028– cuando se sentaron en una misma mesa las principales figuras que ya tienen en marcha sus respectivas estructuras en ruta hacia el proceso interno del que saldrá la apuesta presidencial.

«Yo no sé porque el presidente Abinader cometió el mismo error que yo cometí, que dije aspiren desde ahora. La democracia mal entendida es mala, la democracia bien entendida es buena; yo no critico que aspiren, no puedo ser egoísta, yo no puse reglas y aparecieron 10 candidatos que se pasaron años discutiendo», expresó Mejía en declaraciones a reporteros de Noticias Telemicro. | Hipólito Mejía

Carolina Mejía, David Collado, Guido Gómez Mazara y Yayo Sanz Lovatón se contaron entre la lista, que incluye otros nombres, sostuvieron con el presidente Abinader una conversación de la que poco se conocen los detalles. Tiempo después, cuando tomaba cuerpo el desasosiego en las filas de menor jerarquía y en las altas esferas de la dirigencia, atribuyéndole a esta decisión un espíritu de angustia desesperada.

Con su característica elocuencia, el expresidente Hipólito Mejía fue uno de los primeros en tomar la palabra: «No sé por qué el presidente Abinader cometió el mismo error que yo», recordó el padre de la alcaldesa del Distrito Nacional, el primero de octubre pasado, en respuesta a periodistas que lo abordaron sobre el tema.

«Aunque es un derecho constitucional que tienen cada uno de los posibles candidatos a la presidencia del PRM, este no es el mejor momento para estar promoviendo proyectos presidenciales de cara al 2028. Para lograr una buena gestión de gobierno, el presidente no necesita posibles aspiraciones, lo que importa en este tramo son hombres y mujeres comprometidos con la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y con la fortaleza del PRM». | Alberto Atallah

«La democracia mal entendida es mala y la democracia bien entendida es buena», añadió Mejía, reiterando que no se opone a que sus compañeros aspiren, porque sería una actitud egoísta de su parte, pero entiende que el partido debe poner reglas claras para que este proceso concluya de la mejor manera.

El ex mandatario, que en una acción inusual se presentó en la cabina del programa «El sol de la mañana» (106.5 FM) el pasado lunes en reacción a un comentario del coordinador Julio Martínez Pozo, volvió sobre la campaña a destiempo, aunque es evidente que acciona con diligencia para fortalecer el proyecto político de su hija, que además es la secretaria general del PRM.

Mejía no oculta que su hija Carolina es una de las figuras que estará en el ruedo en el proceso interno del PRM con mira a las elecciones del 2028. «A nosotros no nos preocupa mucho eso porque sabemos lo que ella es, lo que ella representa. Es la participación de la mujer dominicana, que está en el mundo entero las mujeres están de moda. Joven, honesta, trabajadora, es la secretaria general del partido y ustedes pueden apostar que voy a estar metido en el medio, en la calle, con ella», manifestó.

¿Qué yo le he dicho a los compañeros de partido? Nosotros tenemos un doctorado en oposición, no estemos asumiendo conductas desde el Gobierno que  criticábamos cuando estábamos en la oposición, porque la sociedad tiene una enorme capacidad para darse cuenta y sancionarnos cívicamente. No conozco la primera experiencia donde el presupuesto se haya convertido en un auténtico liderazgo. Los líderes fundamentales de este país no han necesitado de ello». | Guido Gómez Mazara

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) es un dirigente que se opone sin cortapisas a la campaña anticipada. «En sociedades como la nuestra, la gente que tiene la oportunidad de participar en el Estado, con algún tipo de poder y se siente más cerca del cielo que de la tierra. Se genera un circuito de servilismo y genuflexión que hacen perder la perspectiva a la gente. Era el presidente de Estados Unidos, Grant, un hombre humilde que siempre decía que solo necesitaba tres cosas: la primera era un carro viejo, la segunda un traje decente y la tercera la tranquilidad de su conciencia. Mira cualquier es el problema de los servidores públicos dominicanos, salvo reconocidas excepciones: que se genera una idea de que el ejercicio del poder es eterno y como el poema, ‘todo pasa y todo queda’», comentó en una entrevista concedida ayer al programa «El sol de la mañana».

«Los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno están causando un ruido innecesario alrededor del gobierno y su partido que no es conveniente para nadie. El gobierno necesita que sus mejores hombres estén ayudando porque la política y la vida no es una cuestión de ficción, es realidad. El pueblo dominicano le dio el poder al PRM para que en este nuevo cuatrienio puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que esto se logra trabajando, no creando un ruido a lo interno del partido». | Tony Peña Guaba

En referencia a los aspirantes que participaron en las reuniones con el presidente Luis Abinader, Gómez Mazara dijo que «no podemos darnos el lujo de  comportarnos como un club de idiotas y no asimilar las experiencias del pasado. Nosotros venimos de un partido donde la tradición fratricida impidió hacer la fila. Este país pudo haber tenido a doña Milagros Ortiz Bosch de presidente [de la República] o a Jacobo Majluta, o Hatuey Decamps o Fello Suberví».

El funcionario volvió a una teoría que asumió como parte de su discurso de oposición a las aspiraciones anticipadas: «Por entender que todos tenían que aspirar al mismo tiempo y a la misma posición vino el proceso de fragmentación, que se ha extendido en otros partidos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, primero que el desempeño efectivo del Gobierno es la única garantía de éxito en el futuro; en ese mismo orden voy a decir de manera pública, lo que dije de manera privada en la reunión, que hablar ahora de campaña y un proceso electoral de cara al 2028 no es un hecho inteligente. Este país no nos va a perdonar a nosotros que en medio de una situación de dificultad, estemos nosotros haciendo campaña».

