El abogado Namphi Rodríguez urgió al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre las acciones directas de inconstitucionalidad de que ha sido apoderado contra el Estado de Emergencia para evitar una crisis política y electoral.   

Rodríguez  informó que depositará este martes una medida cautelar para que los magistrados conozcan en “extrema urgencia” la inconstitucionalidad de la vigencia del estado de excepción durante el proceso electoral. 

“No hay elecciones democráticas, ni campaña electoral realmente libre con un Estado de Emergencia  vigente que limite derechos fundamentales”, dijo el jurista. 

Precisó que su petición de medidas cautelares es en adición a la acción directa de inconstitucionalidad que sometió hace un mes ante el TC para que se declare inconstitucional la Ley 21-18, que regula los Estados de Excepción, por contravenir la Constitución con el trámite congresional de aprobar el Estado de Emergencia por una simple resolución de las cámaras legislativas. 

Añadió que esa mayoría simple le ha permitido al presidente Danilo Medina imponer sin consenso político las prórrogas del Estado de Emergencia y advirtió que repetir esa práctica en una segunda vuelta electoral crearía una crisis institucional.  

“Si esa brecha no hubiese estado abierta y la sanción del trámite congresional para declarar un estado de excepción necesitara de una ley orgánica aprobada con la dos terceras partes de los legisladores, como mandan los artículos 74.2 y 122 constitucionales, los quebraderos de cabeza que vivimos en el momento actual no fueran parte de nuestra realidad”, indicó. 

Agregó que el expediente principal fue admitido por el Constitucional con el número TC-01-2020-0016 y, en esencia, lo que perseguimos junto al doctorando en Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos I, de España, Johnny Marte Valoy, es que el tribunal haga un juicio de ponderación sobre la compatibilidad de los artículos 21 y 28 de la norma, a la luz de los artículos 74.2 y 112 de la Constitución.

Rodríguez subrayó que tras su acción, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) radicó otra acción directa de inconstitucionalidad para dirimir la procedencia de la quinta prórroga del Estado de Emergencia declarada por el presidente Medina. 

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El abogado Namphi Rodríguez depositó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad  contra la Ley 21-18, que regula los estados de excepción, por considerar que la misma contraviene principios básicos de la regulación de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. 

Rodríguez, conjuntamente con el abogado Johnny Marte Valoy, explicó que el procedimiento que utiliza la ley para la declaratoria de los estados de excepción viola el artículo 74.2 de la Constitución, que expresa que sólo por ley orgánica se pueden limitar los derechos fundamentales. 

“No es posible que una simple resolución del Congreso Nacional pueda suspender la Constitución, cuando tenemos que votar leyes de mayorías superorgánicas para modificar otras materias menos agravadas en la Constitución, como el régimen financiero”, dijo. 

Expresó que el artículo 74.2 de la Constitución es claro cuando expresa que sólo por ley se pueden limitar los derechos fundaementales y el artículo 112 establece que esa ley debe ser de rango orgánico. 

El jurista consideró que la declaratoria de un estado de excepción y sus prórrogas debe estar blindada por mayorías calificadas y no por mayorías simples en ambas cámaras. 

“Ese es un error de esa ley, que contribuye a debilitar el Estado Social y Democrático de Derecho y esperamos que el Tribunal Constitucional mediante una sentencia interpretativa corrija esa falencia”, adujo. 

Igualmente, Rodríguez dijo que la ley omitió regular el plazo de los estados de excepción, lo cual ha generado conflictos en el Congreso Nacional cuando conoce los períodos de las prórrogas. 

“El principio de temporalidad y el de taxatividad establecen que la declaratoria y las prórrogas deben tener vigencia por el tiempo estrictamente necesario y esa situación regulatoria se omitió en la ley”, reseñó. 

Detalló que por esa razón recurrió los artículos 21 y 28.1 de la Ley 21-18, ya que los mismos entran en contradicción con la normativa constitucional y convencional que regula los estados de excepción. 

“Hay que blindar la Constitución ante la anormalidad y los excesos del poder en momentos como estos en que la mayor parte de las naciones ven debilitar sus sistemas democráticos”, concluyó. 

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El abogado Namphi Rodríguez solicitó al Tribunal Constitucional (TC) acoger   el procedimiento de “extrema urgencia” para conocer y fallar una acción directa de inconstitucionalidad que interpuso contra las disposiciones de la Ley de Régimen Electoral que establecen el voto electrónico.

