El fallo final sobre el sonado caso Odebrecht demuestra cada día que en República Dominicana el sistema de justicia está hecho sólo para sancionar a los pobres de solemnidad.

Clases media y ricos poderosos, entre ellos políticos de primera línea no tienen que preocuparse mucho sus casos sólo sonarán en los medios de comunicación, podrían salir moralmente desacreditados, pero judicialmente estarán libres y sin problemas.

El sistema de justicia comenzando por la Policía Nacional, Ministerio Público, jueces o sistema carcelario nunca castigará delitos cometidos por poderosos económicamente o elementos vinculados a la política que puedan cometer actos delictivos.

Tucanos, Los Tres Ojos, Odebrecht, Bahía de Las Águilas, Plan Renove y otros que no recuerdo son casos a destacar.

Cuando no es que el expediente está hecho por el ministerio público, a propósito, para que se caiga, entonces serán los jueces los que harán lo suyo descargando a imputados siempre habrá motivos legales.

Anteriormente, los expedientes se realizaban en la Policía Nacional y los casos de venta de casos eran comunes, sólo repartir dinero y las acusaciones eran leves, aunque el delito fuera grave, eso se manipulaba, luego las acusaciones pasaron al Ministerio Público y aunque los escándalos no son tantos por cuestiones de soborno, la elaboración no tienes pruebas regularmente.

De ahí entonces que cuando una acusación llega a la justicia el caso se cae por falta de elementos, un eufemismo que da risa pero que se ajusta a la verdad de los honorables tribunales dominicanos.

Jean Alain Rodríguez ahora imputado por manejo de corrupción se ha hecho famoso con el expediente Odebrecht, elaborado al vació y sin interés de buscarlas pues pese a los aparatajes de película que hizo para apresar a los imputados todo fue una farsa.

La misma empresa admitió que pago sobornos, pero aquí nunca hubo interés ya que los personajes involucrados eran muy importantes como para condenarlos de manera permanente.

Ahora el que está imputada es el propio ex procurador y probablemente nunca sea condenado ya que es el mismo sistema que lo juzga donde los que tienen influencia, poder y dinero no pueden ser condenados, eso es para los pobres y los que tienen abogados pica pleito que se componen con los jueces para cobrar por audiencia porque así los secan más rápido, sólo hecho de posponer audiencias ya es una condena económica.

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El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini respaldó y apoyo el reciente anuncio del Gobierno dominicano, dando cuentas de su intención de poner fin a los contratos y negociaciones con la ODEBRECHT, se trata de un lastre que el país viene cargando por años, además del silencio cómplice de nuestras autoridades, sobre contratos que todo el mundo sabe tienen un origen espurio,  resultando inexplicable que al día de hoy, todavía se mantengan vigentes unos 17 contratos. 

Potentini recordó que se trata del caso más grande de corrupción que registra la historia moderna de la República Dominicana, un caso emblemático que trasciende las fronteras continentales, involucrando más de una docena de países y por tanto de una connotación internacional impresionante. 

La entidad cívica considera que el Gobierno Dominicano con esta iniciativa, valiente y por demás responsable, reafirma su compromiso con la transparencia, que hasta el momento ha venido y continúa predicando.   

La FJT pidió al Poder Ejecutivo, el prepararse con una batería de abogados, a quienes le duela el país, para litigar y pelear en cualquier escenario, la disolución de esos aberrantes contratos, leoninos, dañino y lesivos al interés nacional, sobre todo por tratarse de contratos que contaron con la complicidad de las autoridades, amarrados con todos los periquitos, más los alegatos de la ODEBRECHT, con la famosa seguridad jurídica y el supuesto daño a la inversión extranjera.

Justicia y Transparencia pidió al pueblo dominicano, el estar atento, apoyando al gobierno en cualquier iniciativa orientada a procurar la transparencia, y con ello el destierro de una cultura mafiosa que por tanto tiempo se ha aposentado en el manejo de la cosa pública, de igual forma recomendamos al poder ejecutivo, hacer extensiva la revisión y disolución de otros contratos, particularmente el conocido como la estafa del siglo, con la llamada concepción de la carretera Samaná Santo Domingo, que solo con el llamado peaje sombra, le cuesta al pueblo más de 3 mil millones de pesos todos los años.                         

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Uno de los temas que atrae más opinión, críticas, análisis y propuestas –plasmados en millones de palabras que pululan en vídeos, audios, libros, periódicos, revistas, blogs y otras publicaciones- es el institucional, especialmente enfocado a las debilidades que, históricamente, acusa la República Dominicana en esa materia.