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La inclusión de una cláusula transitoria en la reforma constitucional que prohíbe de manera expresa al presidente electo en el proceso electoral del año 2024 aspirar nuevamente a la presidencia o a la vicepresidencia de la República ha desatado una serie de movimientos estratégicos dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esta disposición, además de limitar las posibilidades futuras del presidente, también crea un vacío de liderazgo en el horizonte político, generando una intensa competencia por la sucesión en el poder. De inmediato, aspirantes a relevar al presidente Abinader se han activado, conscientes de que se abre una oportunidad única para posicionarse como los continuadores del proyecto político de la organización.

El escenario que se dibuja es el de un partido que, lejos de cohesionar en torno a su líder actual, ve cómo sus principales figuras inician un proceso de reconfiguración de lealtades y posicionamiento personal. La falta de incentivos para que el presidente en ejercicio busque su reelección fomenta que otros dirigentes, hasta ahora subordinados, comiencen a alzar sus voces, estableciendo alianzas y creando corrientes internas que desafíen la autoridad de la dirección actual del partido. El distanciamiento y la búsqueda de protagonismo se intensificarán, y figuras emergentes que antes se mantenían en un segundo plano intentarán ganar visibilidad entre las bases y la estructura partidaria.

A esto se suma un elemento crítico que podría acelerar este proceso: el precio político que el presidente Abinader pagará por las estrictas medidas que se implementarán desde el próximo mes de enero como resultado de la reforma fiscal y tributaria. Dichas medidas, que probablemente incluirán aumentos de impuestos, eliminación de exenciones y ajustes en el gasto público, impactarán negativamente a sectores de la población, generando un malestar que se reflejará en la popularidad del gobierno y, por ende, del partido. Ante este escenario, es muy probable que aspirantes a la presidencia del propio PRM empiecen a distanciarse para no «pagar los platos rotos».

La implementación de una reforma fiscal siempre trae consigo un costo político significativo. Si estas medidas afectan a la clase media, a los empresarios y a los sectores más vulnerables, el gobierno podría enfrentar un rechazo generalizado. Ante esta perspectiva, los aspirantes a la nominación presidencial dentro del PRM intentarán desmarcarse de las decisiones del presidente y de su gestión, presentándose como alternativas renovadoras y críticas que ofrezcan un cambio de rumbo frente a las decisiones impopulares del gobierno.

El desgaste que podría enfrentar el presidente Abinader a raíz de la reforma fiscal abrirá un espacio para que las voces críticas y con propuestas alternativas adquieran protagonismo. Algunos de estos aspirantes, que quizás antes se mostraban alineados con el presidente, ahora tendrán incentivos para crear un perfil más independiente, buscando apoyo entre las bases y los electores insatisfechos con las decisiones gubernamentales. Este alejamiento estratégico también se reflejará en la lucha por el control de la dirección del partido. A medida que el liderazgo del presidente se vea afectado, las facciones internas buscarán posicionar a sus aliados en los órganos de decisión, creando un ambiente de pugna y reconfiguración de fuerzas.

La combinación de una reforma constitucional que limita las aspiraciones del presidente electo de 2024 y la implementación de una reforma fiscal con medidas estrictas a partir de enero puede desencadenar una fragmentación interna en el PRM. La cohesión partidaria se verá amenazada por la necesidad de los aspirantes de alejarse de las decisiones del gobierno y de construir sus propias plataformas políticas. Esto generará tensiones y divisiones que, de no ser manejadas adecuadamente, podrían afectar la gobernabilidad y la capacidad del partido de presentarse unido en futuras elecciones.

El distanciamiento de los aspirantes del propio partido y la pérdida de apoyo político dentro de la organización tendrán un impacto directo en la gobernabilidad del presidente Abinader. Si los líderes y figuras importantes del PRM comienzan a alejarse de la gestión actual, la capacidad del presidente para impulsar otras reformas o proyectos podría verse comprometida, reduciendo su margen de maniobra en el Congreso y en otras instancias de decisión.

Con estas nuevas reglas de juego, el panorama se perfila como uno de intensa competencia por la nominación presidencial dentro del PRM, donde el activismo y las ambiciones personales superarán las lealtades tradicionales. Los aspirantes internos que antes eran aliados ahora podrían convertirse en voces críticas que busquen capitalizar el descontento popular, generando un escenario donde el partido, lejos de consolidarse en el poder, se vea sumido en una dinámica de luchas internas y reconfiguración de liderazgos.

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La estabilidad de las instituciones estatales es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia en cualquier país. En República Dominicana, como en muchas otras naciones, el debilitamiento de estas instituciones, junto con el uso discrecional de sus recursos y posiciones por parte de funcionarios con aspiraciones presidenciales, representa una amenaza seria para la gobernabilidad, la transparencia y el sistema democrático en su conjunto. Esta combinación de factores crea un ambiente propenso al clientelismo, la corrupción y la manipulación de los recursos públicos, afectando tanto la calidad de los servicios estatales como la legitimidad del proceso democrático.

Es importante entender cómo la inestabilidad de las instituciones del Estado afecta la democracia. En un sistema donde las instituciones son débiles o vulnerables a cambios constantes, los empleados públicos no pueden realizar sus funciones con independencia ni bajo principios de continuidad. En lugar de ser espacios neutrales para la implementación de políticas públicas, las instituciones se convierten en instrumentos al servicio de intereses particulares. Esta fragilidad institucional permite que quienes ocupan altos cargos ejerzan un control desmesurado, lo que deriva en prácticas arbitrarias como el despido y contratación de empleados por razones políticas, sin tomar en cuenta el mérito o la eficiencia.