Rodríguez puntualizó que el pasado 4 de febrero depositó ante el TC el recurso contra el artículo 99 de la Ley 15-19, de Régimen Electoral, para que los magistrados constitucionales definan la compatibilidad  del voto automatizado con los principios y normas de la Constitución.  

Dijo que es obvio que ese método de votación desconoce los derechos de los electores, no garantiza la protección del sistema contra ataques externos y tampoco evite las caídas o fallas en los softwares y la manipulación del administrador.

Subrayó que desde el principio se sabía que el sistema de la JCE no era verificable y objetó que no se dio acceso al código fuente y a los registros de funcionamiento del sistema. 

Rodríguez criticó, asimismo, que la JCE nunca obtuvo certificados de autenticidad del software y tampoco existían procedimientos que permitieran a los partidos resolver dudas e impugnaciones. 

“A nuestro entender, los atributos de  libre, directo, personal y secreto del sufragio que consigna la Constitución se ven seriamente afectados por esta modalidad de voto automatizado, ya que a través de los sistemas de informática se dejan “trazas” que podrían impedir que los electores se expresen libremente”, suscribe el abogado en el recurso.  

Adujo que, además, la Ley 15-19, de Régimen Electoral, no le da potestad a la Junta Central Electoral (JCE) para realizar de forma automatizada el escrutinio y la transmisión de los votos, pese a lo cual el órgano comicial ha asumido esa modalidad en franca violación de la normativa legal y acarreando serios problemas de credibilidad al sistema electoral.  

Resaltó que el país debe seguir el ejemplo de la Corte Constitucional Federal alemana que, 3 de marzo de 2009,  declaró inconstitucional el voto electrónico en Alemania, por violación al principio de publicidad del proceso electoral, consagrado en su Carta Magna, para lo cual, en gran medida recurrió al principio democrático, entendiendo que el poder está sometido al control de la ciudadanía.

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El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez afirmó que la sentencia TSE-100-19 del Tribunal Superior Electoral que declara inaplicables los artículos49.4 de la Ley de Partidos y 134 de la Ley Electoral al ex-presidente Leonel Fernández es oponible a la Junta Central Electoral (JCE) porque así lo dispone el procedimiento contencioso electoral. 

En ese sentido, dijo que el “principio de vinculatoriedad procesal” impone las decisiones del TSE a los partidos políticos, la JCE y los demás órganos del sistema electoral dominicano. 

“Está fuera de toda duda que la sentencia emanada del TSE hace inaplicable la norma a Leonel Fernández y que, en virtud del “principio de vinculatoriedad procesal”, la misma se impone a la Junta Central Electoral (JCE), que no le queda otro camino que aplicarla para no incurrir en desacato constitucional”, dijo Rodríguez, quien fue el abogado ponente de la excepción de inconstitucionalidad en representación de Leonel Fernández y La Fuerza del Pueblo ante el TSE. 

Respecto de los efectos de la sentencia sobre la condición de terceros candidatos en similares a las de Leonel Fernández, Rodríguez dijo que siendo el TSE el órgano de mayor jerarquía jurisdiccional del sistema electoral, su criterio debe ser adoptado por la JCE para hacer expansiva la sentencia y resolver cualquier duda que pueda afectar a otros candidatos. 

A continuación el documento que el jurista remitió a este diario para responder sobre la vinculatoriedad de la sentencia. 

Documento parcial de Namphi Rodríguez. Pese a que aún no conocemos el texto íntegro de la sentencia 100-2019, del Tribunal Superior Electoral (TSE), en nuestra calidad de abogado ponente de la excepción de inconstitucionalidad que llevó a los jueces a declarar inaplicablesa Leonel Fernández los artículos 49.4 de la Ley de Partidos y 134 de la Ley Electoral, quisiera hacer algunos precisiones procesales. 

Está fuera de toda duda que la sentencia emanada del TSE hace inaplicable la norma a Leonel Fernández y que, en virtud del “principio de vinculatoriedad procesal”, la misma se impone a la Junta Central Electoral (JCE), que no le queda otro camino que aplicarla para no incurrir en desacato constitucional. 

