Desde antes de su reelección, el presidente Luis Abinader tenía en carpeta un paquete de reformas que, desde la misma campaña, fue socializando con la ciudadanía en sus aspectos generales. El tiempo de un segundo período anticipaba la gestión de estas iniciativas que se empezaron a concretizar a partir de la reforma constitucional, la primera que sometió el mandatario al Congreso Nacional, a tres días de su juramentación. En manos del Senado se trabaja en esta nueva reforma a la Constitución, que consiste en cuatro puntos debatidos a todos los niveles.

Uno de los puntos de mayor confrontación con los representantes en el Congreso del Partido Revolucionario Moderno, se alcanzó ayer un acuerdo de consenso: no se eliminarán 53 diputaciones, sino 20. Es probable que este fuera el punto intermedio entre lo que aspiraba el presidente Abinader y sus compañeros de partido, para que el proyecto pudiera seguir avanzando en otras instancias, antes de que sea sometido a la Asamblea Nacional Revisora. El espíritu del mandatario es poder pasar los aspectos de gran calado, y está consciente que para ello tendrá que maniobrar y negociar con sus subalternos.

El pasado lunes en «LA Semanal con la Prensa», Abinader encabezó la presentación de propuestas de reestructuración y racionalización de la administración pública. Racionalizar el gasto es una tarea imperiosa en el sector público. El índice de endeudamiento, el barril sin fondo en que ha devenido la política de subsidios del Gobierno, obliga a seguir apretando la tuerca para frenar el sangrado de una herida casi incurable. El presidente fue optimista cuando cifró en 25,000 mil millones el monto que se ahorraría el Estado con la eliminación y las fusiones de instituciones importantes en la burocracia gubernamental.

Todo esto sin que la ciudadanía conozca el inminente proyecto de reforma tributaria, que vendría a complementar el de la reestructuración y racionalización de la administración pública. Incrementar los ingresos es una necesidad impostergable. En ruta hacia otros cuatro años en los que se supone deberá cimentar su legado como estadista –el político ya está confirmado–, Luis Abinader quiere cerrar este 2024 en una posición que le permita administrar desde Palacio la etapa que inicia en enero próximo.

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La alfombra del teatro lucía espléndida, marcando el momentum estelar de aquellos distinguidos invitados por el presidente Luis Abinader para la ceremonia de toma de posesión de su segundo mandato. Sin embargo, más allá de las cuatro paredes del teatro, el país enfrenta una realidad compleja. La República Dominicana atraviesa serias dificultades en áreas fundamentales como la educación, la energía eléctrica y el sector agropecuario, entre otras. Estas áreas no soportan un análisis comparativo entre las cifras presentadas por el mandatario, las publicadas por el propio Estado y la cruda realidad que viven los dominicanos día a día.

Hubiese sido más relevante escuchar al presidente hablar sobre las acciones concretas que implementará en estos próximos cuatro años, en lugar de un discurso enfocado en rendir cuentas. 

Energía eléctrica: uno de los puntos críticos es el déficit energético. Actualmente, las pérdidas en el sistema eléctrico ascienden al 42%, cuando en 2020 se encontraban en un 28%. Esta situación no solo representa un retroceso, sino que también refleja la ineficacia de las políticas implementadas para mejorar la infraestructura y reducir el desperdicio energético. La energía eléctrica es vital para el desarrollo económico, y un sistema tan deficiente solo agrava la pobreza y la desigualdad en el país.

Educación: el sistema educativo enfrenta un gran déficit de aulas y un deterioro en áreas clave. Según el Índice de Desarrollo Educativo (IDE), la calidad educativa en la República Dominicana ha descendido en los últimos años, situando al país en las últimas posiciones a nivel regional. A pesar de que el 4% del PIB está destinado a la educación, los resultados no se reflejan en una mejora sustancial de la calidad. Las evaluaciones recientes muestran que menos del 50% de los estudiantes alcanza niveles satisfactorios en matemáticas y lectura.