Este escenario es un terreno fértil para el clientelismo. En vez de ser servidores públicos dedicados a garantizar el bienestar colectivo, los funcionarios de las instituciones se ven obligados a lealtades políticas que comprometen su integridad profesional. Al depender de una figura política o facción dentro del partido en el poder, los empleados públicos quedan expuestos a la precariedad laboral. 

Otro aspecto alarmante es cómo estas luchas internas y la fragilidad institucional promueven el uso indebido de los recursos públicos. En el contexto dominicano, ha sido común observar cómo los aspirantes a la presidencia utilizan su influencia en cargos públicos para impulsar sus propias candidaturas o las de sus allegados, desviando los recursos estatales hacia proyectos o iniciativas que favorecen su imagen pública. Este uso de los recursos públicos con fines políticos personales es una forma de corrupción que distorsiona el funcionamiento de las instituciones y pone en riesgo la democracia.

Cuando los funcionarios estatales, especialmente aquellos con aspiraciones presidenciales, utilizan su posición para promocionar su imagen, están, de facto, apropiándose de los recursos del Estado. El resultado es que los bienes y servicios que deberían destinarse a mejorar la vida de los ciudadanos son utilizados para construir una plataforma política personal. Esto puede incluir desde el uso de fondos para eventos públicos con tintes políticos hasta la utilización de empleados del Estado como recursos de campaña. Este fenómeno crea una competencia desleal entre los aspirantes, ya que aquellos que ocupan posiciones con acceso a recursos públicos tienen una ventaja considerable sobre quienes no lo hacen, erosionando así los principios de equidad y justicia en el sistema electoral.

Además, la discrecionalidad con la que los incumbentes manejan las instituciones estatales fomenta un ciclo vicioso de clientelismo. Los empleados públicos, sabiendo que su estabilidad laboral depende de su lealtad política, se ven forzados a apoyar activamente a ciertos candidatos o facciones dentro del partido, creando una relación de dependencia que les priva de actuar con independencia. Este ciclo perpetúa la ineficiencia y la corrupción en el aparato estatal, dado que los empleados no son seleccionados ni evaluados por sus capacidades, sino por su fidelidad a un proyecto político.

El impacto de todo esto en la democracia es devastador. En primer lugar, debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en el sistema electoral. Si las instituciones del Estado se perciben como herramientas al servicio de aspiraciones personales, en lugar de estructuras diseñadas para servir al bien común, los ciudadanos pierden la fe en la capacidad del Estado para actuar de manera justa y eficiente. Esto, a su vez, aumenta la apatía electoral y la desafección política, lo que puede llevar a una menor participación en los procesos democráticos.

En segundo lugar, la manipulación de los recursos públicos para promover candidaturas desequilibra la competencia política. En un sistema democrático sano, todos los candidatos deben tener igualdad de condiciones para competir por el apoyo de los votantes. Sin embargo, cuando los aspirantes que ocupan cargos públicos utilizan los recursos del Estado a su favor, la competencia se distorsiona, favoreciendo a quienes ya están en el poder y marginando a aquellos que no tienen acceso a tales recursos.

La fragilidad institucional y el uso discrecional de los recursos públicos por parte de funcionarios con aspiraciones presidenciales representan una amenaza directa para la democracia. Si no se toman medidas para fortalecer las instituciones y garantizar la transparencia en el uso de los recursos estatales, la confianza en la democracia dominicana continuará erosionándose, con consecuencias graves para el futuro del país.

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El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, dijo que ante el vacío institucional que se ha producido en el municipio de la Vega, con la renuncia del alcalde y la Vicealcaldesa, lo que procede es que la Junta Central Electoral organice unas nuevas elecciones en dicha demarcación para elegir las nuevas autoridades municipales.

El dirigente político argumentó que al tenor de lo establecido por el artículo 201-2 de la Constitución no existe otra salida en términos de respeto a la institucionalidad democrática que no sea la celebración de nuevas elecciones.

Sostuvo que la Constitución del año 2010, dejó sin efecto la facultad que tenía el presidente de la República de designar autoridades municipales cuando se producían este tipo de vacío.

“ Proceder de otra manera crearía un funesto precedente que atentaría con el actual estado democrático social de derecho consagrado de manera taxativa en nuestra carta magna y aunque la ley 176-7 establece lo relativo a la vacancia cuando se produce la situación antes señalada dicha disposición quedó derogada desde la entrada en vigencia de la Constitución del año 2010”, manifestó el vicepresidente de la organización liderada por Leonel Fernández.

Finalmente, puntualizó que ni el presidente de la República ni ninguna otra autoridad tiene facultad legal ni Constitucional para elegir autoridades municipales; esta es una facultad indelegable del soberano, que es el pueblo y en el caso específico es al pueblo de La Vega a quien le toca elegir las nuevas autoridades municipales.

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La agenda de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, deja poco espacio para actividades fuera de los compromisos del cargo o del trabajo en la secretaría general del Partido Revolucionario Moderno. A ese mismo ritmo marcha el equipo de comunicaciones que mantiene un bombardeo sistemático de los pasos de la funcionaria.