Por lo demás, no hay controversia sobre el hecho de que  una excepción de inconstitucionalidad interpuesta de forma incidental en el curso de una contienda judicial  no anula la norma con efectos generales (erga omnes).  También es incontrovertido que sólo las partes en un proceso judicial pueden ejercer el control difuso de constitucionalidad. –

Sin embargo, es aceptado por la doctrina, encabezada por el profesor Allan Brewer Carias quee, “en el caso que la decisión judicial aplicada al método difuso de control de constitucionalidad en un caso concreto, como un juicio de amparo, la dicte el órgano de la Jurisdicción Constitucional, en cuyo caso los efectos de la decisión podrían ser erga omnes” (generales). 

En el caso de la sentencia 100-2012, el TSE no sólo ejerció el control difuso de constitucionalidad, sino que es éste el órgano constitucional sobre el que descansa “la máxima autoridad en materia contencioso electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional las mismas sean manifiestamente contrarias a la Constitución” (artículo 3 de la Ley 29-11, del TSE). 

En virtud de la jerarquía del órgano y del principio de celeridad electoral, esta decisión se debería irradiar a todos los candidatos que están en una posición parecida a la que caracterizaba la candidatura de Leonel Fernández hasta el día de ayer. 

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El abogado Constitucionalista Namphi Rodríguez consideró improbable que el Tribunal Constitucional se aparte del precedente que establece que son inconstitucionales las leyes que imponen requisitos adicionales a los que establece la Constitución para ejercer el derecho fundamental a ser elegible.

Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, dijo que esa ha sido una jurisprudencia sostenida de manera constante por el Tribunal Constitucional (TC), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). 

El jurista respondió así la intervención del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante el TC para peticionar que se declaren compatible con la Constitución los artículos 49.4 de la Ley 33-18, de Partidos Políticos, y 134 de la Ley 15-19, de Régimen Electoral,  sobre la posibilidad de que un precandidato que haya participado en unas primarias o una convención de un partido puede ser inscrito por otra organización en caso de no haber resultado elegido.

Rodríguez sostuvo que esa es una jurisprudencia tan asentada que incluso dentro de los abogados accionantes, el propio Eduardo Jorge Prats ha escrito en su libro de Derecho Constitucional que la Constitución no tolera “condiciones adicionales” impuestas por leyes para el ejercicio del derecho a ser elegible y acceder a puestos públicos.

El catedrático citó las siguientes sentencias de la SCJ, el TSE y el TC que establecen ese criterio jurisprudencial:

I. Sentencia de la SCJ del 2002

La primera en establecer este criterio jurisprudencial fue la SCJ, la cual declaró en el 2002 la inconstitucionalidad del artículo 5 de la Resolución No. 5-2001 de la JCE, relativa a las Circunscripciones Electorales. Mediante sentencia número 1 del 6 de febrero 2002 (B.J 1095), la Suprema Corte juzgó que, “la Junta Central Electoral se ha excedido en sus poderes en razón de haber consignado exigencias no previstas en la Ley Sustantiva para que una persona pueda optar como candidato en las elecciones generales del 2002, por lo que el citado artículo quinto deviene no conforme con la Constitución de la República”. 

Dicha resolución pretendía fijar la obligatoriedad del domicilio como un requisito “sine qua non” para ser elegido diputado por una circunscripción, cuando la Constitución lo que requería era haber residido cinco años consecutivos en la circunscripción territorial de la elección. 

La decisión de la SCJ está blindada como “precedente invariable” por haber sido rendida por la SCJ como corte constitucional previo a la reforma de la Carta Magna del 2010, según lo dispone el artículo 277 de la Constitución. 

II. Sentencia del TSE del 2012. Un precedente similar fue sentado por el Tribunal Superior Electoral en su  sentencia TSE/019/2012  del 18 de abril del 2012, en ocasión de una excepción de inconstitucionalidad interpuesta contra el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 136-11, sobre Elección de Diputados Representantes de la Comunidad Dominicana en el Exterior,  que violaba los artículos 6 (supremacía constitucional) y 21-22 (derechos de ciudadanía) de la Constitución. El texto impugnado exigía la obligatoriedad de estar inscrito en el registro de electores residentes en el exterior para optar por una candidatura a diputado de ultramar. 

El tribunal consideró que, “los derechos electorales encierran la capacidad objetiva de todos los ciudadanos para elegir y ser elegibles, sin otras limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República y la Ley Electoral, cuando la Carta Magna, de manera expresa, deja a ésta la reglamentación de algunos derechos”.  

