El presidente Danilo Medina declaró como Reserva Fiscal Minera “Ávila”, para la exploración y evaluación de posibles yacimientos de “tierras raras” a ser desarrolladas directamente por el Estado o mediante contratos especiales.

La disposición presidencial está contenida en el decreto 430-18 y fue dada a conocer por el portavoz del Gobierno y director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de Twitter.

El decreto indica que la Reserva Fiscal Minera “Ávila” abarcará la siguiente zona: provincia Pedernales, municipio Pedernales, secciones Las Mercedes, La Altagracia y Aguas Negras.

Del mismo modo, los parajes Avila, Bella Vista, Boca Tajón, Cabeza de Agua, Cabo Duarte, Canta la Rana, Colonia de los Arroyos, Colonia Mencía, Don Juan, El Bambú, El Mogote y Jarro Sucio.

También, La Canoa, La Manigua, La Rosa, Los Corales, Los Manguitos, Pasu Sena, San Isidro, Sambu y Toro.

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El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, recibió la visita de ejecutivos de la empresa Goldquest Dominicana, de quienes recibió explicaciones sobre el proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana.

El ingeniero Julio Espaillat, presidente y director ejecutivo de Goldquest Dominicana, dijo que el proyecto, actualmente en fase de estudio y evaluación, tendrá una inversión aproximada de US$150 millones de dólares, generará impuestos al Estado por valor de US$25 millones al año y producirá ingresos por divisas de US$100 a US$120 millones al año.

El proyecto crearía entre 300 a 400 empleos directos, y que durante el proceso de construcción, generará otros 900 empleos, entre técnicos, obreros y contratistas, según informaron sus promotores.

Espaillat garantizó que este proyecto no hará daño al ambiente porque se trata de minería bajo tierra que no requerirá uso de químicos contaminantes ni la tala de bosques.

Indicó que Goldquest Dominicana emplea técnicas modernas de explotación, amigables con el medio ambiente y con visión sostenible.

Espaillat estuvo acompañado por el ingeniero José Sena, presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Yamily López, directora ejecutiva, y Félix Mercedes, country manager de Goldquest Dominicana.

Acompañaron al gobernador, la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente, Ervin Novas, el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda, la asesora económica de la Gobernación, Olga Díaz, y el director de comunicación, Luis Martín Gómez.

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Juan López Moca. Organizaciones de esta localidad, encabezadas por las principales Juntas de vecinos de la zona y los centinelas de la montañas demandan la intervención del gobierno central y locales para acabar con lo que denominan es un crimen ecológico.

Manuel Hernández, presidente en funciones de los centinelas afirma que «la mina tenia parada aproximadamente 11 meses, por las luchas que ha realizado la comunidad, sin embargo, otras minas de la zona están paralizada y está precisamente la han vuelto a reabrir perturbando la paz que había tenido la comunidad durante este tiempo».

El ambientalista afirma que no han tirado, ni una piedra, ni han quemado una goma, pero de ser necesario lo harán, porque se ha reunido con el ministro de Medio Ambiente y le prometió enviarle una comisión quien le dijo delante del padre que Nino que, si la comunidad decía no a la mina, seria clausurada inmediatamente, no obstante, se quejan que de que el ministro no ha cumplido con sus palabras.

Los ecologistas y comunitarios entienden que no es posible que una tierra tan productiva como esta, sean sacrificadas por las apetencias de grupos que ponen en peligro la existencia de la misma comunidad y de la seguridad alimentaria de la región y hasta del país.

Demandan una visita sorpresa del presidente de la República Danilo Medina para conocer el problema y parar este crimen y de no pararse la mina podría suceder una desgracia, los comunitarios están dispuesto a todo a cambio de proteger su habita.

El presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) afirmó que desde hace varios años la institución viene trabajando junto a los centinelas y la comunidad de Juan López en la lucha que ha unido la comunidad en contra de la minería.

Rivera valoró la integración de la comunidad y la exhortó a seguir trabajando por el medio ambiente para detener el ecocidio que ha perpetrado la empresa minera en la Zona.

La presidenta de la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP), Ruth Pascual, dijo se integra a la caminata para apoyar a esta y todas las organizaciones que tienen como prioridad el medio ambiente, porque ese es el objetivo de FUNDETROP.

Los ambientalistas y comunitarios realizaron una caminata el sábado 25 de junio a la 4:00 de la tarde partiendo de la iglesia de Mamey Juan López, Moca. En la caminata participaron decenas de organizaciones, entre la que se pueden destacar: Sociedad ecológica del Cibao (SOECI), Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP), El campamento de Loma Miranda y la Junta de Vecinos Estancia de la Zona suroeste de Santiago.