En ruta al 2026, cuando el PRM debe elegir al presidente del partido, a quien vaya a ocupar la secretaría general, también se escogerá la candidatura a la Presidencia de la República. El hormiguero que se aprecia en el círculo de Carolina es más laborioso en lo que se puede apreciar en estos últimos meses.

El acelerado pulso de las estructuras internas que se mueven en su entorno tiene un objetivo definido: competir con posibilidades reales de poder alzarse con la candidatura presidencial. Los perremeístas, influenciados por el mensaje que envió el Presidente Luis Abinader tras su reunión en Palacio con los aspirantes, tratan de guardar la forma –hay quienes, por lo menos públicamente, consideran que es prematuro todavía–, pero el hervidero, el laborantismo que se manifiesta en los círculos de la organización alcanzan altas temperaturas.

Carolina Mejía, una política curtida en la carpintería y en el fuego de la campaña, hija de un expresidente de la República, está consciente que la contienda amerita un desempeño casi extraordinario que no sólo esté limitado a su gestión al frente de la alcaldía del Distrito Nacional. Como secretaria general, ha podido ir labrando el camino, teniendo contacto con las estructuras a todos los niveles, y afianzando un liderazgo más allá de su demarcación municipal.

Con el tiempo, la contienda va mostrando los rostros de un grupo de aspirantes que en algún momento cerrarán fila con uno de los contendientes con posibilidades reales de poder obtener la candidatura. Esto impone un trabajo fino que le permite atraer a su proyecto el apoyo de alcaldes, regidores, diputados, senadores, directores y ministros que ejercen en la administración de un partido en el poder.

Tiene a su favor el liderazgo de su padre, Hipólito Mejía. El expresidente empezó a moverse temprano, plantando bandera en territorio hostil, para ir despejando dudas sobre la capacidad como política, dirigente, funcionaria y mujer preparada para dirigir la primera magistratura. Por el momento, resta seguir movilizando brigadas de la alcaldía, y configurar el rostro de la ciudad con la pulcritud que pudiera avalar su proyecto presidencial en el PRM. Necesitará mucho más, pero por algún lado debe comenzar.

La presidencia del partido
Inhabilitado constitucionalmente para aspirar a un tercer período, es casi un hecho que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del PRM. Esta jugada le permitiría arbitrar el proceso de elección de la candidatura, y evitar que surjan conflictos que afecten la unidad de su liderazgo. Con un liderazgo indiscutible, Abinader se encargaría de encabezar un proceso que no debilite la organización, que para el 2028 tendría ocho años en el poder, cuando el efecto del desgaste pudiera empezar a manifestarse de cara al electorado. Algunos dirigentes de alto perfil ya han manejado públicamente esta idea.

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En la República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader se enfrenta a un creciente descontento ciudadano que se traduce en una alarmante pérdida de credibilidad. Cada día que pasa, la confianza en su administración disminuye un 10%, y esta tendencia no parece tener freno. La esperanza de reformas significativas y una mejora palpable en la calidad de vida se ha evaporado, dejando a la población con un sabor amargo: las promesas electorales se han quedado en meras intenciones, sin resultados concretos que las respalden.

La falta de creatividad en el círculo cercano del presidente se hace evidente. Estos conspicuos asesores parecen haber perdido la capacidad de idear propuestas innovadoras que realmente aborden los problemas urgentes que aquejan al país. En lugar de soluciones viables, se opta por estrategias de comunicación vacías, que no hacen sino perpetuar una realidad que cada día se vuelve más insostenible para los dominicanos.

La desconexión de la clase política con las preocupaciones del pueblo se manifiesta de diversas maneras. Un claro ejemplo es la actitud de la senadora Faride Raful, que se comporta como si aún estuviera en la tribuna del Senado, ignorando el clamor popular en el caso de Azua. Esta falta de respuesta ante temas candentes solo profundiza la desconfianza hacia los políticos y destaca una preocupante desconexión con la realidad que vive la ciudadanía.

Uno de los problemas más latentes es el caos en el suministro de energía eléctrica. Los constantes apagones y la falta de un servicio confiable no solo afectan la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también ponen en jaque la productividad de nuestras empresas. A esto se suma la gestión del Intrant, que ha sido objeto de críticas por su incapacidad para manejar el tránsito y la movilidad en las ciudades, generando un verdadero caos en las calles y descontento entre los conductores.

Sin embargo, lo que realmente preocupa es la reciente controversia en torno al avión de Maduro. Este escándalo ha captado la atención internacional y plantea serias interrogantes sobre la política exterior dominicana. No solo se pone en duda la imagen del país, sino que también se cuestionan las alianzas políticas que se están forjando, así como la seguridad nacional en un contexto cada vez más complicado.

En la República Dominicana, todos se consideran expertos en política y béisbol, pero lo que realmente necesitamos son soluciones efectivas. Un gobierno que escuche y responda a las necesidades de su pueblo es esencial en tiempos de incertidumbre. Es hora de dejar atrás los engaños mediáticos y las agendas faranduleras que intentan ocultar la dura realidad que enfrentan los ciudadanos. La falta de autoridad y dirección se siente en cada rincón del país, y es momento de exigir un cambio real, uno que no se limite a pan y circo, sino que ofrezca un futuro mejor para todos.

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La temperatura va en franca calentura en los círculos del Partido Revolucionario Moderno. El proyecto de reforma constitucional impulsado por el Poder Ejecutivo tiene en ascuas a una fracción apreciable de la corriente perremeísta en la Cámara Baja. Bajar de un zarpazo 53 de los 190 diputados, como propone el presidente de la República Luis Abinader, es una idea que no cayó muy bien en el entorno del Poder Legislativo.