En la Constitución dominicana, contrario a constituciones como la española o la peruana, el derecho fundamental a ser elegible no es un derecho de configuración legal, ya que la Carta Política no hace, “de manera expresa”, reserva de ley para adicionar requisitos más allá que las previsiones constitucionales. Eso equivale a decir, que sus límites y condiciones están enunciados taxativamente en la propia Constitución. 

En ese sentido, el TSE, mediante la misma sentencia, hizo suya la doctrina del jurista Juan Carlos Hernández, coautor del “Diccionario Electoral”, quien sostiene que, “en cuanto a la ejecución positiva de los derechos electorales, las normas constitucionales determinan sus correspondiente regulaciones, las condiciones necesarias para su ejercicio, regulando de diversas maneras las peculiares características exigidas, en su caso, para admitir candidaturas”.

Al otro lado del litoral, en nuestra Constitución podemos encontrar derechos de configuración legal en las  libertades de asociación (artículo 47), de reunión (artículo 48) y de expresión e información (artículo 49); todas ellas con reserva de ley expresa para su desarrollo. 

III. Sentencia del TC del 2013. La tercera jurisprudencia está contenida en la sentencia TC/0050/13, del Tribunal Constitucional, la cual puntualizó que, “es preciso señalar que no se deben confundir las condiciones de elegibilidad para optar por un cargo público; esto es, aquellos requisitos mínimos y necesarios que debe reunir toda persona con el objeto de estar jurídicamente acreditado para aspirar a un cargo público, con las formalidades de inscripción de una candidatura, que son los requerimientos que deben observar los partidos o agrupaciones políticas para formalizar la postulación de sus candidatos a participar en un certamen electoral”.

En dicha sentencia, el TC puntualiza que, “las condiciones de elegibilidad para ser Presidente de la República resultan indicadas en el artículo 123 de la Constitución; en cambio las formalidades de inscripción de una candidatura presidencial o para otro cargo electivo están indicadas…” en la Ley Electoral. 

El Tribunal Constitucional está obligado mantener el precedente  que considera que son inconstitucionales leyes que exigen “condiciones adicionales” a las que prevé la Constitución para optar por una candidatura presidencial.  

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La prohibición de inscribir candidaturas del artículo 49.4 de la Ley de Partidos no se le aplica a Leonel Fernández, puesto que es una disposición dirigida a impedir que candidatos electos en procesos internos de las formaciones políticas incurran en transfuguismo y defrauden a los electores que le han elegido yéndose a otras organizaciones. 

La consideración es del abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, quien dijo que la dicción del texto de la ley habla del “candidato”y no del “precandidato” que haya participado en certámenes por otros partidos. 

Al participar junto Cristóbal Rodríguez Gómez en el programa El Día, con Huchi Lora y Amelia Deschamps, el jurista dijo que dada la oscuridad del texto, la interpretación que hay que darle debe ser literal, en beneficio del ex-gobernante. 

“Si cotejamos ese  texto con el artículo 134 de la Ley 15-19, de Régimen Electoral, veremos que está dirigido a impedir el transfuguismo de los candidatos que se eligen en las convenciones internas de los partidos y no de los precandidatos que no obtienen la nominación”, dijo. 

Rodríguez consideró que es irrazonable pensar que se puede sancionar a los precandidatos que no han resultado elegido, quienes por aplicación de la sentencia TC/0441/19 del Tribunal Constitucional se pueden desafiliar libremente porque no son depositarios de una representación partidaria. 

“Es muy simple, si Luis Abinader quisiera traicionar el voto de los perremeístas que le han elegido, está impedido porque ello sería transfuguismo”, adujo. 

Subrayó que el transfuguismo es un fenómeno atribuido a aquellos representantes que traicionan a sus compañeros de listas o de grupos, apartándose individualmente y decepcionando a los electores que les han favorecido con el voto. 

Los límites de los límites. Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho., consideró que los únicos límites y condiciones que se le pueden imponer a una persona para aspirar a la Presidencia de la República están enunciados en el artículo 123 de la Constitución. 

En ese tenor, dijo que dichos criterios obedecen a razones de nacionalidad, edad, pleno goce de los derechos civiles y políticos y al hecho de transcurrir un plazo de tres años si la persona ha estado en el servicio militar. 

Adujo que la Constitución no le permite al legislador imponer otros límites que cercenen el derecho a ser elegible, porque ello violaría el artículo 74.2 de la Constitución que prevé que para regular dicha prerrogativa hay que respetar el contenido esencial del derecho. 

Rodríguez recordó que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) prohíben las “restricciones indebidas” a los derechos políticos. 

