En estos momentos, la discusión sobre la reforma laboral ha tomado un lugar central en el debate público, enfrentando a distintos sectores de la sociedad en un tema que toca de cerca a todos: la estabilidad laboral, la competitividad empresarial y el futuro del empleo en el país. La necesidad de modernizar el Código Laboral es ampliamente reconocida, pero los detalles sobre cómo lograr esta modernización han revelado diferencias significativas entre los intereses de empresarios, trabajadores y el gobierno.

La cesantía se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos en la discusión. Para los empresarios, la cesantía representa una carga financiera considerable que, según ellos, limita la capacidad de las empresas para contratar y expandirse. Argumentan que, en un contexto global cada vez más competitivo, el actual esquema de cesantía reduce la competitividad de las empresas dominicanas en comparación con sus contrapartes en otros países, donde las leyes laborales son más flexibles. Además, destacan que este costo adicional puede llevar a una mayor informalidad laboral, ya que algunas empresas podrían optar por no formalizar contratos para evitar la obligación de pagar cesantía en caso de despido.

Desde la perspectiva empresarial, se ha propuesto la creación de fondos de ahorro individualizados que los trabajadores podrían utilizar en caso de despido, en lugar de mantener el esquema actual de cesantía. Esta propuesta, según los empresarios, aliviaría la carga sobre las empresas sin desproteger a los trabajadores, promoviendo así una mayor creación de empleos formales.

Sin embargo, los sindicatos y grupos de trabajadores ven la cesantía como una protección crucial para los derechos laborales. Argumentan que, en un país donde la seguridad social aún enfrenta grandes desafíos, la cesantía actúa como una red de seguridad para los trabajadores que pierden su empleo. La eliminación o reducción de este beneficio, según ellos, podría dejar a muchos trabajadores en una situación de vulnerabilidad, especialmente en tiempos de crisis económica. Para estos grupos, cualquier intento de reformar la cesantía debe ser abordado con extrema cautela, asegurando que no se socaven los derechos adquiridos de los trabajadores.

El gobierno, por su parte, ha adoptado una postura de mediador en este debate. Reconoce la necesidad de modernizar el Código Laboral para adaptarlo a las nuevas realidades del mercado de trabajo, incluidas las modalidades emergentes como el teletrabajo. Sin embargo, el gobierno también es consciente de la importancia de proteger los derechos laborales. Por ello, ha promovido un diálogo tripartito, en el que gobierno, empresarios y trabajadores participan en la búsqueda de un consenso que permita una reforma equilibrada.

Este diálogo tripartito es esencial para evitar la polarización y garantizar que la reforma laboral resulte en un marco legal que beneficie a todos. El objetivo del gobierno es lograr una modernización que promueva la competitividad y la formalización del empleo, sin sacrificar las protecciones básicas que han sido fundamentales para los trabajadores dominicanos.

El debate sobre la reforma laboral es un reflejo de las tensiones más amplias que enfrenta el país en su camino hacia el desarrollo. Por un lado, está la necesidad de adaptarse a un entorno económico globalizado, donde la flexibilidad y la competitividad son clave para el éxito. Por otro, está la necesidad de garantizar que este desarrollo no deje atrás a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El desafío para todos los actores involucrados es encontrar un equilibrio que permita al país avanzar sin sacrificar los logros sociales alcanzados. La reforma laboral es, sin duda, una oportunidad para construir un marco legal más moderno y efectivo, pero también es un recordatorio de que las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto duradero en el futuro de la nación.

En última instancia, lo que está en juego en esta discusión es más que la simple modificación de un conjunto de leyes. Es una cuestión de cómo se concibe el desarrollo económico y social en la República Dominicana. La manera en que se resuelva el debate sobre la cesantía y otros aspectos de la reforma laboral enviará un mensaje claro sobre los valores que guían al país en su búsqueda de un futuro más próspero y justo para todos sus ciudadanos.

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La hija del expresidente Antonio Guzmán (1978-1982) y ex secretaria de Industria y Comercio en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), Sonia Guzmán, será la nueva embajadora dominicana en Washington a partir del 16 de agosto cuando se juramente el gobierno del nuevo presidente electo Luis Abinader.

Así lo informó Abinader este lunes en la tarde en su cuenta de Twitter. Junto a Guzmán, también fueron anunciados el nuevo ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), que fue aliado al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las pasadas elecciones del 5 de julio.

Además de Guzmán y De Camps, Luis Abinader también informó que Mario Lama será el nuevo director del Servicio Nacional de Salud (SNS), institución que actualmente dirige el doctor Chanel Rosa.

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El presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel de Camps, aseguró que las  fuertes contradicciones entre el presidente Danilo Medina y el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, están afectando la lucha contra el coronavirus en el país.