Tres días antes que se completa la comisión bicameral que estudiará el proyecto de reforma sometido por Palacio, senadores y diputados en pleno –muchos de ellos acompañados de familiares directos– estaban el resort Margarita Village hospedados para participar durante dos jornadas consecutivas del «Congreso liderazgo legislativo transformador». 

Uno de los temas de orden sería la propuesta de reforma constitucional, que abordarían panelistas, entre ellos prestigiosos comunicadores y analistas políticos, y otros connotados conocedores de las lides del oficio. No todo fue color de cosas para los organizadores de este congreso que prometía un ambiente festivo, en teoría de la buena, sol, playa y arena.

Charlie Mariotti, buen teórico y comunicador probado, se sumó al abogado Nassef Perdomo, ambos contrario a una nueva modificación de la Constitución. Cuentan que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana se llevó una ovación ensordecedora cuando se plantó para reiterar su oposición al proyecto reformador.

El hotel Margarita Village –que cuesta US$571 la noche por persona– sirvió de escenario para acoger a los nuevos legisladores y a otra gran mayoría que repetía en sus curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Quienes sacaron cuenta, calculan que el fin de semana representó un costo –digamos que fue una inversión, a juzgar por los contertulios de los paneles– de RD$50 millones. Poco más, poco menos.

Con Mariotti en sus aguas y micrófono en mano, el secretario general del PLD que también se opone a la reforma, se las ingenió para inspirar a sus ex compañeros del Congreso, y enarbolar la bandera de la contrarreforma. Como discípulos frente al buen samaritano, los congresistas se pusieron de pie y aplaudieron tanto como consiguió Marc Anthony en su pasado concierto en el Estadio Quisqueya.

La conversación que desde entonces salta de un grupo de wasap a otro, se asegura que el espíritu en el congreso «Liderazgo legislativo transformador» se esparció por los predios de Palacio, y que allí se barajaron teorías para contrarrestar la oposición al proyecto que pretende reducir el poderoso Poder Legislativo de los congresistas.

Por los acogedores salones del resort se anticipaba la participación de José Ignacio Paliza, presidente del PRM y funcionario de alto perfil en el pasado y en el presente Gobierno que apenas se inicia. El influyente ministro de la Presidencia marcó distancia del conversatorio y optó por permanecer en Santo Domingo.

Paliza, en declaraciones a la prensa el miércoles de la semana pasada luego de la reunión de la Dirección Ejecutiva que aprobó a unanimidad el apoyo al proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Luis Abinader ante el Senado, admitió que al proyecto original se le han producido modificaciones a la misma, pero con relación al tema de la permanencia del Procurador General. No se refirió al punto que preocupa a los diputados.

«Socializamos los diferentes proyectos de reformas que el presidente irá introduciendo en la medida que avancen las próximas semanas», indicó José Ignacio Paliza.  

Conformada la comisión bicameral que continuará con los debates y el conocimiento del proyecto de modificación constitucional, se espera que los diputados del PRM sean convocados por la jefatura para socializar cada uno de los cuatro puntos que contiene la pieza elaborada por el Poder Ejecutivo.

En sesión celebrada este martes, la Cámara de Diputados conformó la comisión de diputados que participará en el proceso que continúa. Está integrada por la ex vicepresidenta del órgano, Olfanny Méndez, Julio César Beltré, Soraya Suárez, Danilo Díaz, Rogelio Genao Lanza, Eugenio Cedeño, Elías Wessin Chávez, Mateo Evangelista Espaillat, Carlos de Pérez, Rafael Tobías Crespo, Carmen Ligia Barceló, Kimberly Taveras, Mayobanex Martínez, Onabel Aristy, Aníbal Díaz, Francisco Rodolfo Villegas, Ramón Bueno Patiño y Robinson Díaz.

Estos diputados se suman a los senadores Pedro Catraín, quien la presidirá, así como los senadores Omar Fernández, Ramón Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán, Lía Inocencia Díaz y Franklin Romero.

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El padrón electoral para las elecciones presidenciales y congresuales del 2020 establecía que unos 7,529,932 personas tendrían la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio. 

Cuando se dividen los datos por género, refleja un  claro crecimiento del padrón con relación a las mujeres, específicamente de un 3,850,393 para un 51.1 % contra un 3,679,539 para un 48.9 % al género masculino. 

Para las elecciones del 19 de mayo de este año, en los niveles congresuales y presidencial, en más de una ocasión se habló de la fuerza y el impacto que tendría el voto femenino en la decisión de los ganadores, dado a que el padrón reflejó un aumento de esta franja de la población (4,140,866, un 51.28%) con relación al año anterior y a los hombres (3,932,723, un 48.72 5). 

Estos datos son los que, de alguna manera, han obligado a que el actual Gobierno que preside Luis Abinader, busque alternativas para manejar el tema de la participación femenina en su gabinete. 

Es por ello que en 2020, tras su triunfo anunció una medida que algunos catalogaron como populista, de asignarle a las provincias mujeres en las gobernaciones. En esa oportunidad 29 provincias de nuestro país tuvieron un rostro femenino como «jefas» de territorio. 

Cuando dio la noticia, el mandatario planteó la necesidad de incentivar y promover el liderazgo local femenino. En esta semana, volvió a mantenerse fiel a esta filosofía, tras iniciar los aprestos para conformar el gabinete que le acompañará en estos cuatro años de gestión (2024-2028), ha anunciado nombres femeninos. 