Casi todos los abordajes colocan en el epicentro de esa crisis a los distintos gobiernos que ha tenido el país, culpados –en mayor o menor medida– de convertir las instituciones dominicanas en chiqueros, usarlas como instrumentos a su antojo y mancillarlas.

El discurso sobre el particular es muy activo y constituye la razón de ser de organizaciones de la sociedad civil cuyos fondos financieros –provenientes de fuentes locales y externas- dependen de cuan aguerridas sean en la exposición del problema, donde por cierto está muy ausente la autocrítica.

Me impresiona como, con el comprometedor caso Odebrecht,se exhiben en las redes, y en algunos medios ordinarios, unas oleadas desaprensivas para quienes no tiene validez, ni existe, la presunción de inocencia.

Apuestan por un juicio sumario, con  jueces timoratos y aterrorizados por el estado de opinión, que complazcan su determinación y deseo de que a todos los acusadosse le ate una piedra de molino al cuello y sean lanzados a mar. La falta de credibilidad en la justicia, la treta política frencuente y un ministerio público cautivo del poder gobernante, generan estos comportamientos que Atalí llama falta de fe en el Estado.

Sin dudas, la presión social tiene, en este caso, un valor inestimable para que haya consecuencias contra todos los hallados culpables y para que se incluyan en el expediente a personas que la lógica, la coyuntura histórica y el tramo de los hechos demandan su presencia en la justicia, con todo el derecho a la defensa y a un proceso estrictamente apegado a las leyes.

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La aparición de Rodrigo Tacla, abogado cómplice de Odebrecht, anima la serie, le pone un sazón tropical y redime la historia de la monotonía en que había caído, posibilitando sobre todo una reapertura inquietante para quienes la creían en su ocaso.

El País, un periódico inteligente de la nueva era, avizoró que la narrativa interesante no estaba en el pago de sobornos –que ya es pan comido–, ni en los regalos generosos; mucho menos en la ingeniería financiera con valores propios de la mejor novelística.

Claro, estos factores habían de formar parte del campo de texto acerca del embarre corporativo más terrible de nuestros tiempos con impacto en la política, la administración pública y la institucionalidad de 12 países. Pero no son en sí la atención del relato.

De ahí es que el hábil editor articula el encabezado de esta forma: “El abogado de Odebrecht: La constructora pagó fiestas con mujeres a políticos de República Dominicana”. Está presente el morbo que hala lectoría, pero también desvía la procesión.

Aunque la generosa constructora regaló sexo en otros lares, tal parece que Dominicana fue la selección emblemática. Y no era para menos. Se trata de una tierra sensual en la que florece la erótica del poder.

Odebrecht deviene aquí en un rollo judicializado altamente complejo, con algunos bajo medidas de coerción y otros detrás del telón caminando sobre el filo de la navaja, hechos un manojo de nervios en noches convulsas, con legítima incertidumbre sobre qué le deparará el futuro, pues el expediente será difícil de cerrar.

Mientras tanto, asistimos a otro episodio de la saga  que instala una batalla en alcobas encumbradas con una lluvia de interrogantes, cotejos de agenda, recreación de episodios, reuniones inesperadas, viajes furtivos y amanecidas impuestas “por el ritmo de trabajo”.

En función del grado de fiereza y la sagacidad de la consorte, no ha de dudarse esta realidad: personajes pasándolas muy mal en un asiento acusatorio, y no precisamente de un tribunal, sacando de abajo para despejar dudas y  tratar de salir airosos.

Una cohorte de brasileñas ardientes, de estructura curvada (por concesión de la naturaleza o milagro del bisturí) debe inquietar en demasía por sus amplias ventajas competitivas.

También puede levantar envidia, recelos y frustración en “cazadores” concupiscentes que desearían haber sido favorecidos por la “División de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht… pero no en coimas sino en su fiesta carnal. Por eso Tacla tocó una tecla muy peligrosa.

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La gente sensata de este país, incluyendo a entes del Gobierno, apostaron por la estructuración de un expediente contundente, blindado con pruebas irrefutables y evidencias imbatibles que hiciera del caso Odebrecht un proceso icónico contra la corrupción y la impunidad, que son el apocalipsis de nuestra sociedad.

La judicialización del asunto basada en esos ejes no sólo conferiría credibilidad y apoyo masivo  al Ministerio Público, sino que impactaría positivamente al propio Gobierno desde el punto de vista de la recuperación de la imagen y la tranquilidad requerida para la concentración en la tarea de dirigir la nación.