Deuda pública: la deuda pública ha tenido un aumento considerable. En 2020, la deuda era de 39,152 millones de dólares, y para 2024, ha ascendido a 55,286 millones de dólares, lo que representa un incremento del 41.2%. Este aumento preocupa no solo por el impacto en las finanzas públicas, sino también por la carga que representará para futuras generaciones. Con un nivel de deuda que representa el 67.5% del PIB, se limita la capacidad del Estado para invertir en áreas críticas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Poder adquisitivo y canasta familiar: el poder adquisitivo de los dominicanos ha disminuido en términos reales. Actualmente, la canasta básica familiar ha aumentado en 10,096 pesos, situándose en más de 45,000 pesos. Esto, combinado con la caída del poder adquisitivo en 3,024 pesos, refleja una situación económica difícil para las familias, que deben enfrentar precios más altos con ingresos estancados o en descenso.

Empleo y calidad de vida: el empleo informal sigue siendo un problema grave, afectando al 56% de la fuerza laboral, según el Banco Central. La precariedad laboral y la falta de acceso a beneficios sociales esenciales se traducen en una baja calidad de vida para una gran parte de la población. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en la tasa de desempleo, la realidad es que muchos empleos creados son de baja calidad y mal remunerados.

Es lamentable que en el teatro, el presidente presentara cifras que no se corresponden con la realidad vivida por los dominicanos. El país exige soluciones, no más excusas. En este nuevo cuatrienio, el presidente cuenta con todas las herramientas para realizar las transformaciones necesarias: no hay pandemia, no hay guerra en Europa que pueda servir de pretexto, y el gobierno tiene mayoría en el Congreso. Es hora de actuar.

La ciudadanía espera acciones concretas y soluciones que mejoren nuestra calidad de vida. Ya no hay margen para discursos vacíos, el país necesita resultados.

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El presidente Luis Abinader manifestó que el proyecto de Gobierno que encabeza profundizará en los próximos cuatro años es abierto e integrador, cuenta con la participación de todos para alcanzar un futuro de prosperidad, libertades y justicia social para el pueblo dominicano.

Así lo manifestó el mandatario en su discurso tras jurar para el período constitucional 2024-2028, manifestando que asume “con humildad, orgullo y compromiso la sagrada responsabilidad que por segunda ocasión me concede el pueblo dominicano”.

Expresó sentirse horrado de tomar juramento para un nuevo período de gobierno, luego de un proceso electoral ejemplar en el que los dominicanos y dominicanas expresaron libremente su voluntad y demostraron una vez más la madurez democrática que ha alcanzado como nación.

“Agradezco la gran confianza que el pueblo ha depositado en mí y quiero decirles que seré el presidente de todos y cada uno de los dominicanos sin distinción. Mi cargo me lo exige y mis principios me lo imponen”, dijo el jefe de Estado.

En el discurso resaltó que esta juramentación se produce cuando se conmemora el 168 aniversario de la gesta restauradora, la cual tienen un significado especial porque la misma consagró el sentimiento de dominicanidad por el que lucharon nuestros padres fundadores.

Al recordar que comparece ante la Asamblea Nacional para juramentarse como Presidente Constitucional de la República Dominicana, como establecen la Constitución y las leyes, resaltó que la entrega de los restauradores “nos recuerda que la libertad no es gratuita y que cada generación tiene la responsabilidad de defenderla”.

Destacó los nombres de Gregorio Luperón, Pedro Antonio Pimentel, José Contreras, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez y muchos otros que lo dieron todo por la restauración de nuestra independencia.

“Pero sobre todo hoy es el día de recordar al más importante héroe de nuestra historia, el gran restaurador: el pueblo dominicano. Por él estamos aquí y por él debemos dar lo mejor de nosotros mismos”, manifestó.

Sostuvo que la verdadera fortaleza de una nación reside en los hombres y mujeres que la forman y que cada individuo tiene el potencial de contribuir a mejorarla a través de la participación y el compromiso cívico es que se pueden lograr transformaciones reales.

