El Instituto Dominicano de Aviación Civil continúa su constante y ascendente ruta hacia la excelencia administrativa, prueba de esto lo sustenta la recertificación en el Nivel de Excelencia: Sello CAF, que otorga el Ministerio de Administración Pública (MAP), en cuanto a su consolidación de una cultura organizacional en la integridad, la transparencia, la sostenibilidad y la orientación a resultados.

El IDAC reafirma su liderazgo institucional, al alcanzar esta recertificación, consolidándose como un referente nacional en materia de gestión pública de alto desempeño, al obtener una valoración de 652 puntos, siendo que en la postulación del año anterior, su puntuación fue de 356, para un incremento del 98 por ciento.

“Éste es un reconocimiento, pero también un compromiso. Agradecemos al equipo del IDAC que ha trabajado la recertififacion y que ha transmitido la calidad como una forma de hacer las cosas, a la vez que los motivamos a que sigan trabajando de manera insistente, para que se vuelva parte de una cultura entre nosotros”, agradeció Igor Rodríguez Durán, director general del IDAC, al momento de recibir el reconocimiento.

Además, el titular de la institución reguladora de la aviación civil en el país, se comprometió a procurar que para el próximo año puedan obtener una mayor puntuación en la categoría de Excelencia, calificando este reto como el nuevo desafío de todo el personal del IDAC.

El documento de recertificación fue entregado por Hadeline Rosa Matos Castillo, viceministra de Evaluación de Desempeño Institucional del MAP, en representación del ministro Sigmund Freud, quien valoró la labor del personal del IDAC en su empeño por mantener la excelencia en cada una de sus funciones.

“El Ministerio de Administración Pública felicita al IDAC por este importante logro, que refleja la madurez de su sistema de gestión, su vocación de servicio y su liderazgo institucional. Esta recertificación simboliza más que un reconocimiento técnico, la consolidación de una cultura organizacional basada en la integridad, transparencia, sostenibilidad y la orientación a resultados”, indicó Matos Castillo.

El Modelo CAF, o Marco Común de Evaluación (Common Assessment Framework, por sus siglas en inglés), es una herramienta de gestión de calidad desarrollada para el sector público, que facilita la autoevaluación de las organizaciones y la identificación de áreas de mejora.

Durante el acto de recertificación al Nivel de Excelencia: Sello CAF, acompañaron al director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán y a la viceministra Hadeline Matos Castillo, por parte del IDAC, la subdirectora general, Paola Aimée Plá Puello; la directora de Planificación y Desarrollo, Yildis Almonte; el director Administrativo, Jorge Luis Ventura; el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Claudio Martínez Turbí y el encargado de Calidad en la Gestión, Junior Pujols.

La representación del MAP estuvo integrada, además, por Leslie Walquidia de León, directora de Reconocimiento a la Excelencia; Fanny Yadira Matos Olmos, especialista de Reconocimiento a la Excelencia y Mejora Continua y Ángel Joel Sánchez Matos, analista.

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En días recientes, se ha implementado una medida por parte del Ministerio de Administración Pública que instruye a las instituciones gubernamentales a recopilar datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos de los empleados del Estado. Esta decisión, presentada como un intento de mejorar la calidad de los servicios y asegurar el cumplimiento normativo, plantea serias preocupaciones sobre la vulneración de los derechos a la privacidad de los trabajadores de la administración pública.

Es fundamental subrayar que los empleados públicos no son simples receptores de ayudas sociales; son profesionales que, en muchos casos, cuentan con estudios de cuarto nivel y diversas especialidades. Al exigirles que presenten comprobantes de pago de servicios como agua y electricidad, el Ministerio parece tratar a estos individuos como si tuvieran que justificar su capacidad de gestión económica ante el Estado, lo cual es inaceptable. Esto no solo es una falta de respeto hacia su dignidad profesional, sino que también sienta un precedente peligroso en la relación entre el gobierno y sus empleados.

Además, esta medida puede interpretarse como una injerencia en la esfera privada de los trabajadores. La obligación de revelar a nombre de quién se encuentran los contratos de servicios públicos puede llevar a situaciones incómodas y, en algunos casos, a vulneraciones de la privacidad familiar. La recopilación de esta información, en lugar de contribuir a una gestión administrativa más eficiente, podría generar desconfianza y miedo entre los empleados, afectando su ambiente laboral y su desempeño.

Es preocupante que se sugiera que los empleados públicos no cumplen con sus obligaciones de pago. Si se van a exigir comprobantes de pago de servicios, entonces, ¿por qué no también del pago de parqueo, comida, traslados en asuntos laborales, trabajos fuera del horario laboral, e incluso el combustible gastado en tareas oficiales? La lista podría extenderse indefinidamente.