Al margen de todo el aparataje teatral y de la narrativa adjetivada, propia de un lenguaje emocional que resta mérito a la argumentación racional de cualquier expediente que aspire a sostenerse en los tribunales, las pifias y las ligerezas han hecho del caso Odebrecht algo muy próximo a un circo.

Las delaciones provenientes de Brasil, imprecisas, dubitativas y cargadas de subjetividad, debieron haber sido un punto de partida para una profunda investigación que, obviamente, requería tiempo, pericia, inversión de recursos y, probablemente, contratación de refuerzos profesionales por parte de la Procuraduría General de la República.

Los razonamientos del voto disidente de la jueza Miriam Germán, presidenta de la corte que conoció la apelación de los encartados a las medidas de coerción impuestas por el magistrado Francisco Ortega, son una clarinada sobre el fallido derrotero que seguiría en juicio de fondo un expediente con tantas lagunas, debilidades e inconsistencias.

Obviamente, ese enfoque de la magistrada se articuló bajo el supuesto de que con el caso Odebrecht prevalezcan el debido proceso, el estado de derecho y no el fusilamiento judicial que algunos llaman populismo penal. Tengo la presunción de que el tema se consolida como una bola de nieve, extiende su vigencia en la opinión pública y entrega más combustibles a la Marcha Verde, hoy más llena que nunca de suspicacias.

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Roberto Santana, director de la Academia Regional Penitenciaria, aseguró este lunes que las medidas de seguridad que se han tomado para recluir a los imputados del caso Odebrecht en la cárcel de la Najayo, no son suficientes para garantizar la seguridad y vida de los funcionarios. Santana dijo que los paneles metálicos que se han puesto en la cárcel para impedir la visibilidad desde afuera “no sirve de nada, les estoy hablando de una plancha que si usted se monta encima de un camión usted ve todo ahí dentro y si usted se monta con un fusil encima de un camión usted dispara y su bala atraviesa las ventanas y atraviesa las puertas dónde están esas personas”.

Santana enfatizó también en la vulnerabilidad del sistema penitenciario donde no descarta que por la magnitud del caso y la importancia de los imputados se dé un intento de asesinato ya que esto ha ocurrido antes. Estas declaraciones las ofreció en el programa «Lenis Opiniones» que se transmite los lunes de 8:00 a 9:00 por el canal 25.

“Hace unos cuantos años a una persona de un alto riesgo, -riesgo se califican a una persona de alta notoriedad, personas de alto riesgo, peligrosas- fue asesinada en la misma Victoria hace unos cuantos años ¿tú sabes por cuánto? Por 200 mil pesos y no es algo que yo estoy agregando aquí como una leyenda negra de La Victoria, no, entren a las redes, entren a Internet, busquen en los periódicos, fue el señor que lo llamaban Alex El Pelotero. Entonces imagínese si a ese señor que solamente estaba vinculado con la red de Figueroa Agosto o cualquier cosa de esas, imagínese lo que iba a pasar ahí con Rondón”, esto destacó el director al referirse al riesgo que iba a correr Ángel Rondón si lo trasladaban a La Victoria.

En  ese mismo orden recordó que este no es el único error que han cometido las autoridades pertinentes con un recluso relevante. Destacó que lo mismo iba a pasar con Blas Peralta que lo sacaron de una prisión segura de Romana para trasladarlo al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, “donde podía tener enemigos que aprovecharan eso para entrar y matarlo”.

Invitó a la población a no parar con las peticiones de que haya igualdad para todos los reclusos ya que es injusto que los imputados no usen uniformes, ni coman la misma comida que los demás la cual calificó de aceptable”, así como limitar las visitas a en un solo día.

“Les pido a las autoridades que por favor tomen medidas, bloqueen eso, de hecho si hay que mover a esas personas de ahí muévanlas, porque no es únicamente República Dominicana que está encima de este tema, está Brasil, Estados Unidos, las naciones unidas que tiene acuerdo con RD para el tema del Nuevo Modelo Penitenciario para que se respeten las normas y yo veo que el Nuevo Modelo y sus funcionarios están haciendo un esfuerzo y ¿cómo luchar contra funcionarios que se aparecen en sus jeepetas blindadas, cómo luchar contra eso?

También sugirió al gobierno que de la multa que se impondrá por el caso Odebrecht se tome una parte del dinero para luchar contra la corrupción, iniciando con usarlo para construir las prisiones que sustituirían la cárcel de La Victoria.