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Al llegar el mediodía del 11 de noviembre de 2015, Casper Sonesson, Consejero Global de Políticas para las Industrias Extractivas en el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya había dictado una conferencia magistral y  había sido sometido a tres difíciles entrevistas con representantes de la prensa de Santo Domingo.

Todo eso antes de completar siquiera 24 horas en República Dominicana, adonde había venido desde sus oficinas en Nueva York como invitado especial del “Primer Foro para una Industria Extractiva Sostenible en República Dominicana”, organizado por el Ministerio de Energías y Minas y el PNUD.

Como supuse que estaría cansado, invité a la más alta autoridad mundial del PNUD en el tema de las industrias extractivas a que tomara esta entrevista como un juego: “Le plantearé cinco dilemas y usted me contestará desde las tripas”, propuse. Y Sonesson aceptó. Los dilemas figuran en negritas.

Conservación versus explotación.
“Puedes tener ambas”.

Ambiente versus desarrollo
“Necesitamos ambos. Necesitamos los beneficios y los empleos, pero necesitamos conseguirlos en la forma correcta”.

Comunidad versus minas
“Minas y comunidad. Tienes que encontrar la manera de armonizarlas, porque necesitas los beneficios de las minas”.

Ambientalistas versus inversionistas
“Los inversionistas necesitan convertirse en ambientalistas. Cada vez hay más requerimientos ambientales incluso para obtener financiamiento”.

Presente versus futuro
“Ah, ah, ah…necesitamos ambos. El presente no es suficiente. Debemos hacer lo mejor para el futuro”.

Sueco al fin, Sonesson es demasiado cerebral para contestar desde las tripas. Así que reinicié la conversación con preguntas abiertas.

¿Realmente, es posible una minería sostenible, en la que haya explotación mineral, y, a la vez, conservación ambiental?
Es posible, pero retador. Hay muchas experiencias alrededor del mundo donde ha habido un montón de conflictos por daños ambientales, pero, al mismo tiempo, hay algunos países que han logrado ser exitosos en la explotación minera para el desarrollo sostenible.

¿Hay algún modelo de negocio o país que pueda servir de referencia a República Dominicana?
Chile ha sido exitoso usando la minería para expandir el desarrollo económico sostenible. Por supuesto, ha sido un reto, por el impacto ambiental, pero en sentido general es un buen referente sobre cómo manejar las relaciones con la industria minera. En esta experiencia ha sido clave un marco legal claro y la transparencia en las negociaciones de contratos entre el Estado y las empresas. Canadá es otro buen ejemplo de cómo la minería ha servido para promover el desarrollo. Suecia, también; y Botsuana, en África, es un buen ejemplo de cómo la minería de diamantes ha podido crear mayor valor social y valor económico. En cuanto a modelo de negocios, la tendencia apunta a moverse de contratos específicos a licencias y reglas de juego claras.

Suecia, Canadá y Chile tienen, por mucho, mayores niveles de desarrollo que República Dominicana. ¿Habría algún ejemplo más cercano a este país?
Esos países tienen más de 100 años explotando la minería, y esta industria le ha ayudado a construir su desarrollo. Hay también malas experiencias, como en África, donde aun varios países continúan luchando por conseguir un modelo sostenible, pero incluso los mejores modelos no son perfectos. Siempre habrá desafíos.

Ante la encrucijada de explotar la riqueza mineral, pero dañar la riqueza ambiental, ¿qué debe hacer un Estado?
Un gobierno tiene diferentes opciones. El país puede decidir no explotar la riqueza mineral, si está dentro de una reserva natural, por ejemplo, con una biodiversidad difícil de reemplazar. En otras situaciones se puede mitigar el impacto del ambiente con la incorporación de tecnología y manejando adecuadamente el proceso de explotación.

¿Cuál es el ABC de una buena política pública minera?
Un marco legal claro, en cuya elaboración hayan participado el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, el Parlamento y todos los actores clave del Gobierno. Transparencia, información abierta, para que la sociedad civil también pueda monitorear la actividad minera. Y participación de todos losstakeholders en la tomas de decisiones. Por definición, la minería es un negocio contaminante y de alto riesgo de accidentes. Por eso los gobiernos deben tener regulaciones claras, monitorear su cumplimiento e inspeccionar a las empresas. Además, debe prevalecer la transparencia y rendición de cuentas en el negocio.