Un poco de historia
Esta política gubernamental no es nueva, ya lo había hecho el presidente Joaquín Balaguer cuando asumió en 1966 el poder por primera vez, etapa denominada como los 12 años. Tras su triunfo, el líder del Partido Reformista anunció mediante decreto que las 26 provincias que existían en ese momento tendrían a una mujer como gobernadora y no por aquello de que si los hombres no pueden que gobiernen las mujeres, sino, porque para Balaguer era una manera de retribuir el apoyo que había obtenido en las elecciones de las mujeres. 

El Art. 4 de la Ley No. 2661 de Atribuciones y deberes de los gobernadores civiles de las provincias establece con claridad los requisitos que debe cumplir una persona para ostentar esta posición. Para ser gobernador se requiere en primer lugar  ser dominicano, mayor de 25 años de edad, y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Las nuevas gobernadoras
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 452-24 que designó a seis nuevas gobernadoras civiles en las provincias Espaillat, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Valverde y Dajabón.

En la provincia Espaillat nombró a Patricia María Muñoz Salcedo; en Hato Mayor a Maribel Guadalupe Simón Vargas de Reyes y en María Trinidad Sánchez a María López Polanco.

Asimismo, en la provincia Santo Domingo designó a Lucrecia Santana Leyba; en Valverde a Marta de Jesús Collado Ozoria de López y en Dajabón a Severina Gil Carreras.

Patricia María Muñoz Salcedo (Espaillat). Es licenciada en mercadeo y cursa actualmente una licenciatura en Derecho. Tiene diplomados en Relaciones Internacionales y Comunicación Política, en manejo de medios de Comunicación y Vocería y en la introducción la Administración Pública.

Maribel Guadalupe Simón Vargas de Reyes (Hato Mayor). Es doctora en medicina egresada de la Universidad Central del Este (UCE), tiene un postgrado en gestión de servicio de salud y seguridad social del Intec.

María López Polanco (María Trinidad Sánchez). Tiene una licenciatura en derecho, es maestra normal de primaria, tiene un diplomado virtual en responsabilidad social universitaria y otro en productividad, crecimiento y desarrollo familiar.

Lucrecia Santana Leyba (Santo Domingo). Es licenciada en Economía, Contabilidad y tiene un master en Derecho Constitucional y Derecho Público.

Marta de Jesús Collado Ozoria de López (Valverde). Es licenciada en Contabilidad y posee una maestría en Contabilidad Tributaria.

Severina Gil Carreras (Dajabón). Es licenciada en Administración de Empresas y estudió ciencias políticas. Ha dedicado su vida al servicio público y al bienestar de las comunidades de su provincia.

El papel de las gobernadoras
Dentro de las funciones que deben cumplir las gobernadoras está el de representar al presidente de la República en sus respectivas provincias o demarcaciones, según lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública número 247-12. 

Además les corresponde cumplir con una serie de obligaciones que les confiere la Ley número 2661 de Atribuciones y Deberes de los Gobernadores Civiles de las Provincias, para el buen funcionamiento de la provincia que representan.

Esta ley de Atribuciones y Deberes de los Gobernadores se promulgó el 19 de diciembre de 1950 durante el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo. 

Así mismo ellas deberán  velar por el cumplimiento de la Constitución y las Leyes de la República, así como de los Decretos y Reglamentos del Poder Ejecutivo, dirigiendo a todos los funcionarios de su provincia, que sean de carácter administrativo y de jurisdicción provincial, los requisitos que estime pertinentes para tal fin informando de ello en cada caso al Poder Ejecutivo.

Cooperar al mantenimiento del orden público, dando cuenta inmediata al Poder Ejecutivo de cualquier perturbación o amenaza que hubiese en su provincia.

Cuidar por el cumplimiento de las leyes sobre la policía rural, pudiendo suspender, por conducto de los síndicos municipales, a los alcaldes pedáneos, que a su juicio estén faltando al cumplimiento de sus compromisos legales o procediendo con mala conducta notoria.

También, las gobernadoras podrán recomendar al Poder Ejecutivo la suspensión o la revocación del guarda campestre que falten notoriamente al cumplimiento de sus deberes como agentes de la policía pública.

Le corresponde informar al Poder Ejecutivo sobre las condiciones de la Provincia y respecto de las medidas y providencias que a su juicio convenga tomar en ella y suministrar todos los datos que dicho poder le solicite.

Inspeccionar todas las oficinas municipales, especialmente las tesorerías, recomendando las medidas que las leyes autoricen y dando cuenta a quien corresponda de las irregularidades que se presenten, también forma parte de su trabajo como gobernador.

Igualmente, dirigir todas los actos oficiales que se celebren en su provincia, cuando estén presentes en ellos, salvo en los casos de asistencia de una autoridad superior a la del gobernador.

Deberán asegurarse de que no se celebren en su provincia cultos, ceremonias y prácticas salvajes o contrarios a la moral y a las buenas costumbres, pudiendo ordenar su prohibición en cada caso por la Policía.

Por otro lado, formular los programas de los actos de días feriados o duelo nacional, excepto en el Distrito de Santo Domingo, donde dichos programas serán formulados por el Ministerio de Interior y Policía.

Es su deber dirigir proclamas al pueblo de su provincia en los días de fiestas patrias o con motivo de acontecimientos notables, correspondiéndole dar en forma de proclama la autorización que la ley requiere para la celebración de carnavales.