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El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini al ser entrevistado por los periodistas Ramón Puello Báez y Ana Mercy Otáñez, en el programa Revista Tele-15, calificó de inaceptables y preocupantes los errores cometidos por la Procuraduría General de la República en las investigaciones e instrumentación del expediente acusatorio del caso de corrupción de ODEBRECHT, en el entendido de que ello contribuiría a desacreditar la justicia y con ello la lucha contra la corrupción, traduciéndose además en una posible impunidad.

Potentini se refirió a la inclusión de Suero Milano en el expediente y orden de arresto, por un presunto error, también la inexacta traducción con un intérprete no certificado y más perturbador aun los montos anunciados de 100 cien millones de pesos, depositados por Roberto Rodríguez, resultando hoy de conformidad con algunos medios digitales, de que se trató de dos depósitos de 500 mil pesos cada uno, para un total de solo un millón de pesos.

La FJT pidió al procurador subsanar y no repetir errores similares a los referidos, al tiempo de profundizar las investigaciones, en consonancia con el debido proceso de ley y el respeto irrestricto de la constitución y las leyes, como única garantía de certificar la real voluntad política del gobierno para enfrentar la corrupción.

Justicia y Transparencia anuncio e invito al público en general, a la segunda entrega del Foro Permanente para la discusión y monitoreo del caso ODEBRECHT, sirviendo opiniones especializadas sobre las diversas aristas, jurídicas, internacionales y políticas del sonado escándalo, contando con la participación de los juristas y politólogos, Freddy Ángel Castro Díaz, Leonardo Gil, Freddy Castillo, entre otros, a partir de las 6 de la tarde, del próximo miércoles 7 de junio, en el salón de eventos de la FJT.

En la actividad se analizaran el impacto político y el contexto internacional, la radiografía jurídica y las proyecciones procesales y el manejo comunicacional, en lo gubernamental y privado del caso ODEBRECHT, será abierto al público todos los miércoles y transmitido del por las redes sociales en vivo a través del veedor digital, en la dirección electrónica, https://www.facebook.com/elveedordigital.

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“Acuerdo con Odebrecht abre las puertas a una nueva fase de investigación penal que establecerá responsables”, dijo Olivo Rodríguez Huertas.

Fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «De Entero Crédito» que se transmite por Supercanal, canal 33.

“Desde el primer momento en que el Ministerio Público hizo de conocimiento de la opinión pública los aprestos de arribar a algún acuerdo con la empresa Odebrecht para viabilizar y sostener la persecución penal de los sobornados, se inició una serie de ataques”, precisó.

Rodríguez Huertas dijo que la verdadera finalidad del Ministerio Público es avanzar en el proceso de la lucha contra la impunidad.

Precisó que resulta incoherente que los que dicen luchar por el cese de la impunidad y que enarbolan como campaña la necesidad de que los imputados sean traducidos a la acción de la justicia, estén impidiendo el mecanismo penal.

“Los principales aliados de la impunidad, de la no sanción de la corrupción, son esos grupos que han tomado como asalto esos movimientos”.

Explicó que la declaratoria de complejo que le permite al Ministerio Público utilizar un criterio de oportunidad está orientado a que haga uso de la facultad prevista en el artículo 370 numeral 6 del Código Procesal Penal.

“En el sentido de que pueda llegar a un acuerdo que devele y que les dé sustento a hechos más graves en término de sanción, que el que se puede imponer a la persona de quien se prescindiría del ejercicio de la acción penal, por la utilización del criterio de oportunidad, que es la empresa Odebrecht”.

Indicó que esa constructora como persona jurídica solamente podría ser objeto de una pena de multa. La resolución judicial que autoriza a la Procuraduría a hacer uso del criterio de oportunidad, levanta un obstáculo para que el Ministerio Público pueda prescindir.

“¿A cambio de qué?, a cambio de que la empresa Odebrecht, de manera real y efectiva haga una colaboración que permita no solo identificar a las personas, sino que suministre las pruebas y algo más”, argumentó.

Rodríguez Huertas dijo que hay una presión política para alejar la posibilidad de que quienes traicionaron la confianza pública puedan ser traducidos a la justicia. Agregó que el acuerdo tendrá resultados concretos a través de solicitudes de coerción, presentación de acusación ante el juez de la instrucción y la condena de los involucrados.

“La apuesta de ellos es que no haya un preso, la apuesta de ellos es que el país no reciba un centavo de indemnización, la apuesta de ellos es que no exista ningún proceso”, apuntó.