Es esencial recordar que, como empleados públicos, tenemos derechos fundamentales que deben ser defendidos. La falta de claridad sobre la base legal que sustenta esta solicitud es alarmante. A veces, las intenciones de implementar políticas que buscan mejorar la gestión pública se ven opacadas por una total ignorancia de las realidades laborales y de los derechos de los empleados.

La improvisación y la falta de planificación en la implementación de estas medidas son verdaderamente preocupantes. Hago un llamado a las autoridades para que organicen mejor sus ideas y propuestas antes de divulgarlas, para que realmente se pueda avanzar en una administración pública que respete la dignidad y la privacidad de sus trabajadores.

Es imperativo que desde el gobierno se respete el derecho a la privacidad de los servidores públicos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, pero no deben ser utilizadas como excusas para invadir la vida privada de los trabajadores. La labor del Estado debe centrarse en la confianza y el respeto hacia aquellos que se dedican a servir a la ciudadanía, y no en la vigilancia y el control excesivo.

Invito a todos a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de los empleados públicos y a exigir medidas que realmente promuevan la dignidad y el respeto en el ámbito laboral. La administración pública debería ser un espacio donde se valore el profesionalismo y no un mecanismo de control que vulnera la privacidad de quienes están al servicio del país.

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El Ministerio de Cultura aclaró que es responsabilidad de la Dirección General de Bellas Artes, y sus autoridades, las medidas que se adoptan sobre el personal de esa dependencia, que  desde enero del 2019 fue sometida a un proceso de desconcentración administrativa de ese ente estatal.

La declaración señala que la referida desconcentración no la solicitó el ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman, sino que fue una iniciativa de las autoridades de la Dirección General de Bellas Artes, y que estaba decida cuando él asumió el cargo a mediados del 2018.

“Cuando el arquitecto Eduardo Selman asumió como ministro de Cultura, ya la dirección de Bellas Artes había solicitado al Ministerio de Administración Pública (MAP) que descentralizara ese organismo administrativamente del Ministerio de Cultura, y además, ya se había aprobado”, subraya.

La nota aclaratoria, remitida a los medios a través de la Dirección de Comunicaciones del MINC, agrega que durante todo ese proceso, iniciado en enero del 2019, las autoridades del Ministerio de Cultura, comenzando por el ministro Eduardo Selman, han estado colaborando para que sea ejecutada la decisión del MAP, respondiendo de manera oportuna a los requerimientos y facilitando los procesos puestos en marcha.

Hecha la precisión, el MINC deja establecido que las consecuencias derivadas del proceso de separación administrativas de Bellas Artes, -sea que afecten o beneficien al personal que allí labora-, no deben ser atribuibles a la gestión del ministro Eduardo Selman.

Y concluye señalando que el Ministerio de Cultura y sus autoridades continuarán colaborando con la dirección de Bellas Artes hasta dejar completada la referida desconcentración, tal y como fuera solicitado por ésta y aprobado por el MAP.

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), fue certificado en el octavo lugar de la Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana llevada a cabo por el Ministerio de Administración Pública (MAP), aplicada en 56 instituciones del Estado.

En el estudio realizado con el propósito de medir la satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios ofrecidos por la Administración Pública la entidad resultó con 96.7 de 100 en la adecuación de los servicios a las necesidades de los usuarios y 9.6 de 10 respecto a la capacidad de respuesta ante las solicitudes.

Con esas calificaciones el órgano rector del transporte quedó en el ranking de las diez instituciones con mayor grado de satisfacción ciudadana en la prestación de servicios en la República Dominicana.

Otro de los rasgos tomados en cuenta por la encuesta fueron fiabilidad, seguridad y empatía, y dentro de las fortalezas arrojadas por el estudio hacia la institución están cumplimiento de compromisos en la prestación del servicio, agilidad en el tiempo de entrega, buen trato, profesionalidad, generación de confianza y entrega de información clara y comprensible.

En un acto celebrado a propósito de los resultados de la investigación, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dijo que “con este estudio queremos entregarle a cada entidad los resultados de las encuestas aplicadas para que las mismas puedan ver la forma en que serán evaluadas en lo adelante”.

La ficha técnica del trabajo realizado por una encuestadora avalada por la Unión Europea, dicta que respecto al INTRANT se tomó una muestra de 400 entrevistas a igual número de usuarios de los servicios ofrecidos, con un margen de error de +/- 4,90% para un nivel de confianza de 95%.

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