El presidente Abinader enfatizó en que el verdadero triunfo de un gobierno no se alcanza cuando se consigue el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente.

“Este gobierno es el resultado de una vocación democrática, que desde sus inicios viene luchando decididamente por el buen uso de los fondos públicos y que es incompatible con la corrupción. Quiero subrayar que vamos a profundizar nuestras acciones de prevención de la corrupción y por la transparencia para seguir protegiendo el dinero del pueblo”, expresó.

Recordó que hace cuatro años se propuso gobernar desde el dialogo, abierto a todos y promoviendo la independencia y la autonomía de los distintos poderes del Estado.

El mandatario subrayó que el respeto al estado de derecho fue uno de sus más firmes compromisos que asumió con los dominicanos cuando tomó posesión en 2020 como presidente. “Les di mi palabra y he cumplido con ella”.

Manifestó que bajo su presidencia República Dominicana logró un papel importante entre los países de la región como resultado de la “estabilidad y la buena salud de la que goza nuestra democracia, así como al dinamismo económico y las grandes oportunidades que aquí existen para las empresas y la inversión”.

El presidente Abinader remarcó que desde su llegada al Gobierno comenzó a trabajar para lograr las transformaciones que necesitaba el país, a la vez que abordábamos las muchas dificultades que se nos han presentado en forma de crisis recordando que siempre ha manifestado que “lo urgente no nos ha impedido hacer lo importante”.

“La determinación del Gobierno dominicano de no dejar a nadie atrás se ha mostrado en todas las acciones que hemos desplegado, con el fin de proteger las fuentes generadoras de empleos y crear más oportunidades para nuestros ciudadanos”, expresó.

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Este mes se iniciará otro periodo de gobierno de Luis Abinader Corona como Presidente de la República Dominicana.

Luis, apelativo al que concurren los dominicanos para mencionar al Presidente, ha demostrado ser una persona del común, sencillo, de buen trato y con sentido de resolver algunos de los más apremiantes problemas que nos afectan.

Recordemos que el Luis Abinader llegó a la presidencia en medio de una de las grandes pandemias que han azotado a la humanidad, con una economía mundial paralizada pero sobre todo sin dinero para emprender las obras que prometió en su primera campaña electoral.

Ahora han pasado cuatro años y Abinader sí que podrá tener la coyuntura de terminar lo que ha comenzado e iniciar algunos proyectos que también  inaugurará antes de la entrega de la silla presidencial a otro inquilino en el 2028.

Por su sentido de responsabilidad y el honor que le merece ser hijo de una persona como José Rafael Abinader, una desaparecida figura política que gozó y tiene el afecto de muchos dominicanos a Luis le corresponde seguir ese legado.

Por el conocimiento y el trato que he tenido en tiempos anteriores con quien es ahora nuestro Jefe de Estado puedo decir que el Presidente cumplirá todo lo prometido en sus dos campañas electorales que lo han llevado a la presidencia.

Es cuestión de sentido común, lo primero es el respeto a la democracia y los derechos humanos.

Lo segundo manejo de la economía dentro de los parámetros que le han permitido llegar a dominicana por mejores caminos, conteniendo la corrupción y los malos hábitos de muchos funcionarios de no  ahorrar a la hora de invertir los dineros públicos.

Pero mucho más que eso, dejar que la justicia juegue su papel que aunque no como se quisiera por lo menos haya sentado en el banquillo de los acusados a decenas de personas que amparándose en sus funciones públicas, manejaron irregularmente parte del presupuesto nacional.

La justicia en manos de Mirian Germán ha hecho su papel que independiente o no  depende de las interpretaciones, este poder del Estado merece nuestro reconocimiento público.

En fin Luis Abinader ha hecho su trabajo como Presidente de todos los dominicanos, y eso hay que aplaudirlo aunque la costumbre es sólo reconocer lo que realiza a quien uno pueda defender, no a quien ese honor merezca.