¿Qué puede hacer un gobierno para relanzar una política de minería cuando ha tenido antecedentes conflictivos con la industria?
Involucrar a todos los actores clave en un diálogo para crear esa política; incluir todos los puntos críticos y de conflictos en ese diálogo, y explorar cómo puede llenar las expectativas de esos actores. Es un proceso de diálogo y mediación.

¿Qué puede hacer un sector minero para relanzarse, cuando sus antecedentes están marcados por conflictos con el Estado y la comunidad?
¡Esa es la pregunta del millón de dólares! Grandes compañías como Barrick Gold y Rio Tinto tienen muchos conocimientos en estos asuntos, y comoquiera se ven involucradas en conflictos… (la solución) es una cuestión de comunicación, de involucramiento, de alianza entre la mina y la comunidad. La minería es un juego de riesgos y oportunidades. Los riesgos deben ser manejados, por lo que las compañías deben ser proactivas en promover y desarrollar esa alianza y ese diálogo. El gobierno también tiene que estar involucrado, porque recibe parte de los beneficios, y debe ser parte de la alianza. En definitiva, una alianza que involucre al estado, las mineras y la comunidad, para que la minería puede contribuir al país como un sector estratégico del desarrollo sostenible.

¿Qué es y qué no es “minería sostenible”?
¡Esa es otra gran pregunta! En el PNUD no usamos el concepto de minería sostenible, sino minería para el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de minería para el desarrollo sostenible nos referimos a un desarrollo integral que incluya lo económico, lo social y lo ambiental. Estamos hablando de rendición de cuentas y transparencia por parte de todos los actores.

¿Cómo una minera puede obtener la “licencia social para operar”, no solo la licencia legal?
Es importante que cumpla con todas las regulaciones, pero necesita ir más allá. Una forma de hacerlo es involucrarse en las actividades de la comunidad donde opera; mantener un diálogo abierto y continuo con la comunidad, para entender sus expectativas y ver si puede satisfacerlas. Tiene que compartir los beneficios de la explotación con la comunidad y asegurarse de que la comunidad conoce los beneficios que recibe de la actividad minera. Obtener la licencia social para operar implica una largo camino por recorrer.

Vemos empresas que mantienen ese diálogo y comoquiera tienen conflictos con la comunidad. ¿Es un diálogo sin fin?
No es un camino fácil. También el gobierno tiene que estar presente, el gobierno local o nacional debe compartir los beneficios de la minería con la comunidad. Esa es una buena práctica.

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El juez Samuel Guzmán Fernández, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, ordenó la paralización de la extracción de materiales en la Cordillera Septentrional hasta tanto se presente un informe sobre el daño ecológico que registra la zona.

En la decisión el magistrado además estableció la presencia del vice Ministro de Medio Ambiente, Mario Tejada, a los fines de que expliqueel otorgamiento de los permisos a las mineras que extraen materiales.

El informe será realizado por la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), para presentarse ante el tribunal el miércoles 24 de de junio cuando se conocerá la próxima audiencia.

Los comunitarios de la Acción de Amparo Colectivo de Jacagua además están solicitando al juez a que visite el lugar que para que vea cual es la situación ambiental, tras la extracción de materiales en la Cordillera Septentrional.

Los abogados Wilton Vásquez y Mayovanex Reyes, cuestionaron los permisos presentado por la parte acusadora. “Lo controvertido en este asunto es como está la Cordillera Septentrional que verla así como esta da grima”, dijo Reyes.

“Presentan un permiso además del 10 de abril del presente año cuando el 30 de enero vino el Ministro de Medio Ambiente y ordenó la paralización de la extracción de materiales en el lugar”, indica la decisión.

Los residentes de la zona señalaron que a partir de ahora se mantendrán en vigilia permanente hasta lograr su objetivo de que los trabajos de extracción sean paralizados de de manera definitiva.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) notificó este lunes formalmente a la empresa Sierra Bauxita Dominicana para que se abstenga de ejecutar extracciones y exportaciones de minerales sobre la base del contrato suscrito con el Estado en 2006, cuya rescisión le fue comunicada por la Dirección de Minería el 28 de mayo pasado.

La notificación, suscrita por el ministro Antonio Isa Conde, advierte que tanto Sierra Bauxita Dominicana y cualquier otra razón social que la represente “deberán abstenerse de nominar barcos para cargar bauxita en el puerto de Cabo Rojo” a partir del 30 de junio.

Asimismo, establece que no serán válidas, a partir de la fecha especificada, operaciones mineras en base al referido contrato, sus extensiones o renovaciones de hecho, ni será autorizado embarque alguno de bauxita.