“Estamos ante un terreno en el que el legislador no puede regular más allá de los límites de la Constitución y los tratados internacionales, porque ello afectaría el principio de igualdad”, concluyó el letrado.  

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El abogado Namphi Rodríguez, coordinador del Foro Constitucional, sostuvo que en el país no hay condiciones  para una reforma constitucional que reimplante la reelección presidencial y advirtió que el presidente Danilo Medina debe hablar al país para disipar los nubarrones de dictadura que se vislumbran en el horizonte político dominicano.

El jurista subrayó que actualmente el 70 por ciento de la población dominicana rechaza una reforma constitucional para permitirle al mandatario un tercer período consecutivo, por lo que cualquier intento de convocar la Asamblea Revisora de la Constitución resultaría ilegítimo.

Al ser entrevista por Huchi Lora y Amelia Deschamps, en el matutino El Día, Rodríguez dijo que ha podido constatar un rechazo casi generalizado de la ciudadanía a la reelección en los foros que realiza la Fundación Prensa y Derecho en el interior del país.

Adujo que el país tiene que poner término a la “tara histórica” de la reforma constitucional para la reelección de los presidentes, por lo que en el futuro habrá que incluir una “cláusula intangible” en la Constitución que exprese que las reformas constitucionales no benefician ni afectan a los presidentes en ejercicio en el momento de las enmiendas.

“Estamos llevando el Foro Constitucional al interior del país y lo que vemos es un gran rechazo a la reforma constitucional para la reelección, lo más prudente fuera que el presidente Medina se dirija a la nación y disipe los nubarrones de dictadura que ha denunciado la Iglesia Católica sobre el horizonte político dominicano”, puntualizó.

En ese tenor, dijo que el Sermón de las Siete Palabras del pasado Viernes Santo es un indicador del clima de incertidumbre y autoritarismo que se está configurando en el país.

Rodríguez sostuvo que las condiciones institucionales se han deteriorado significativamente, incluyendo la percepción sobre la falta de independencia del Poder Judicial para controlar los actos del Poder Ejecutivo.

“Tras la juramentación de un miembro del Comité Central del PLD como presidente de la Suprema Corte de Justicia los linderos sobre la división de poderes se han hecho difuso y hay una seria preocupación sobre el Estado de Derecho”, agregó al momento de pedir al presidente Medina que hable al país.

Foro Constitucional. El también catedrático de Derecho Constitucional explicó que fruto de la preocupación que existe sobre el destino del país, la Fundación Prensa y Derecho está llevando al interior del país el Foro Constitucional para debatir el tema de la normatividad de la Constitución.

Agregó que el Foro Constitucional es una iniciativa de sociedad civil ha emprendido una agenda pública con el objetivo de edificar a la población sobre las implicaciones de una reforma constitucional en estos momentos.

Dijo que se ha hecho una programación académica para llevar estos debates a Santiago, La Romana, Higuey, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Puerto Plata y Moca, en jornadas que reúnen a expertos de distintas corrientes del pensamiento y de las organizaciones políticas.

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El jurista Namphi Rodríguez alertó al Poder Ejecutivo que debe evitar “graves daños” al debate democrático y a la libertad de expresión promulgando una Ley de Régimen Electoral que criminaliza con penas de hasta 10 años de reclusión los delitos difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos adversos. 

Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo  que la nueva Ley Electoral aprobada por el Congreso y pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo es una “espada de Damocles contra la libertad de expresión”. 

“Es inconcebible que en el siglo XXI se pretenda aprobar una ley mordaza tan draconiana, que desborda los principios de proporcionalidad y razonabilidad del artículo 74 de la Constitución de la República”, advirtió al instar al Poder Ejecutivo a no promulgar la referida norma.

Subrayó que el numeral 18 del artículo 84 de la nueva legislación dispone que serán castigados “con penas de 3 a 10 años los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales”.

Sostuvo que esas penas alcanzan no sólo a quienes profieran los delitos contra el honor de candidatos y partidos políticos, sino también a quienes “elaboren, financien o compartan” campañas dinigrantes con piezas propagandísticas difamantes o injuriosas contra el honor o la intimidad de los candidatos o los partidos políticos.  

Adujo que se trata de una desnaturalización de la tipificación penal de los delitos contra el honor de los particulares, que actualmente son sancionados con penas de 15 días a seis meses de prisión por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento. 