El dirigente político señaló que mientras el presidente Medina asegura en su discurso al país que el Gobierno ha hecho 40,000 pruebas a sospechosos de tener la enfermedad, el ministro de Salud afirmaba que son unas 15,000. Teniendo este último que acomodar las cifras a las dicha por el presidente.

De Camps señaló que, además, los funcionarios del Palacio Nacional se han negado a acatar la sugerencia del doctor Sánchez Cárdenas en el sentido de que es imprescindible para controlar la pandemia el toque de queda sea por 24 horas.

“Contradicciones como éstas constituyen un traspiés importante en la lucha contra el coronavirus”, expresó. De camps atribuyó a esas discrepancias la poca efectividad de las medidas aplicadas para impedir que la enfermedad siga contagiando y matando dominicanos.

Dijo que, mientras esa situación ocurre, las calles siguen llenas de personas que desoyen el llamado de alejamiento y decenas de personas enferman todos los días de la pandemia.  

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El presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel De Camps, responsabilizó hoy al gobierno del presidente Danilo Medina del sabotaje a las elecciones municipales del pasado domingo.

AsDe Camps ratificó el llamado a participar en la “Marcha por la Democracia” convocada por 14 partidos políticos de oposición para el próximo domingo 23 de este mes, a partir de las 9:00 de la mañana, partiendo de la esquina formada por las avenidas 27 de Febrero y Núñez de Cáceres.

De Camps aseguró que los partidos de oposición están compelidos a fijar una decisión sobre el boicot a las elecciones municipales, porque con ese acontecimiento le fue “quitado a los dominicanos la posibilidad de expresarse en las urnas y decidir su destino”.

Insistió en que la presente crisis electoral fue provocada por un gobierno integrado por personas que entienden que el poder les pertenece y que no hay límites a la hora de ejercerlo.

 “Eso que ha ocurrido el domingo 16 de febrero no es casual. Este Gobierno no puede negar que sus manos están involucradas”, manifestó De Camps.

En ese sentido, el político respaldó las protestas que se producen en la capital y varias provincias del país en contra del boicot a las elecciones municipales.

Manifestó que con su postura reconoce e interpreta el deseo y el derecho del pueblo dominicano, porque “el gobierno peledeista ha roto el orden constitucional del país”.

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El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) se sumó este jueves al reclamo para que la Junta Central Electoral (JCE) prohíba las compras y las inauguraciones de obra del Gobierno Central y de otras instituciones estatales en el actual proceso electoral.

Luis Miguel de Camps, presidente del PRSD, alegó que  las mismas  son usadas por el gobierno del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para promover sus candidatos a las elecciones del 16 de este mes, mediante la compra de conciencias.

El dirigente político consideró prudente que esas acciones se detengan de inmediato hasta que transcurran las elecciones, porque buscan ganar adeptos para los candidatos del PLD.

“El PRSD no objeta los planes sociales del Gobierno, pero creemos que en este momento se están usando para poner en ventaja en las urnas al gobernante PLD, frente a las fuerzas opositoras”, manifestó.

 Cuestionó la actitud frente al problema del presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, quien ayer declaró que apelaba a la voluntad del Gobierno para revertir la situación denunciada.

 “La JCE no debe eludir su responsabilidad en este aspecto tan importantes, sobre todo, si los partidos políticos estamos reclamando que intervenga. No debe dejar este problema a la voluntad del Gobierno”, dijo.

Recordó que la Ley Orgánica de Régimen Electoral, prohíbe durante los 40 días anteriores a las elecciones municipales y 60 días antes de las presidenciales y congresuales la inauguración de obras públicas por parte del Gobierno y las alcaldías.

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El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) censuró la colocación de 2,500 millones de dólares  en bonos soberanos en el merco internacional por parte del gobierno del presidente Medina, argumentando que incrementa el monto de la deuda externa del país y el déficit Fiscal.

Luis Miguel De Camps, presidente de la organización, afirmó que la medida compromete aún más el futuro económico del país.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda comunicó al país la transacción, la cual dispara la duda externa del país a más de US$38,500 millones.

“Esa transacción compromete cada vez los compromisos del Gobierno con el mercado crediticio internacional y somete a los dominicanos a un constreñimiento económico que baja considerablemente sus condiciones de vida”, manifestó.  

El presidente del PRSD consideró sospechoso que esa operación se produzca a propósito del actual proceso electoral, con la intención implícita del Gobierno de contar con dinero suficiente para tratar de comprar conciencias e imponer sus candidatos.

“Dicha emisión de endeudamiento no se encuentra atada a la realización de obras particulares o en específico, por lo que puede ser una herramienta de uso indebido de recursos, a propósito del proceso electoral”, manifestó el alto dirigente político.