La notificación fue hecha por el Ministerio de Energía y Minas al señor Harry Dawson, vicepresidente de Sierra Bauxita Dominicana, con copia la firma Dovemco, contratista de la primera.

Por otro lado, la institución se mostró su sorpresa ante un espacio pagado publicado por Sierra Bauxita Dominicana, en el que anuncia la reapertura de sus operaciones y promete la ejecución de un plan social a favor de la comunidad.

El MEM sostuvo que las operaciones de esa empresa  están paralizadas aproximadamente desde 2008, y durante ese lapso la Dirección de Minería nunca fue informada sobre los proyectos comunitarios ni de los planes sociales que repentinamente anuncia la minera.

“Es verdaderamente extraño que a tres días de haber recibido la notificación de rescisión del contrato por parte de la Dirección de Minería, brazo ejecutor de este ministerio en materia de minas, Sierra Bauxita Dominicana publicara un comunicado en los medios anunciando un supuesto plan social, repartición de beneficios y la continuación de sus operaciones”, manifestó el ministro Isa Conde.

Plan de desarrollo. El funcionario informó que la paralización de la explotación de Bauxita en Pedernales es un paso previo para la puesta en marcha  por el Gobierno de un plan de desarrollo integral de turismo sostenible en la zona, que aportará mayores beneficios a las comunidades a mediano y largo plazo, preservando el medio ambiente y mejorando las condiciones de vida de sus pobladores.

Señaló que los detalles y alcance de este proyecto serán informados oportunamente por la Presidencia de la República.

“El Gobierno ha asumido el compromiso de ofrecer alternativas a los comunitarios que dependen de esa actividad minera, hasta hacer la transición hacia el plan integral de desarrollo que será mucho más beneficioso”, subrayó.

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El ministro de Energía y Minas considera oportuna la aplicación de una política minera integral con criterios de sostenibilidad y consideró urgente contar con una Ley de Ordenamiento Territorial basada en la realidad de la República Dominicana.

Antonio Isa Conde estimó necesario desarrollar la minería tomando en cuenta las fragilidades ambientales que tiene la isla y el desarrollo de las personas y su hábitat, a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo y del programa de Gobierno del presidente Danilo Medina.

“Vivimos en una isla con un ecosistema que ha sido bastante golpeado y nuestra realidad en esa materia no es similar a la de otros países como Chile, Argentina y Perú, con notable desarrollo de la minería extractiva”, comentó el ministro de Energía y Minas.

El ministro de Energía y Minas afirmó que las prioridades de su gestión serán la corrección del pasivo ambiental, el desarrollo de la pequeña minería, la coordinación interinstitucional y la revisión de todas las concesiones de exploración mineras.

El funcionario –que habló sobre el tema al ser entrevistado en el programa televisivo «El Despertador» por los periodistas Edith Febles y Marino Zapete– informó que su gestión estudiará minuciosamente las concesiones de exploración mineras vigentes en el territorio nacional, pero insistió en que para conceptualizar una política consistente en esa materia, es absolutamente necesario contar con una Ley de Ordenamiento Territorial.

Antonio Isa Conde reveló que su plan de acción al frente del Ministerio de Energía y Minas incluye la búsqueda de soluciones efectivas al pasivo ambiental heredado que existe en el entorno de la minera Barrik Gold y afirmó que una de las tareas urgentes para disminuir los riesgos ambientales es la intervención urgente de la presa de cola del Yagal.

“He hablado con los técnicos. Desde el Estado se están tomando medidas y estamos claros sobre las intervenciones que hay que hacer”, dijo.

Asimismo, indicó que prestará atención a la pequeña minería, actividad que puede servir como puntal del desarrollo de las comunidades, conectándola con las políticas de impulso de la pequeña y mediana empresa, manejadas desde el Ministerio de Industria y Comercio.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Minería informó el hallazgo de un nuevo yacimiento de oro en la provincia San Juan, localizado en la Loma Jengibre, al este de la comunidad Maguana Arriba en el municipio Juan de Herrera.

Minería explicó que este descubrimiento fue realizado por la empresa canadiense Precipitate Gold, dentro de su concesión de explotación Juan de Herrera otorgada en 2013.

El descubrimiento de oro consiste en una columna de 18 metros de mineral conteniendo en promedio 4.5 gramos por tonelada de oro, incluyendo una sección de cinco metros en dicha columna con 13.4 gramos por tonelada de oro.