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La victoria de Luis Abinader en las elecciones de mayo ha generado una ola de entusiasmo y expectativas en la población dominicana. Sin embargo, esta euforia viene acompañada de una creciente ansiedad por la implementación de las medidas prometidas durante la campaña. La ciudadanía está impaciente, deseando ver los cambios anunciados, y muchos cuestionan la necesidad de esperar hasta agosto a la toma de posesión oficial.

El liderazgo del partido de gobierno enfrenta presiones no sólo de la población general, sino también de los partidos aliados que jugaron un papel crucial en la victoria de mayo pasado. Entre estos aliados se encuentran el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (AP), el Partido Humanista Dominicano (PHD), el Partido Moda, entre otros. Estos partidos buscan asegurarse compromisos claros y designaciones dentro del nuevo gobierno, habiendo aportado un porcentaje significativo de votos a la coalición ganadora. Por ejemplo, el PRSC obtuvo un 1.35 % de los votos y Alianza País sumó un 0.66 %​. 

La transición, tradicionalmente un período de preparación y planificación, se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Los partidos aliados exigen su cuota de participación en el gobierno. Las reuniones entre los líderes de los partidos y el equipo de transición son frecuentes y, a veces, tensas, mientras se debaten las designaciones y se buscan acuerdos. Esta negociación no solo implica la distribución de cargos, sino también la definición de políticas y prioridades que reflejen las promesas de campaña y las expectativas de los aliados.

La impaciencia de la población es comprensible. Durante la campaña, se hicieron promesas de mejoras en áreas críticas como la economía, la seguridad y los servicios públicos. La ciudadanía espera ver acciones concretas que demuestren un compromiso real con el cambio prometido. La percepción de inacción puede erosionar rápidamente la confianza y el apoyo popular, lo que hace aún más crucial que se tomen medidas inmediatas.

En este contexto, es fundamental entender la dinámica de la coalición que llevó a Abinader a la victoria. Los partidos aliados no solo aportaron votos, sino también recursos humanos y logísticos esenciales para la campaña. Estos, representan una diversidad de intereses y expectativas que ahora deben ser gestionados de manera efectiva.

Además, la presión no proviene únicamente de los partidos políticos. Los distintos sectores de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y sindicatos, también tienen expectativas altas. Estos grupos esperan que sus preocupaciones sean escuchadas y que se implementen políticas que mejoren las condiciones de vida en el corto plazo.

La gestión de esta transición es una prueba crucial para el liderazgo de Abinader. La capacidad de su equipo para negociar y coordinar con los aliados políticos, mientras responde a las demandas de la población, determinará en gran medida el éxito de su administración. La transparencia en el proceso de transición y la comunicación efectiva con la ciudadanía son esenciales para mantener la confianza y el apoyo.

La historia reciente de la República Dominicana muestra que las transiciones pueden ser períodos de gran volatilidad. Las administraciones anteriores han enfrentado desafíos similares, pero la combinación de una ciudadanía más informada y activa, junto con una coalición diversa y exigente, crea un contexto particularmente complejo para Abinader. La comparación con transiciones anteriores resalta la importancia de una planificación cuidadosa y una ejecución rápida de las medidas prometidas.

El contexto de esta transición destaca la importancia de una estrategia clara y efectiva. El equipo de transición debe priorizar las acciones que generen un impacto inmediato y visible, al mismo tiempo que establece las bases para reformas más profundas y sostenibles. La comunicación constante y transparente con la ciudadanía es crucial para gestionar las expectativas y mantener el apoyo popular.

Además, la coordinación con los partidos aliados debe ser manejada con delicadeza y habilidad política. Estos partidos no solo buscan posiciones de poder, sino también la implementación de políticas que reflejen sus agendas y principios. La negociación de estas expectativas, junto con la necesidad de responder a las demandas de la población, crea un delicado equilibrio que el nuevo gobierno debe mantener.