Denostar figura del presidente. El abogado, igualmente manifestó que el objetivo de los grupos opositores es denostar la figura del presidente de la República. “Han comenzado a hacer una serie de inferencias totalmente irresponsables, en relación a una persona que como Danilo Medina ha estado concentrado hacia el logro de cosas que estaban acumuladas en nuestro país”.

Citó la puesta en marcha de programas sociales, las políticas de inclusión en el área de salud. También ha tomado en cuenta a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Igualmente la transformación de la educación, el compromiso con el sector eléctrico, becas a estudiantes, entre otros.

“Hay un conjunto apreciable de cosas que la presente administración ha impulsado. Contra eso es realmente la lucha, querer dejar a un lado esos grandes logros”, resaltó el jurista.

Expresó que hay un clima de estabilidad y de crecimiento económico cuantitativo y cualitativo que se pueden mostrar.

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«No hay ni pensamos que va a haber nadie encarcelado por esa corrupción, y es lo lamentable de nuestro país y del sistema judicial».

Así piensa el arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, quien declaró este domingo que no cree que vaya a pasar nada con el caso Odebrecht con la justicia, que es el sentir del pueblo y están esperando pero creen que nada va a pasar.

La periodista Lorenny Solano entrevistó a monseñor Ozoria en el programa «Lo que pasó en siete días» de Telefuturo y en su participación destacó que fácilmente a una persona que se roba un chivo o un racimo de plátano se le condene y a uno que le roba al pueblo sigue igual y continúan en sus puestos.

Al referirse a los altos niveles de delincuencia que azota al país actualmente dijo que estas son consecuencias de los males que estamos viviendo en la República Dominicana, que es un reflejo de lo que vive el mundo entero, pero que esto obedece a que los culpables de cometer estos crímenes no se les sanciona con la pena que merecen y si van a las cárceles fácilmente salen de allí sin mayores consecuencias.

Monseñor Ozoria manifestó que le preocupa mucho la permisividad de los males y la impunidad. Aseguró que el caso de Delcy Yaport es consecuencia de lo que estamos viviendo, que si la justicia actúa eficazmente eso puede disminuir o no ocurrir.

Con relación al tema de la despenalización del aborto Monseñor Ozoria declaró que la posición de la iglesia católica es clara al manifestar que propagan y defienden el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que el ser humano no conoce el plan de Dios en la vida de cada persona, por lo que no tiene derecho de quitarla.

«Estamos totalmente en contra de la despenalización del aborto, aun con todas las causales que se han discutido».

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El senador Adriano Sánchez Roa calificó como una «imprudencia  sin fundamento» iniciar un juicio político a un mandatario que está ajeno a los recursos que supuestamente entregó la Odebrecht para campañas electorales y, sobre todo, cuando es él quien ha puesto de forma decidida a que el Ministerio Público actúe sin contemplaciones.

Al refutar la propuesta del dirigente político y abogado Emmanuel Esquea Guerrero en el sentido de que el Congreso Nacional interpele al presidente Danilo Medina por  la “versión” de que su campaña electoral supuestamente recibió financiamiento por parte de Odebrecht, dijo que ese planteamiento violaría ese Artículo 4 de la Constitución.

La interpelación al Presidente Medina, que preside el Consejo Nacional de la Magistratura, y donde 4 legisladores son también miembros, tiene que ser sobre un caso que no haya llegado a la justicia, porque si ya es está en manos de fiscales y jueces, la interpelación se convertiría en interferencia de poderes, chocando con el artículo 4 de la Constitución dominicana.

“Ahí se establece que los “tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones”, es decir, el congreso cuando el poder judicial está con un caso, no puede arrebatárselo, y el caso de Odebrecht ya está bajo investigación”, indicó.

Sánchez Roa señaló que se han manipulado las informaciones de Brasil, porque en las investigaciones de Odebrecht u otros casos, en ningún momento ha surgido el nombre del Presidente Medina, sino que entre varios países se citó a la República Dominicana, y si es verdad, habría que ver a qué o cuáles partidos, del gobierno o la oposición habrían recibido recursos.

El legislador fronterizo se preguntó que dónde están las faltas graves para plantear un asunto tan serio como ese, cuando pese al desafío del Presidente Medina, nadie ha mostrado ni una coma de que haya recibido recursos mal habidos

“Lo que pasa es que la oposición persigue reducir el aval de seriedad y popularidad mostradas por el presidente Danilo Medina en las elecciones de apenas unos meses, simpatía que sigue sosteniendo, por lo que erróneamente quieren crear un clima de ingobernabilidad que le permita derrotarnos por vías diferentes a los votos, cosa que en el país no tiene cabida”, explicó.

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