Una tradición política
Es importante recordar que antes de Balaguer, el dictador Rafael Leonidas Trujillo, había tomado la decisión de que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto (1942), para congraciarse con la población femenina. Este reconocimiento que otorga a la mujer, de alguna manera, según señalan los historiadores, fue un instrumento en un esfuerzo del dictador de proyectar en el ámbito internacional una imagen democratizadora. Fue con Joaquín Balaguer cuando la mujer comienza a insertarse con mayor libertad en diferentes trabajos y funciones ligadas al ámbito político y de Gobierno.

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A propósito del período que inició el pasado 16 de agosto y que permitió que nuevos nombres lleguen a la Cámara Alta, es importante resaltar que de las 32 posiciones disponibles para representar las provincias sólo cuatro curules serán ocupadas por mujeres. 

Esta nueva gestión 2024-2028 tiene la particularidad de que dos nuevos rostros se suman a la lista de senadoras, que son Aracelis Villanueva por San Pedro de Macorís y Mercedes Ortiz por Hermanas Mirabal. Representan la novedad de la Cámara Alta, en un Poder Legislativo históricamente dominado por hombres y que sólo ha tenido a Cristina Lizardo como única presidenta (2014-2016). 

Las otras dos que completan el cuarteto son Ginette Bournigal y Lía Díaz, que tienen experiencia legislativa.  Díaz Santana fue durante los primeros tres años del pasado período la secretaria del bufete directivo y la presidenta de la comisión permanente de salud.

Mientras que Bournigal estrena su tercer período como legisladora y su segundo en el Senado, luego que en el 2002 fuera gobernadora de Puerto Plata hasta el 2004 y diputada en el Congreso Nacional (2016-2020), posteriormente senadora en 2020 y ahora fue reelecta en el puesto por la Novia del Atlántico.

Entre estas cuatro senadoras estará el reto de representar a la mujer política en esta esfera de poder, donde los hombres han dominado y se toman decisiones importantes que impactan en la gente.

La pregunta que surge: ¿Quién será la sustituta de Faride Raful? La actual ministra de Interior y Policía le tocó desistir de sus aspiraciones para repostularse al cargo en las pasadas elecciones, luego de que su partido decidiera escoger como candidato a la senaduría del Distrito Nacional a Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, como una manera de lograr el apoyo de este partido. 

En contra de su voluntad, Faride debió aceptar la decisión que emana desde el Poder Ejecutivo y que la llevó a salir sin concluir –según reiteró en la campaña pasada– su impronta en el Senado. 

«Nuestra gestión se basó en principios éticos, comprometidos con la diplomacia parlamentaria y con la promoción del desarrollo de la ciudadanía. Por eso, rechazamos el uso del barrilito y nos concentramos en ser un canal entre el Estado y la sociedad», enfatizó la ex legisladora al momento de rendir cuentas de su gestión.

La voz de peso 
Es sabido por todos la experiencia en la administración pública que tiene Ginnette Bournigal y que al inicio del Gobierno del cambio, ella fue una voz crítica a lo interno de su propio partido.

La política goza de respeto no sólo a lo interno de su partido. La oposición ha sabido reconocer los atributos de esta «mujer de hierro», representante de Puerto Plata y que a juzgar de otros colegas, es una dirigente con arraigo y compromiso partidario, además de su honestidad mantiene excelentes relaciones en todos los sectores de la sociedad.

Su interés está marcado por decirle al Presidente lo que entiende puede funcionar, pero lo ha hecho públicamente, cuando es entrevistada en la radio o televisión. 

Hay que recordar que la senadora de Puerto Plata ha sugerido, en su momento, al mandatario a qué funcionario debe cambiar: «Yo no habría permitido que plantas privadas salieran al mismo tiempo a dar mantenimiento, eso se programa. Yo lo siento mucho, pero eso es poner en riesgo muchas cosas, entonces habría que revisar porque usted puede ser muy buen ingeniero, muy buen técnico, pero usted tiene que programarse y analizar su situación», dijo mientras sostenía que si dependiera de ella «quitara al ministro de energía y minas, Antonio Almonte, de su cargo como funcionario del Gobierno», en uno de los tantos momentos críticos del sector eléctrico.

Las cuatro senadoras de esta gestión pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), circunstancias que pueden jugar a su favor en torno a crear consenso en algunos temas, sin embargo,  siendo Ginnette la de más veteranía y años de vida, pudiera asumir ser la que asuma un papel más protagónico que permita visibilizar el rol de la mujer congresista en este hemiciclo.

Estancadas en predominio
En los últimos períodos en el Senado, la mujer ha contado prácticamente con la misma representación. Pasando balance desde el período 2006-2010, que habían sólo dos senadoras, Cristina Lizardo, quien fungía como vicepresidenta y Amarilis Santana, pasamos a tres incluyendo a Yvonne Chahin Sasso, quien en ese momento logró el apoyo unánime de los senadores para ocupar la curul de la provincia de El Seibo, vacante por el fallecimiento del senador electo, Manuel Ramón Antonio Jacobo.

«Espero trabajar con fidelidad, representando al partido que hace tantos años me abrió sus puertas y poner en alto el trabajo arduo de mi yerno Ricardo Jacobo, con quien batallé en campos y bateyes, calles y callejones, hasta lograr los objetivos deseados para que El Seibo tenga en realidad un funcionario que funcione y que procure buscar para ellos una mejor calidad de vida. Que Dios nos acompañe en este nuevo camino», expresó la senadora cuando asumió sus funciones.

De igual manera se agregó a la reducida lista de senadoras Sonia Mateo Espinosa y Amarilis Santana Cedano de Martínez, miembro del PLD por más de 20 años. Ella no había ocupado cargos públicos hasta su elección como senadora.