Esta transición no solo ha marcado el inicio de un nuevo mandato, sino también una oportunidad para establecer un nuevo estándar de gobernanza en la República Dominicana. La manera en que se gestione este período será fundamental para definir la relación futura entre el gobierno, la población y los partidos aliados. Con una estrategia clara, una comunicación efectiva y una ejecución decidida, el partido de Gobierno tiene la oportunidad de transformar las promesas de campaña en logros tangibles que beneficien a todos los dominicanos.

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La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, reveló este viernes que el presidente de la República, Luis Abinader, suspendió, de manera provisional, a 36 funcionarios por no presentar en el plazo de ley sus declaraciones juradas de bienes.

Ortiz Bosch explicó que el mandatario suspendió a los funcionarios mediante el decreto número 674-20, en el que entre sus motivaciones resalta el alto interés de la presente administración en mantener el más estricto apego de sus funcionarios a los principios de ética, transparencia, juridicidad y buena administración.

La funcionaria al ofrecer sus declaraciones estuvo acompañada del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.

Ortiz Bosch indicó que los funcionarios quedan apartados de sus cargos y sin disfrute de salario hasta que cumplan con lo dispuesto por la ley que instituyó el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y Servidores Públicos.

Precisó que por primera vez se hace un esfuerzo serio en la aplicación de la ley y se establecen consecuencias. 

Resaltó además que la actual gestión de gobierno envía con esto un mensaje a sus propios funcionarios sobre la importancia de que todos cumplan la ley.

La suspensión fue realizada a partir de la información suministrada por la Cámara de Cuentas con respecto a los funcionarios que, aun siendo señalados por la Ley 311-14, rebasaron el plazo de treinta (30) días para hacer la presentación ante el referido órgano constitucional.

Lista de suspendidos. Indicó que los suspendidos son: Fernando José Viyella Valencia y Miguel Ángel Lajara Peña, de Autoridad Portuaria Dominicana; Arismendy de Jesús Almonte Bueno, Francisco Leonis Fernández Onofre, Héctor Radhamés González Medina y Persio Cándido Cruz Pichardo, del Banco Agrícola; Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, Comisión Aeroportuaria; Teófilo Sosa Carrión, de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

También, Francisco Vásquez y Erodis Fernelis Díaz Díaz, del Consejo de Coordinación de la Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo y José Antonio Sánchez Martínez, del Consejo Nacional de Fronteras.

Del mismo modo, Eriberto José Grullón Acosta, Hugo Alberto Taveras Bautista y José Luis Polanco Henríquez, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca.

Asimismo, Benjamín Reynoso Cabrera, Francisco Javier Santoni Fiallo, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo; Juan Alberto Durán Álvarez y Otto Manuel Gómez Sánchez, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata.

Además, Silvestre Ventura, subdirector de la Dirección General de Migración; José del Carmen Oviedo Tejada, Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo; Leónidas Ceballos Santana y Máximo Antonio Gómez Peña, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

Se agregan también, Carlos Espinal, subdirector general del Teatro Nacional Eduardo Brito; Marcia Margarita Rodríguez Gómez, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre; Ángel Darío Ramírez Medina, Antonio Trinidad Ferrera, Denny Mauro Olivero Encarnación, Félix Manuel Beltré, Francisco Alberto Jiménez Sena, Francisco Jiménez Reyes, Juan Adolfo Familia Beltré, Máximo Florián Sierra y Menni Lolin Cuevas González, del Instituto para el Desarrollo del Suroeste.

Del Instituto Postal Dominicano, fueron suspendidos Fernando Arturo Ramírez Quiñones, Oscar David Reyes Baldwin y Yocasta Lara Hernández.

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El presidente electo Luis Abinader anunció la tarde de este lunes la confirmación de Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central, «ante la crisis económica actual, consecuencia de la pandemia», según escribió en Twitter.

Abinader también anunció que se designará al economista Alejandro Fernández W. como Superintendente de Bancos; a Bibiana Riveiro como directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión CEI-RD.

Asimismo, el presidente electo informó de la designación de José Rijo Presbot como director general de Presupuesto, quien está incorporado en el equipo económico que trabaja en la transición con las autoridades de Palacio Nacional.