En ese sentido, recordó la reciente censura de la Iglesia Católica a la compra de votos y conciencias en las  primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

De Camps consideró que esa situación variará solo cuando el país cuente con un Congreso Nacional compuesto por hombres y mujeres responsabilizados con los destinos del país, que detentan  cualquier intento por enajenar el dinero público y, como consecuencia, comprometer el futuro de todos los dominicanos.

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El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) llamó al Gobierno y al Congreso Nacional a que eviten que los justos reclamos por los aumentos de los combustibles conduzcan al país a la desestabilidad económica, social y política.

Luis Miguel de Camps, presidente y precandidato presidencial del PRSD, consideró que la protesta iniciada hoy por un sector del movimiento de transportistas podría extenderse a otros sectores de la sociedad que están inconformes y sintiendo el impacto del precio de los combustibles, hecho que, a su juicio, el Gobierno debe evitar.

En ese sentido, abogó por un diálogo “abierto y sincero” del Gobierno y el Congreso con los sindicatos de choferes, que permitan un acuerdo sobre el precio de los combustibles.

El político recordó que el PRSD advirtió la semana pasada que el constante y abusivo aumento de los combustibles podría provocar protestas entre los sectores afectados.

“El Gobierno está creando las bases para una explosión social de imprevisibles consecuencias para la democracia nacional”, ratificó el partido opositor.

Dijo que es imprescindible modificar la Ley de Hidrocarburos, para evitar que el 50 por ciento del precio de los combustibles sea cargado con impuestos.

“Esa es una situación que se ha vuelto insostenible para los dominicanos de clase media y de los sectores más deprimido de la población. El Gobierno debe ser empático y ponerse en los zapatos de los más vulnerables para ir a un diálogo”, sostuvo el alto dirigente político.

Ratificó que los abusivos precios de los combustibles “desangran la economía de la familia dominicana” y atentan contra la calidad de vida de los más pobres.

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El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) propuso este viernes que la escogencia de los nuevos miembros de las Altas Cortes sea producto del consenso entre el Consejo Nacional de la Magistratura, los partidos políticos y la sociedad civil.

Rafael Gamundi Cordero y Luis Miguel de Camps, presidente y secretario general de la entidad, consideran que los miembros que faltan el Tribunal Superior Electoral y otras instancias de las Altas Cortes deben ser independientes y sin militancia política.

“Si así se hace, estaríamos fortaleciendo la democracia y devolviéndole al país la confianza perdida en sus instituciones jurídicas”, expresaron.

Gamundi Cordero y De Camps hicieron el planteamiento en el marco de la convocatoria del CNM que hiciera recientemente el presidente Danilo Medina, con el propósito de sustituir los miembros que faltan en las Altas Cortes.

Consideraron que la composición actual del CNM está hecha conforme lo manda la Constitución de la República, pero que la misma fue creada bajo el dominio y control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en todos los estamentos del Estado y que sus decisiones no son creíbles para la mayoría de los dominicanos.

“Si se quiere avanzar y obtener resultados aceptables para la sociedad, es necesario que las Altas Cortes gocen de la mayor confianza posible”, agregaron.

Empero, advirtieron que para lograr esa confianza es necesario que la población se sienta comprometida con la selección de sus miembros. Precisaron que el TSE es un organismo desacreditado, que debe ser sustituido por personas de alta credibilidad.

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El Partido Revolucionario Social Demócrata  (PRSD) consideró ayer imprescindible reorientar la inversión en el sistema educativo público para que esos recursos vayan a los renglones que garantizan la calidad de la enseñanza.

Luis Miguel De Camps, Secretario General  de la organización,  afirmó que es  alarmante que, a pesar de la cuantiosa inversión en educación, el país siga teniendo resultados desastrosos en las evaluaciones internacionales al desempeño de los estudiantes.

De Camps, se refirió a los “vergonzosos” resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2015 (PISA), realizada en 72 países del mundo. Ese estudio evidenció que los alumnos dominicanos de 15 años de edad están en el último lugar de aprendizaje  en las áreas de ciencias, matemática y español.

“Los resultados de esa medición evidencian la baja calidad de la educación dominicana, a pesar de que el Gobierno ha invertido unos 434 mil millones pesos en el sistema educativo público, en los últimos 4 años”, afirmó el alto dirigente político.

Cuestionó que esos recursos, procedentes del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), no hayan servido para elevar la calidad de los docentes y el desempeño de los estudiantes en las aulas.

El dirigente político atribuyó ese hecho a que esos fondos fueron orientados, fundamentalmente, a la construcción de nuevas aulas, que aunque importante, dejó de lado aspectos fundamentales como el aprovechamiento del tiempo en las aulas y capacitación de maestros.

En ese sentido, abogó por un agresivo apoyo a los maestros para mejorar su desempeño en las aulas y el fortalecimiento de la enseñanza en la primera infancia. Resaltó la importancia de dotar a los centros de los materiales didácticos indispensables para un exitoso proceso enseñanza-aprendizaje.

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