Cristina Lizardo que ha sido la única presidenta del Senado (2014 -2016) siempre ha estado clara que su llegada a esta posición: «Seguiría con las proyecciones que tengo en pos de que justamente se respete la equidad de género, no que haya una mujer porque falta una mujer, sino porque esa persona reúne las condiciones».

Y aunque con un discurso optimista con relación a la participación de la mujer en esta esfera de poder, Lizardo entendía que su llegada a esta posición serviría para «sumar a las proyecciones que las mujeres en la República Dominicana estamos demostrando: capacidad de trabajo, entrega, dedicación, y pienso que paso a paso vamos logrando que observen en nosotros las posibilidades de asumir posiciones de mando». Sin embargo, han pasado ya dos períodos desde ese momento histórico para nuestro país y las cifras de representación siguen siendo las misma. No pasamos de tres o como mucho –tal y como sucedió ahora– podemos lograr unas cuatro curules para la mujer. 

Faride Raful como senadora: 
La ex senadora Faride Raful presentó un total de 19 proyectos de ley fueron introducidos, 18 resoluciones impulsadas y la participación activa en 29 comisiones de trabajo, de las cuales presidió seis, resumiendo los cuatro años de gestión.

«Hicimos la promesa de desempeñarnos bajo la idea de ser una voz. Por eso, por primera vez, mantuvimos contacto directo y cercano con las juntas de vecinos del Distrito Nacional, con poblaciones en situación de vulnerabilidad y con actores clave para el desarrollo de esta demarcación». 

Como muestra del impacto positivo de la gestión senatorial de Raful, ella destacó los esfuerzos para lograr la entrega de títulos a más de 5,000 familias del Distrito Nacional, incluyendo 3,366 en el sector de la Ciénaga

Entre los otros proyectos en los que trabajó en la Cámara alta están el de lactancia materna, Cámara de Cuentas, la reforma de la ley de Contrataciones Públicas o la ley de Prohibición de Cobro de Anticipos en Emergencias. Igualmente, estuvieron proyectos dirigidos a la protección de las personas con discapacidad, la prohibición de la violencia de género o la ley nacional de vacunas, entre otras.

En la actualidad
En la pasada contienda electoral cuatro mujeres y 28 hombres fueron elegidos para el Senado; las senadoras electas representan al Partido Revolucionario Moderno.

Dos de estas ya eran senadoras en este periodo 2020-2024, pero fueron reelectas hasta el 2028: Lía Díaz, de 59 años, quien ganó en la provincia Azua, con 66.7%; y Ginette Bournigal, de 73 años, de Puerto Plata. 

Lo que aún no han podido entender algunos dirigentes y seguidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es que por primera vez desde 1986, desaparece el bloque senatorial del PLD. Una de las voces más activas en esta cámara fue la del senador Iván Lorenzo, quien con sólo un período decidió no volver a aspirar por su provincia y en su lugar aspiró a ser el candidato del Distrito Nacional, lo que no se dio puesto que su partido fue en alianza con la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y apoyaron a un único candidato, Omar Fernández. 

La menor cantidad que habían tenido era un senador en 1994 y 2002. Esto luego de tener 28 hace 8 años. La oposición entiende que presentó su mejor carta con Omar Fernández, quien asumirá la vocería del  del bloque de la FP quienes lograron tres curules. 

Las nuevas: 

Hermanas Mirabal. María Mercedes Ortiz fungió como alcaldesa del municipio Salcedo. Posee además un Master en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Es la senadora electa de la provincia Hermanas Mirabal, tras ganar los comicios con un 69.56%.

San Pedro de Macorís. Aracelis Villanueva es abogada y comunicadora. Se ha desempeñado como gobernadora civil de San Pedro de Macorís. Villanueva logró el 62.48 % de los votos en los comicios y será la representante de la provincia de la región este en el Senado.

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Amado Díaz es el nuevo vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM). La elección del legislador se llevó a cabo en el Congreso Nacional en una reunión en la que estuvieron presentes 145 representantes del partido de Gobierno.

Luis Báez será el vice vocero y Jackeline Fernández secretaria del bloque parlamentario. Díaz es diputado por tercera ocasión, electo en la circunscripción de la provincia Santo Domingo. Fue juramentado por el vicepresidente del PRM, Eddy Olivares.

El congresista Díaz ratificó su compromiso de defensa los mejores intereses nacionales, garantizó cuando habló en la reunión de su elección.

«Estaremos siempre defendiendo los intereses nacionales por encima de los propios, respaldando todas las iniciativas que busquen el bienestar colectivo y el desarrollo institucional del país», sostuvo.

El diputado aseguró que propugnará por las buenas relaciones entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Díaz Jiménez se ha destacado como uno de los abogados de renombre de Santo Domingo y el Distrito Nacional, por un sólido y continuado ejercicio profesional de veintidós años que le ha llevado  a mantener contacto prácticamente permanente con miembros de toda la judicatura nacional, incluyendo jueces de Corte de Apelación como de tribunales colegiados y de primera instancia, representantes del ministerio público, empleados administrativos del tren judicial y abogados. 

Dirige el grupo jurídico ADJ Consultants, firma que inició sus operaciones en 1994 y se mantiene en posiciones de liderazgo en la oferta de servicios jurídicos al sector privado y empresarial, representando los intereses jurídicos del Grupo Telemicro, en el ramo de empresas de telecomunicación, y de 809-Import/World Trading Company, suplidores de equipos electrónicos.

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