El economista Pedro Silverio fue designado como Asesor Económico del Poder Ejecutivo; Jochi Vicente, Ministro de Hacienda y María José Martínez, como viceministra de Crédito Público. Miguel Ceara Hatton fue designado como Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, también integrante de la Comisión Técnica de Transición Gubernamental.

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El presidente Danilo Medina designó a Julio Alberto Ávila y a Julissa Esperanza Martínez Santos, viceministros de Energía e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas y de Políticas Públicas de Género del Ministerio de la Mujer, respectivamente.

La disposición del Poder Ejecutivo está contenida en el decreto 172-20, dado a conocer por el portavoz del Gobierno y director general de Comunicaciones, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de la red social Twitter @RodrigMarchena.

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El Gobierno dominicano dio a conocer su posición con relación a los reclamos de explicación sobre la suspensión de las Elecciones Municipales, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

El encuentro estuvo encabezado por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia; José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien leyó la siguiente declaración:

“Desde que la Junta Central Electoral anunció a media mañana del domingo 16 de febrero la suspensión completa del proceso de votación en las elecciones municipales, la sociedad dominicana ha demandado una explicación transparente y creíble de lo que sucedió en el sistema automatizado instalado por el máximo órgano electoral.

Ciudadanos y ciudadanas se han manifestado en diferentes puntos del país reclamando una respuesta seria y contundente a la pregunta de qué pasó ese día o días antes que impidió la celebración de las elecciones para elegir las autoridades municipales.

Lo que ocurrió, sin duda alguna, fue un hecho lamentable, bochornoso y frustrante. Los ciudadanos manifestantes y la sociedad entera demandan y merecen una explicación.

La indignación de la población pone de manifiesto que la gente no es indiferente ante el hecho de que no se le permitiera ejercer el derecho al voto. La democracia comienza, aunque no termina ahí, en el ejercicio del sufragio con libertad plena de la ciudadanía.

Sin elecciones libres y competitivas, justas y transparentes, no puede haber democracia.

Garantizar ese derecho es una responsabilidad de todos, pero especialmente de la Junta Central Electoral, a la que la Constitución y las leyes le otorgan esa potestad como órgano autónomo e independiente.

La respuesta que la sociedad reclama tiene que tener credibilidad. No se logra nada si la explicación que se ofrezca, aún pueda ser verdadera, no cuenta con esa credibilidad que es la base de la confianza que debe existir entre gobernantes y gobernados.

Reconociendo esto, hay que buscar una vía para dar credibilidad a cualquier investigación que se lleve a cabo para determinar qué pasó y si hubo alguna actuación dolosa en esa interrupción inesperada de las elecciones municipales.

El Gobierno dominicano reconoce que en un ambiente de tanta desconfianza como en el que nos encontramos, cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo al Gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición como en amplios segmentos de la sociedad dominicana.

Lo mismo puede decirse de la Junta Central Electoral, órgano que determinó la suspensión de las elecciones ante los fallos en los equipos técnicos del voto automatizado.

Esto lo pudimos constatar en una ronda de consultas que, por instrucción del Presidente de la República Lic. Danilo Medina, llevamos a cabo a principios de semana el ministro de la Presidencia, el ministro Administrativo de la Presidencia y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con importantes líderes de opinión del país, así como con líderes del sector empresarial.

En vista de lo anterior, el presidente Danilo Medina instruyó al ministro Administrativo de la Presidencia, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunirse con el Secretario General de la OEA Luís Almagro para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder ante una situación como la que enfrentamos los dominicanos en esta coyuntura. La reunión con el Secretario General Almagro se produjo en el día de ayer en la sede de la OEA en la ciudad de Washington, D. C.

Como resultado de esta reunión, el Gobierno dominicano considera que el curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría-investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales.

Para lograr este objetivo, la Junta Central Electoral debe cursar una invitación a la OEA para que lleve a cabo esta tarea, al tiempo que el Gobierno dominicano firme el protocolo de rigor que se corresponde con este tipo de misión especial.