“Debe ser la ley más dura que se ha aprobado en América Latina en materia de campañas electorales, viola la Constitución, desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos y afectará el debate democrático y la libertad de expresión”, subrayó. 

Rodríguez afirmó que esa ley, y la Ley 33-18, de Partidos Políticos, configuran la “tormenta perfecta” para aniquilar la libertad de expresión en República Dominicana en los períodos electorales. 

El experto en Derecho Constitucional reconoció que en el país existe la necesidad “vigilar” la calidad del debate político en las campañas y precampañas electorales, pero censuró que se pretenda crear un clima generalizado de inhibición e intimidaciónpara que no se hagan denuncias de corrupción o se publiquen actos escandalosos de políticos y partidos. 

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El abogado y catedrático Namphi Rodríguez pidió al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse en un plazo razonable sobre la acción de inconstitucionalidad que interpuso para anular las disposiciones de “mordaza” de la Ley de Partidos Políticos que sancionan hasta con dos años de prisión a quienes emitan “mensajes negativos” por las redes sociales.

Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que esa entidad junto al periodista y abogado Héctor Herrera Cabral recurrieron el año pasado ante el TCel artículo 44, numeral 6, de la Ley 33-18 por representar una seria violación al derecho de libertad de expresión consagrado por el artículo 49 de la Constitución.

Puntualizó que el expediente quedó en Estado de fallo en noviembre y dijo que por la urgencia de los plazos electorales el tribunal  debería pronunciar su sentencia antes del inicio del período de precampaña.

“En el marco de una precampaña electoral, la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas, pero sobre todo es una forma de fortalecer la democracia”, dijo el jurista.

Adujo que la penalización de la difusión de información sobre un precandidato, no puede depender del hecho de que la misma sea “negativa” o “empañe” la imagen de éste, ya que ninguna de los anteriores calificativos guardan relación con la veracidad de la información o determinan invade el ámbito de la privacidad, o si responde a una intención dolosa de dañar la imagen y buen nombre del precandidato.

“Existe infinidad de supuestos en los cuales una información relacionada con el accionar público de un precandidato pudiera resultar “negativa” para su imagen, pero necesaria para la transparencia y el debate público, por lo que es inconstitucional prohibirla”, subrayó. 

Sostuvo que cualquier ciudadano que se haga eco de un “mensaje negativo” en una red social contra un precandidato corre el riesgo de ser perseguido penalmente, lo cual es una clara desnaturalización del ejercicio del libre acceso y, sobre todo, difusión de la información, por lo tanto, deviene en inconstitucional”, adujo.

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A juicio del abogado y catedrático de Derecho Constitucional Namphi Rodríguez la Ley de Partidos Políticos no puede suplantar los estatutos de esas organizaciones, porque ello representa un acto de arbitrariedad que viola el derecho de libre asociación, contraviene la seguridad jurídica y el Estado social de derecho.

En un análisis remitido a este diario, Rodríguez dijo que al desconocer los estatutos como norma fundamental de las organizaciones partidistas, la Ley 33-18, de Partidos Políticos, transita el camino cenagoso de la inconstitucionalidad, por lo que cabría preguntarse ¿hasta qué punto puede el legislador anular los estatutos de esas organizaciones para crear privilegios a favor de cúpulas partidarias?

Subrayó que la ley representa un “mínimo indispensable” para los estatutos de los partidos, lo cual es cónsono con su naturaleza jurídica como entes asociativos, pues en tanto que asociaciones privadas de relevancia constitucional gozan de una salvaguarda constitucional de los derechos de los afiliados como garantía de su democracia interna.

“Eso equivale a decir que cuando el constituyente dominicano instituyó el principio de reglamentación de los derechos fundamentales estableció una clara precisión al disponer que, “sólo por ley (…) podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”, añade.

Rodríguez apuntó que resulta desproporcionada la intromisión del legislador en la vida interna de organizaciones como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos estatutos establecen que la elección de sus candidatos se realiza mediante primarias cerradas (art. 23) y que para su aprobación se requiere la convocatoria del Congreso Ordinario (art. art. 12.C), integrado por todos los miembros del Comité Central, los presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de Comités Intermedios y de Circunscripciones Electorales y de las Seccionales (art. 10).

Como se puede apreciar, la Ley 33-18 despoja a los miembros del Congreso peledeísta del derecho fundamental a trazar la vida interna partidaria, con lo cual se quiebra el sistema de representación y de democracia interna de la organización.

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