El yacimiento fue localizado a una profundidad entre 84 y 102 metros por debajo de la tierra.
El depósito mineral tiene la perspectiva de extenderse por más de 600 metros de largo, proveyendo posibilidades de ampliar el descubrimiento y definir importantes reservas del mineral en la zona. Adicionalmente se encontraron valores de plata, cobre y zinc.

Alexander Medina Herasme, director general de Minería, manifestó su satisfacción al aplicar con éxito la política de explotación minera por el presidente de la República, Danilo Medina, quien instruyó a que se cumpla la ley minera 146 que ordena que las concesiones sean otorgadas a empresas con probada capacidad técnica y económica para acometer la búsqueda de riquezas minerales en el territorio nacional.

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Santo Domingo.- El ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, participará ese viernes en un almuerzo, en el que hablará sobre el futuro de la minería en el país.

El almuerzo lo ofrecerá la Cámara Minera Petrolera (Camipe) y la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana.

«Este tema es oportuno debido a las definiciones que están pendientes sobre el sector minero, en especial después de que el presidente Danilo Medina vetara la ley sobre Loma Miranda», expresaron los organizadores.

En la actividad participarán los directivos de ambas entidades, los principales ejecutivos de las compañías del sector, funcionarios, representantes de la banca, del cuerpo diplomático, de organismos internacionales y de la cúpula empresarial.

La Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad promueve las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y los 53 países que componen la Mancomunidad en el mundo.

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El Gobierno Dominicano y  empresa  minera Barrick Gold, firmaron hoy la Segunda Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM).

Los puntos acordados clarifican aspectos que habían quedado pendientes desde la firma del acuerdo preliminar el pasado 8 de mayo,  y suman nuevas medidas que repercutirán positivamente en la distribución de beneficios a favor del pueblo dominicano.

El Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo fue el encargado de  explicar  los detalles del acuerdo, calificando la fecha  como “Un día de celebración para nuestro país”.

Tal como se anunció el pasado 8 de mayo, el acuerdo garantiza que, a un precio promedio del oro de US$1,600/oz, el gobierno, recibirá ingresos de alrededor de US$11,615 millones durante la vida del proyecto. Este monto equivale al 51.3% del total de los beneficios brutos,  en vez de   un 37.1% , que  recibiría con el acuerdo anterior.

Montalvo especificó que “Esta segunda enmienda no solo garantiza los aspectos que se anunciaron en el acuerdo preliminar del pasado 8 de mayo, sino que aumenta los beneficios y garantías que se otorgan al Estado y al pueblo dominicano”.  Asimismo, reiteró el firme compromiso del Presidente y del gobierno de “invertir hasta el último peso que se obtenga de este acuerdo en nuestra gente”.

Al término de su intervención, Montalvo felicitó al pueblo dominicano, como el gran beneficiario de este pacto y agradeció el acompañamiento de la ciudadanía en este proceso. “Los dominicanos y dominicanas han entendido que este proceso es una muestra clara de cómo palabras como “soberanía nacional”, “justicia” o “transparencia” dejan de ser simples términos de un discurso y se traducen en realidades  concretas”, aseguró.

Agregó el Ministro de la Presidencia, que con la firma de esta Segunda Enmienda el gobierno cumple con la palabra dada y culmina el proceso impulsado por el Presidente Medina el pasado 27 de febrero “que ha tenido como fin último asegurar que los beneficios de los recursos naturales de nuestra tierra beneficien, en primer lugar, al pueblo dominicano”.

Los tres puntos principales de este convenio son: El gobierno no reconoció como inversiones un total de US$681.9 millones. Esto equivalente a una deducción del 14.2% del total de la inversión y las pérdidas acumuladas reportadas por la empresa minera. Esto se traducirá en un aumento significativo de los ingresos fiscales para el Estado Dominicano.

Segundo, se acordó el pago retroactivo de US$36.4 millones de dólares por parte de la empresa minera, en concepto de impuesto mínimo sobre los ingresos brutos generados por las exportaciones de oro y plata, realizadas entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre de 2012.

Y por otra parte, y aunque no forma parte del Proyecto de Segunda Enmienda al Acuerdo Especial de  Arrendamiento de Derechos Mineros que se ha firmado, el Gobierno Dominicano y Barrick Gold Corporation,  llegaron a un acuerdo por medio del cual dicha empresa  pagará la suma de US$73.1 millones por concepto de impuesto sobre la renta, por la ganancia de capital  derivada de la operación  de venta de Placer Dome República Dominicana, a pagarse  en el primer semestre del 2014.

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