Del mismo modo, instituciones como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) pueden participar en ese proceso de investigación, de modo que haya la mayor transparencia y credibilidad en los resultados que arroje dicha investigación.

En vista de lo anterior, le estamos solicitando al Ministerio Público que suspenda su investigación sobre este caso para dar oportunidad que la OEA y demás organismos de carácter internacional puedan llevar a cabo una investigación sin contaminación de los actores políticos.

Lo que procuramos con esta iniciativa es que la investigación que se lleve a cabo sea independiente, transparente, rigurosa y objetiva”.

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El presidente de la República, Danilo Medina, promulgó hoy la Ley 47-20 de Alianzas Público Privadas, la cual facilitará el desarrollo de infraestructuras y servicios de interés social.

La Ley regula la iniciación, selección, adjudicación, contratación, ejecución, seguimiento y extinción de alianzas público-privadas, a fin de que dichas alianzas sean el resultado de un proceso competitivo y transparente, y que se haga una adecuada distribución de riesgos.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, destacó la importancia de la nueva legislación.

“El país necesita duplicar el monto de la inversión en infraestructura hasta llegar a aproximadamente 5% del PIB cada año. Las alianzas público-privadas son un mecanismo que permite ganar eficiencia y efectividad, siempre que se realicen en buenos proyectos y con contratos adecuados que privilegien el interés de los ciudadanos”, dijo el ministro durante la reunión.

De igual forma, expresó que en otros países este instrumento es utilizado para el desarrollo de carreteras, puertos, aeropuertos, estacionamientos, entre otras obras de infraestructura.

Por otra parte, la Ley establece los procedimientos para alianzas público-privadas de iniciativa pública, iniciativa privada y sin fines de lucro.

“Como elemento innovador de esta ley se incluyen las APPs sin fines de lucro, pues la prestación de servicios de interés social también puede ser realizada por las ONG, siempre con un marco contractual que regule su actividad”, señaló Montalvo.

En ese sentido, toda alianza público-privada requeriría la presentación de iniciativa para su evaluación por parte del Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas, según criterios económicos, sociales y medioambientales.

En los casos de proyectos que se declaren pertinentes y convenientes serían pasados a licitación, incluyendo habilitación de oferentes, evaluación técnica y evaluación económica. 

 “Esta ley establece varios mecanismos para incrementar la concurrencia de potenciales inversionistas nacionales e internacionales, a fin de que la transparencia del proceso y la competencia entre desarrolladores lleve a la selección del mejor agente privado para la ejecución del proyecto”, aclaró Montalvo.

De igual forma, la Ley 47-20 establece que la iniciativa privada se limita a áreas o sectores donde previamente el gobierno haya determinado interés de recibir ofertas, y no pueden ser presentados proyectos que hayan sido rechazados en los dos años anteriores, a fin de evitar malas prácticas administrativas.

“Todo el proceso sería llevado a cabo por el Consejo Nacional creado en esta ley, en el que cada funcionario miembro tiene responsabilidades específicas y debe emitir informes sobre cada proyecto”, aclaró Montalvo.

Esta ley también plantea que todo proyecto deberá implicar una significativa transferencia de riesgos al privado, y señala que una vez firmado el contrato no puede modificarse la matriz de riesgos en eventuales renegociaciones contractuales.

Al respecto, Montalvo aclaró que “la Ley prevé que desde el pliego se establezca la matriz de riesgos y que sea parte fundamental del contrato, pues la efectiva transferencia de riesgos del público al privado es uno de los elementos más importantes, ya que los riesgos deben ser asignados a la parte que tenga mayor capacidad de gestionar y mitigar”.

Por otro lado, la Ley establece el límite de 3% del PIB al valor presente neto de los compromisos gubernamentales, a fin de que se garantice la sostenibilidad macrofiscal de mediano y largo plazo.

El funcionario gubernamental también añadió que esta ordenanza fue fruto del diálogo constante y la colaboración público-privada.

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